El Gobierno aprueba los Presupuestos con el mayor gasto público de la historia
Las cuentas incorporan unos 27.000 millones de los fondos europeos, incluyen bonos jóvenes para alquiler y cultura y un nuevo sistema de becas para aspirantes a juez, fiscal o abogado del Estado
El Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado este jueves los Presupuestos Generales del Estado para 2022 tras el acuerdo alcanzado entre los dos socios de gobierno. Tras varias semanas de intensas negociaciones en las que se han superado las líneas rojas planteadas por PSOE y Unidas Podemos, el Ejecutivo consigue alumbrar los segundos presupuestos de la legislatura tras desbloquear el pacto para imponer un tipo mínimo efectivo en el impuesto de sociedades del 15% para grandes empresas y aprobar la primera Ley Estatal de Vivienda.
El proyecto de cuentas públicas nace con dos semanas de retraso, según el riguroso calendario fijado en la Constitución. Se trata de unas cuentas expansivas, procíclicas, con el mayor gasto público de la historia y con una inversión récord gracias a la inyección de los fondos europeos. Las cuentas recogen más de 27.000 millones de euros de las ayudas desembolsadas por Bruselas para restañar las heridas de la crisis desatada por la pandemia.
Las cuentas están elaboradas sobre un techo de gasto récord: 196.142 millones de euros. Recogen un importante aumento de gasto social, como el bono de alquiler y el bono cultural para jóvenes. “Seis de cada diez euros de los Presupuestos se destinan a políticas sociales”, ha resumido este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La inversión superará los 40.000 millones de euros entre inversiones reales y transferencias de capital, un incremento del 9,6% y la mayor cifra de la historia, con la investigación y desarrollo como gran protagonista, a la que se dedicarán 13.298 millones.
Las políticas de juventud, desde vivienda a cultura y becas acapararán 12.550 millones de euros. Montero ha señalado que estos recursos, el doble que el pasado año, pretenden “mejorar oportunidades del presente y el futuro de las nuevas generaciones”. Entre estas políticas figura la ayuda directa de 250 euros para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, una partida que no ha cuantificado aunque el conjunto de políticas de vivienda contará con un 46% más de recursos.
Además, se pone en marcha un bono joven cultural de 400 euros, dotado con 210 millones de euros, para “promover valores culturales que consolidan la democracia” e impulsar la industria cultural. Junto a ello, se prevé un récord de 2.199 millones de euros para becas en educación. El Ministerio de Justicia también pondrá en marcha un sistema de becas para aspirantes a juez, fiscal o abogado del Estado.
El Gobierno también elevará en 2022 el sueldo de los funcionarios un 2%, un porcentaje considerado insuficiente por los sindicatos, ante la escalada de la inflación de los últimos meses. Montero ha subrayado que se mejora la tasa de reposición, es decir las sustituciones por cada jubilación o baja ―la ordinaria será del 110%—, que se ha lanzado la mayor oferta de empleo público de la historia y que se está tramitando una ley para resolver el problema de la temporalidad en el sector público. “En tres años de Gobierno de Pedro Sánchez, la oferta de empleo público ha sido un 73% superior a la de los seis ejercicios de Mariano Rajoy”, ha subrayado la ministra.
Las pensiones de los jubilados, en cambio, subirán por encima del 2% previsto para los funcionarios. “La revalorización de las pensiones se desliga de los Presupuestos Generales del Estado”, ha explicado Montero. El incremento de las pensiones se fijará más adelante, en función de la inflación media entre diciembre de 2020 y noviembre de este año, como recoge el anteproyecto de ley de reforma de las pensiones que se está tramitando ahora en el Congreso. Las pensiones mínimas y no contributivas, como ya había adelantado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, crecerán más que el resto: un 3%.
Medidas fiscales
El proyecto de Presupuestos también introduce algunas medidas tributarias. La principal novedad es la fijación de un tipo mínimo del 15% del impuesto de sociedades. Este suelo de tributación, no obstante, afectará a menos del 1% de las empresas, las más grandes, y al aplicarse sobre la base imponible tendrá un escaso impacto recaudatorio. El Gobierno calcula que aportará unos 400 millones de euros a las arcas públicas y afectará a cerca de 1.070 empresas ―de los 1,5 millones del total―. Montero ha recordado que este tipo mínimo se modificará según los ajustes que pueda proponer el comité de expertos para la reforma fiscal, que presentará sus conclusiones a finales del próximo febrero, y de lo que se acuerde en ámbito internacional.
También se introducen cambios en los beneficios fiscales de los planes de pensiones individuales, con una reducción del límite máximo de deducción por las aportaciones de 2.000 a 1.500 euros. Sin embargo, las cuentas no contienen ingresos extraordinarios por los peajes a las vías de alta capacidad que prepara el Gobierno para el próximo año.
Montero ha calificado las cuentas como unos Presupuestos de la recuperación justa. “Son unos presupuestos para que la recuperación llegue a todos y puedan ensanchar la clase media”. “Tenemos que avanzar y estar mejor de lo que estábamos antes. Que trabajadores, funcionarios y pensionistas cuenten con más recursos”.
Previsiones macroeconómicas
Las cuentas públicas, sobre las que el Gobierno quiere construir su proyecto de legislatura y sustentar las reformas estructurales que ha comprometido con Bruselas, recogen un importante aumento de la financiación autonómica. El límite de gasto no financiero aprobado para 2022 es de 196.142 millones de euros, lo que supone apenas 45 millones más que la cifra registrada un año antes, que ya supuso una cifra récord. Con estos recursos, el Gobierno pretende apuntalar la recuperación en 2022, con un crecimiento de la economía española del 7% y un aumento del empleo del 2,7%, que permitirá reducir la tasa de paro al 14,1%, según el cuadro macroeconómico presentado el pasado 21 de septiembre.
Con este techo de gasto, el déficit público se reducirá hasta el 5% del PIB, frente al 8,4% previsto para este año, gracias a un alza de los ingresos tributarios del 8,1% respecto al cierre de este ejercicio. Excluyendo los fondos europeos, el techo de gasto se situaría en 169.787 millones de euros, un 0,7% más.
Del acuerdo de Presupuestos entre los socios del Gobierno ha quedado excluida la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad hasta los seis meses, uno de los reclamos principales para la formación morada. “En una negociación todo el mundo cede un poco y esta es una cuestión de la que nos es difícil convencer al PSOE”, reconocía la secretaria general de Unidas Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en una entrevista en la RNE recogida por Europa Press.
La ministra de Hacienda será la encargada de detallar las cuentas públicas al finalizar el Consejo de Ministros extraordinario, para llevarlas la próxima semana ante el Congreso de los Diputados. La idea del Ejecutivo es que antes del 31 de diciembre la Ley de Presupuestos esté aprobada y entre en vigor el 1 de enero.
Para ello, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha asegurado que se escuchará a todas las formaciones políticas para intentar integrar al mayor número de grupos parlamentarios posible. “La idea es que aprobemos estos Presupuestos para la imprescindible recuperación justa que estamos abordando desde el Gobierno tras la pandemia”, remarcó tras anunciar el acuerdo.
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