Los bonos de PDVSA y el riesgo de perder la ‘joya de la corona’ de Venezuela

Más de 1.000 millones de dólares en deuda emitidos bajo el Gobierno de Maduro ponen en riesgo al lucrativo negocio de refinación de PDVSA en Estados Unidos

La sede de Citgo Petroleum Corporation en Houston, Texas, el 19 de febrero de 2019.
La sede de Citgo Petroleum Corporation en Houston, Texas, el 19 de febrero de 2019.LOREN ELLIOTT (Reuters)

Para empezar a imaginar una recuperación de la crisis económica y humanitaria que atraviesa Venezuela, hay que calibrar la batalla que se librará en el extranjero por retener a Citgo. En las negociaciones que iniciaron el pasado viernes entre el Gobierno y la oposición, uno de los temas a resolver es el destino de los activos del país. La filial estadounidense de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) es, posiblemente, el más preciado. El Gobierno de Venezuela reclama hacerse cargo de nuevo de Citgo, que quedó en el engranaje que creó el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países en su momento y que enfrenta amenazas de acreedores por diferentes frentes. La esperanza es que se encuentre la manera de evitar que Citgo caiga en manos de terceros.

A pesar de las limitaciones con las que opera la filial refinadora de petróleo, Citgo reportó el lunes una pequeña ganancia en el segundo trimestre del año, la primera desde 2019 y sigue siendo la octava refinería más grande de EE UU, de acuerdo con Reuters. La historia reciente de la compañía es un drama legal paralelo a la crisis política que se vive en el país sudamericano desde 2014, cuando entró en recesión económica.

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En diciembre de 2015, la oposición ganó dos terceras partes de la Asamblea Legislativa y, unos meses después, en 2016, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro decidió emitir 1.400 millones de dólares en bonos para refinanciar deuda de PDVSA sin la aprobación del Parlamento. El Gobierno ofreció, como garantía, acciones de Citgo y Wall Street reaccionó con apetito comprando los bonos.

Los resultados de la elección de 2015, la cual fue reconocida por el Gobierno de Maduro, generó una expectativa de que venía un cambio de régimen en Venezuela, dice el economista y director de la organización Petróleo para Venezuela, Francisco Rodríguez. “Los mercados no estaban viendo en septiembre de 2016 a Venezuela como una dictadura, como la ven hoy, la estaban viendo como un gobierno impopular que muy posiblemente iba a salir a través de un proceso electoral”, asegura Rodríguez. “La sensación era: ‘Este Gobierno tiene los días contados´”, apunta, por lo que en ese momento la compra de los bonos no fue necesariamente un apoyo al Maduro, sino una apuesta por el cambio.

Pero eso no sucedió. El Gobierno de Venezuela puso en marcha una Asamblea Nacional Constituyente en la cual la oposición no participó. Un día después, el 31 de julio de 2017, el Departamento del Tesoro de los EE UU sancionó al presidente Maduro congelando todos los activos sujetos a la jurisdicción estadounidense. En mayo de 2018, se llevaron a cabo elecciones presidenciales en las que resultó ganador Maduro, pero los resultados fueron desconocidos por la oposición y parte de la comunidad internacional entre acusaciones de fraude y falta de legitimidad. Como consecuencia, varios países sancionaron a 78 venezolanos asociados con Maduro y para abril del año siguiente, EE UU amplió las sanciones. Esto complicaba el pago de los bonos, pero el Gobierno siguió cumpliendo con los pagos trimestrales de intereses hasta finales de 2018.

Fue aquí que Guaidó, entonces presidente de la Asamblea, se amparó en la Constitución para declararse “presidente encargado” del país, una medida que puso contra las cuerdas a Maduro. “El problema comienza cuando se da el cambio de Maduro a Guaidó”, explica Rodríguez. El Gobierno de Donald Trump decide reconocer a Guaidó como presidente, lo que implica considerarlo representante de las empresas del Estado venezolano en el país norteamericano. Guaidó, por lo tanto, forma una junta directiva ad hoc de Citgo y esta es la que hoy enfrenta los problemas legales de la empresa.

La crisis económica del país y las sanciones limitan la capacidad de Guaidó para refinar el petróleo venezolano en Citgo. Es, además, virtualmente imposible sacar réditos de lo ganado a través de Citgo, ya que las sanciones incluyen un congelamiento de las cuentas. El Gobierno de Maduro, por su parte, encontró en 2019 una manera de burlar las sanciones y comenzó a mover petróleo, dinero, oro y otros recursos a través de rutas rusas.

