Sospechosa opacidad del precio de la luz
Resulta perverso que cuanto más suba el gas, más ganen todas las compañías y, por tanto a nadie interesa su rebaja
El precio de la electricidad es inasumible para una parte creciente de ciudadanos. El pasado día 21 alcanzó los 106,5 euros por megavatio hora (MWh), el más elevado de la historia. Un encarecimiento que resulta incomprensible tras la progresiva implantación de las energías renovables, que en 2020 significaron el 43,6% de la generación eléctrica. Tampoco es razonable que España sea el segundo país más caro de la UE.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reconocido esta contradicción. Dos causas sobresalen de este desatino. El desequilibrado funcionamiento del mercado eléctrico y el encarecimiento de los derechos de las emisiones de CO₂. El resultado, un colosal aumento de beneficios para unos pocos (las compañías) y un perjuicio generalizado (ciudadanos y empresas).
El mercado de la luz se rige por el sistema marginalista. Significa que las distintas compañías ofrecen su producción en un mercado mayorista que sigue un sistema de subastas. Primero se compran las energías más baratas (nuclear y renovables) y finalmente las más caras (gas natural). Si no hay viento, no hay eólica, que representa el 22% de la producción, y se tiene que recurrir al gas que aporta el 18%.
El sistema marginal significa que el precio de la última energía que entra, el gas (hasta 100 euros el MWh) se aplica a las demás energías como la hidráulica o nuclear cuyo coste de producción está en la cuarta parte. Sobre el precio del gas hay incertidumbres por la dependencia de Rusia y China. Pero también suspicacias porque se adopta el del mercado spot, más caro, y la ausencia de reservas estratégicas.
Suprimir los beneficios caídos del cielo
En junio el Gobierno presentó un anteproyecto para minorar en unos 1.000 millones de euros las ganancias injustificadas de las productoras de nuclear e hidráulica que genera este sistema. Las poderosas eléctricas protestaron. Desde entonces las relaciones con el Gobierno se enturbiaron y los precios casualmente se dispararon. El sistema marginal se implantó en 1997 cuando no había tanta diferencia de precios. España debería poder readaptar su mercado como la UE permite a otros países.
El otro desbarajuste deriva del aumento del 60% del coste de las emisiones de CO₂, actualmente en 50 euros por tonelada, que también encarecen la electricidad. Este sistema europeo persigue reducir las emisiones. Las empresas contaminantes tienen que comprar derechos si se exceden en las emisiones o pueden venderlos si las reducen por mejora de sus instalaciones. Pero el mecanismo se ha distorsionado por la intervención de fondos especulativos.
El problema no es el mercado en sí, sino su sospechosa opacidad. Es una perversión que cuanto más suba el gas, más ganen todas las compañías y, por tanto a nadie interesa su rebaja. Nada de libre competencia. El premio Nobel Jean Tirole, en su obra La economía del bien común, sostiene que “si bien el mercado es un factor de eficacia, no tiene ninguna razón para generar equidad”. La equidad exige regulación justa, que es de lo que carece el mercado eléctrico.
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