El Gobierno aún confía en recuperar a la patronal para la reforma laboral tras la ruptura en pensiones

El Gobierno aún confía en que la patronal se sume al pacto de la reforma laboral después de haberse descolgado del acuerdo para la reforma de las pensiones. El Ejecutivo admite la dificultad, y más después de la ruptura en pensiones tras casi dos años de idilio y 12 acuerdos, pero lo va a intentar hasta el final y cree que la patronal puede tener muchos más incentivos para estar en este acuerdo porque hay un amplio margen de puntos a negociar y puede ser mucho mejor estar dentro que fuera. “Me quedo con unas palabras de la jurista que representa a la CEOE: decía que el reto es complejo, pero no imposible”, ha señalado Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y responsable de la negociación como ministra de Trabajo.

La distancia entre la patronal y el Ejecutivo ha quedado en evidencia esta mañana en un desayuno en La Moncloa, convocado cuando se cerró el acuerdo, en el que han estado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las vicepresidentas Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera; así como por las ministras de Hacienda, María Jesús Montero; y de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto; y del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, con los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CC OO, Unai Sordo. El encuentro era para celebrar el acuerdo en pensiones, así que no estaban invitados los representantes de las patronales CEOE y Cepyme, lo que ha evidenciado la tensión. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo señalan que el encuentro puede tener un efecto disuasorio para la patronal, que ve que el Gobierno está dispuesto a seguir adelante en temas trascendentales aunque no estén ellos. De hecho ha sido el sector socialista, en teoría el más proclive a incluir a la patronal en los acuerdos, el que ha cerrado este pacto ―gestionado sobre todo por Inclusión y Economía sin apenas participación de Trabajo―sin los empresarios, mientras en la negociación de la reforma laboral que lidera Díaz (de Unidas Podemos) aún se intenta incorporarlos.

Tanto los ministros como los sindicalistas señalaron en ese desayuno que es importante que esté la patronal y la mayoría de las intervenciones señalaron que es factible, porque se juega mucho en la reforma laboral y tendrá muchos incentivos para estar, según fuentes presentes en la cita. Fuentes de la patronal rechazan además, al contrario de lo que señalan algunos en el Ejecutivo, que se hayan caído del acuerdo de pensiones por presiones políticas de sectores conservadores o directamente del PP. “El acuerdo en la CEOE se ha alcanzado por unanimidad para rechazar el texto y quien ha presionado todo el fin de semana ha sido el Gobierno para que entráramos, no ha llamado nadie del PP”, señalan estas fuentes. “Lo importante es que haya dialogo social, que es un proceso que le da legitimación a las decisiones del Ejecutivo. Y en la reforma de pensiones lo ha habido. Desconozco si hay presiones políticas, les corresponde a la patronal explicarlo. Me consta que ellos trabajan con rigor”, ha señalado Díaz cuando le han preguntado por este asunto.

Muchas horas por delante

Díaz ha explicado la situación de la negociación, que se está acelerando y se tiene que cerrar este mes. “Habrá mesa mañana y el viernes. Y durará muchas horas. Todos los agentes se están dejando la piel en esta negociación. Lo importante es el diálogo social, que existe en este país como casi en ningún otro. Hay acuerdos en una ley como la transparencia retributiva que CEOE no quiso firmar, pero lleva su impronta, en pensiones ha pasado lo mismo aunque no hayan querido firmar. Hemos suspendido todas las agendas para volcarnos en esto”.

La vicepresidenta ha admitido que el acuerdo no está cerca, pero aún lo ve posible. “Es difícil, sí. Y el problema está en la temporalidad, y no en otras cosas, porque nunca se ha abordado este asunto en España. Desde 1988, con la gran huelga general [contra el Gobierno de Felipe González], los planteamientos han sido unívocos en cuestiones laborales. Vamos a cambiar el paradigma sabiendo que en España tenemos sectores que son estacionales. Podemos hacerlo. Trabajamos para el sí, vamos a dejar trabajar la mesa”, ha rematado.

La ministra portavoz, la socialista Isabel Rodríguez, ha defendido además el acuerdo con los sindicatos para la reforma de las pensiones, del que se ha descolgado la patronal. “Cumplimos y vamos a cumplir con Europa en materia de pensiones y también con la ciudadanía. Se han incrementado las pensiones y ahora vamos a garantizar que los pensionistas de mañana tengan seguridad. Vamos a volver a llenar la hucha de las pensiones. El PP se dedicó a recortar pensiones. Ya avanzamos en julio que íbamos a subir las pensiones. Hemos avanzado un paso más en el compromiso con un pacto intergeneracional de rentas”.