Guaidó recurrió a una corte en Nueva York y pidió la cancelación de los bonos de deuda, argumentando que la emisión había sido ilegal ya que no se había pedido la aprobación del Congreso. La jueza a cargo falló en contra de Guaidó, argumentando que, en base a las leyes de esa ciudad, en donde se emitieron los bonos, la emisión fue legal. Esto llevó a Guaidó y a la junta directiva ad hoc de Citgo a la Corte de Apelaciones.

“Nosotros estamos pidiendo que se vaya al fondo”, dice Horacio Medina, presidente de la junta directiva ad hoc de Citgo, al teléfono desde Florida. “porque de origen, tanto los bonistas como el gobierno de Maduro, sabían perfectamente que eso era inconstitucional porque necesitaba la aprobación de la Asamblea Nacional y no fue sometido allí. Ahí está concentrada nuestra pelea en el litigio”. Para 2019, los bonistas, entre los cuales se encuentran bancos de inversión y fondos internacionales, ya tenían licencia para ejecutar el 49% de las acciones de Citgo para cobrar lo que se les debe.

Para evitar que Guaidó pierda a Citgo, el Gobierno estadounidense aprueba una suspensión temporal de dicha licencia, para darle a la Corte tiempo para resolver el litigio. La suspensión ha sido renovada temporalmente hasta el 21 de octubre. Medina, quien se ha referido a la filial en EE UU como “la joya de la corona” de Venezuela, fue nombrado presidente de la junta directiva ad hoc en diciembre, después de años de ser miembro.

Negociaciones fallidas

“Nosotros comenzamos un acercamiento con los bonistas para ver si podíamos llegar a algún tipo de acuerdo, y así pasaron los meses de agosto y septiembre de 2020, en una suerte de conversaciones a las que no se les puede llamar negociaciones”, dice Medina. “Fueron aproximaciones, nos escuchamos y la conclusión a la que llegamos es que estamos en puntos diametralmente opuestos. No había ninguna posibilidad de convergencia”, agrega.

Esto quiere decir, explica Medina, que el futuro de Citgo y, por lo tanto, de esta fuente de ingresos y divisas que tanto necesita Venezuela, está en manos de la Corte de Apelaciones. “No se puede estimar cuándo habrá una decisión, pero de acuerdo con la experiencia esto podría estar sucediendo a finales de año o a principios del año que viene”, asegura Medina.

Pero el drama de los bonos venezolanos no es el único que Citgo enfrenta. Dos empresas trasnacionales, la petrolera Conoco Phillips y la minera Crystallex, han reclamado ante la justicia estadounidense tener derechos sobre Citgo por casos separados. Conoco Phillips ganó en 2017 un proceso de arbitraje internacional en contra del Estado de Venezuela por ser expropiado indebidamente y sin indemnización. Crystalex, por su parte, ganó un arbitraje similar por una expropiación hecha en 2008. Ambas empresas alegan que son las dueñas parciales de Citgo, ya que consideran a la filial un activo del Gobierno venezolano. Conoco Phillips ha pedido que Citgo sea declarada en bancarrota.

Es por esto que una primera reunión entre Gobierno y oposición se vuelve, de repente, clave para Citgo. “Si en Venezuela se produce un cambio en el modelo político y entonces hay un gobierno democrático, si hay una suerte de posibilidad de equilibrar el asunto, de estabilizar financiera y políticamente al país, pues entonces habrían grandes probabilidades de llegar a algún tipo de acuerdo con todos estos acreedores”, asegura Medina.

Rodríguez considera que el Gobierno de Guaidó, por tener el control de Citgo, tiene la capacidad de pagar “una versión refinanciada de esa deuda” si los acreedores estuvieran dispuestos a negociar. La filial ha tenido ganancias en últimos años, asegura Rodríguez, a pesar de la crisis y las sanciones, al refinar crudos no procedentes de Venezuela. “Citgo es una empresa que tiene un flujo de ingresos, que tiene un valor que excede el valor de la deuda, que tiene activos y depósitos. Yo creo que se puede llegar a un acuerdo”.

Medina, por su parte, se muestra solo parcialmente optimista: “Es muy difícil que logremos salvar totalmente a Citgo”. “Estamos haciendo todo lo posible analizando todas las opciones que tenemos porque para nosotros es imprescindible”, agregó el directivo de la empresa. Medina recuerda una frase dicha por el general San Martín, libertador en Argentina: “Cuando le dijeron que la causa de la libertad era imposible, el respondió que sí, que era imposible, pero era imprescindible. Yo creo que aquí parece imposible salvar a Citgo, pero es imprescindible porque Citgo es una pieza fundamental en la recuperación de Venezuela”.

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