El Congreso estudiará una fórmula para proteger a trabajadores de empresas ‘rescatadas’ de privatizaciones

Personal laboral subrogado. Esa es la categoría que Compromís quiere que se incluya en el Estatuto Básico del Empelado Público (EBEP) para poner fin a los conflictos laborales que conllevan la subrogación de los trabajadores de un servicio rescatado de la privatización. Desde julio 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) obliga a las administraciones a incorporar a los empleados de un servicio privatizado después de su reversión sin que estos hayan de pasar por un proceso selectivo ni una oposición. De esta manera, Europa imponía la absorción de esas personas sin que la legislación española contara con una categoría para darles cobertura legal puesto que no eran ni funcionarios, ni interinos ni personal laboral. En los servicios rescatados hasta ahora estos trabajadores han sido clasificados como “personal indefinido no fijo a extinguir”. Sin embargo, esta categoría supone una foto fija de la situación del empleado en el momento de la reversión sin que esta pueda mutarse, ni en cuanto a derechos, salarios o promoción, a lo largo del tiempo. Además esas plazas en la Administración acaban saliendo a concurso al cabo de unos años.

La enmienda que ha presentado Compromís en el Congreso pretende darles una cobertura definitiva que, además, allanaría el camino de la reversión de servicios que ahora encuentra un tortuoso camino en su vuelta a lo público. La vicepresidenta del Gobierno Valenciano, Mónica Oltra, lo ha dicho en reiteradas ocasiones: “Para privatizar hay una autopista de ocho carriles y para revertir hay un camino rural sin asfaltar”. Y así se ha vivido en los últimos intentos y logros de reversión de áreas de salud en la Comunidad Valenciana, incluidos hospitales, que el PP dejó en manos de operadores privadas. También el conflicto laboral y el sistema de la obligada absorción de estos trabajadores ha provocado tensiones en el seno del Gobierno valenciano, compuesto por el tripartito de los socialistas, Compromís y Podemos, que marcó entre sus compromisos la devolución a lo público de algunos de esos servicios privatizados. El PSOE se ha mostrado a favor de realizar esas reversiones a través de una sociedad mercantil pública, fórmula que no supone obstáculos laborales ya que los empleados pasan de regirse por una sociedad a hacerlo por otra. Sin embargo, Compromís, que logró imponer su fórmula de absorción y gestión directa de la Administración, considera que ese sistema sigue dejando el servicio en manos de un operador privado y es la que menos asienta la reversión de un servicio privatizado para que pase a ser gestionado desde lo público.

La enmienda presentada en el Congreso por el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, se suma a las ya pactadas antes de la aprobación del decreto de interinos, respaldado en julio por los socialistas, Unidas Podemos, Nueva Canarias, Teruel Existe, el Partido Regionalista de Cantabria y el propio Compromís, que confía en recabar el apoyo, al menos, de los mismos grupos. “A este personal se le respetarán las retribuciones habituales que viniese recibiendo de su anterior empleador”, señala el texto registrado el pasado lunes. Esta condición, realmente, se mantiene puesto que así se hacía con el “personal indefinido no fijo a extinguir”. La enmienda indica también que en cuanto a las restantes condiciones laborales, “se les mantendrán a título personal”. En cualquier caso, la Administración se guardará la potestad de “utilizar las facultades de inaplicación de convenios y acuerdos y de modificación sustancial de condiciones de trabajo previstas con carácter general en la legislación laboral y sobre empleo público”.

“El personal laboral subrogado tendrá derecho a la promoción profesional y podrá concurrir a procesos de promoción, así como a los de movilidad que se convoquen o promuevan en relación con las plazas de su misma naturaleza en el ámbito del servicio en el que viniese prestando su actividad”, añade como derecho que actualmente no está contemplado.

Compromís considera que la inclusión de esta nueva categoría laboral solventaría la falta de seguridad jurídica y los problemas y dificultades que plantean actualmente la reversión de servicios previamente privatizados. Además, mantiene que, de esta manera, se acabaría con la disparidad de condiciones laborales y que tampoco supondría la vulneración de la limitación de crecimiento de personal por las tasas de reposición, ya que no computan las incorporaciones si vienen impuestas por sentencia judicial, como es el caso. Una de las reversiones que el Gobierno valenciano tiene pendientes es la del servicio de la Inspección Técnica de Vehículos el 1 de enero de 2023. Según las previsiones del consejero de Economía, Rafael Climent, asumiendo todo el personal de plantilla de las estaciones, la Administración podría ganar hasta 39 millones de euros anuales y bajar los precios para los usuarios.