En el seno del empresariado tampoco creen que la contaminación de las pensiones vaya a extenderse a la negociación de la reforma laboral. “No hay riesgo de que el núcleo de la negociación vaya a saltar por los aires”, admite una fuente cercana a la CEOE. El único peligro, sin embargo, puede alojarse en que no se resuelva a tiempo. “Aún con este nuevo ritmo de dos reuniones semanales, puede que no se acuerde antes del 31 de diciembre”, opina la misma fuente. De darse este escenario, una de las posibilidades que barajan los empresarios es que el nuevo marco de relaciones laborales se apruebe por medio de un real decreto ley en esa fecha, pero que su convalidación se vaya hasta enero.

Sin sorpresas

El resultado de la reunión del lunes en la que se cristalizó el descuelgue de los empresarios fue de todo menos inesperado, a pesar que desde el Ejecutivo sí ven presiones del PP detrás de la decisión final de la patronal. Según relatan algunas fuentes presentes en el encuentro, la postura de partida de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, fue la de plantarse ante la última propuesta de Escrivá. Una proposición que ya repartía el 0,6% de incremento de las cuotas sociales en un 0,5% para los empresarios, y un 0,1% para los trabajadores. El descuelgue, señalan, no funcionó como detonante para que el reparto fuera aún más gravoso para los empresarios.

El no final tampoco se sustentó en ningún tipo de presión interna, sostienen las mismas fuentes. Empresas de sectores como el agroalimentario o los autónomos (principalmente ATA) rechazaron de plano la propuesta de Escrivá y se colocaron junto a Garamendi. Organizaciones como la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), que en otras materias han mostrado una mayor beligerancia contra el líder de los empresarios, tampoco pusieron en jaque su postura.

Sin embargo, la forma en la que se ha querido retratar este descuelgue, con el desayuno de esta mañana en La Moncloa tampoco ha gustado a los empresarios. Defienden que el establecimiento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) era una prerrogativa del Gobierno, para la que no requería el beneplácito de los agentes sociales. Los términos en los que se llevaría a cabo, añaden, ya estaban predefinidos el Pacto de Toledo, por lo que no entienden que se les sitúe en el costado oscuro de la historia.

La justificación técnica de su rechazo no tiene tanto que ver con la cuantía del aumento en las cotizaciones —que supondrá entre 63 y 244 euros al año, en función de la base de cotización de cada trabajador—, sino con el bote acumulado que arrastran tras la última subida del salario mínimo interprofesional (SMI). El incremento dictaminado en septiembre de 15 euros hasta los 965 en 14 pagas mensuales en los que se compone ahora el SMI, junto con la perspectiva de que este vuelva a incrementarse en 2022 y 2023 eleva la cuenta de gastos para los empresarios. No necesariamente porque el colectivo de beneficiarios del salario mínimo sea muy amplio —las estimaciones de Trabajo lo reducen a un millón y medio de personas—, sino porque este incremento obliga a subir los salarios de aquellos que se queden por debajo de este nuevo mínimo. A lo que se suma también las subidas de los salarios por convenio que se producirán como consecuencia del aumento de la inflación.

A pesar de que el acuerdo del MEI se circunscribe al refuerzo de la hucha de las pensiones y al uso del Fondo de Reserva en caso de un desvío del gasto, a los empresarios les preocupa otra de las ideas que sobrevuelan la reforma laboral como es el destope de las cotizaciones máximas, y que esto no lleve aparejado un aumento de las pensiones máximas. Actualmente, la base de cotización máxima de un trabajador es de 4.070,10 euros mensuales (48.841,2 euros anuales), mientras que la pensión máxima en 2021 ha pasado a ser tras el aumento del 0,9% decretado por el Gobierno de 2.707,49 euros en 14 entregas, y sin perjuicio de las pagas extraordinarias.

El Ejecutivo, sobre todo el sector socialista, quiere a toda costa incluir a los empresarios en ese cambio trascendental, y no solo a los sindicatos, porque cree que así la reforma laboral tendrá mucha más solidez y será aceptada mejor en Bruselas. En el Gobierno entienden que Antonio Garamendi, líder de la patronal, tiene mucha presión interna con un ambiente político muy recalentado en la oposición y sobre todo ve en el horizonte una subida mayor de las cotizaciones que la decidida ahora —muy pequeña— cuando se apruebe subir el tope máximo, algo que llegará probablemente en 2022. En julio, cuando firmó el acuerdo de pensiones con gran pompa en La Moncloa con Pedro Sánchez, Garamendi reivindicó el “sentido de Estado” de la patronal. Entonces sufrió fuertes críticas internas y en el mundo conservador, acrecentadas después por una polémica frase sobre los indultos a los presos del procés que después tuvo que matizar. Ahora se ha quedado fuera tras intensas negociaciones y conversaciones al máximo nivel.