América Latina necesita digitalizar sus infraestructuras para detener el rezago económico, según la CAF

Desde el sistema de pagos para usar el transporte urbano hasta la amenaza de ciberseguridad, los Gobiernos de los países latinoamericanos deberán invertir en la digitalización si desean mejorar sus ingresos, apunta un nuevo estudio del Banco de Desarrollo de América Latina, conocido como la Corporación Andina de Fomento (CAF), publicado el jueves. El rezago tecnológico se traduce actualmente en menor calidad en el servicio de la electricidad, mayor inseguridad al tomar el transporte público y menores ingresos para las familias, asegura el informe.

En los últimos años, apunta el reporte, han convergido tres tendencias en el sector de la energía eléctrica: digitalización, electrificación y descentralización. La electrificación del transporte, tanto público como privado, puede ser clave para alcanzar objetivos climáticos contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mientras que la generación a pequeña escala de energías renovables a cargo de empresas independientes han ido adquiriendo mayor importancia a medida que cae su costo. Esto ha implicado una descentralización del servicio eléctrico. “Estas actividades permitirán un rol más activo del sector de la energía renovable, innovando en generación y almacenamiento distribuido, y en respuesta de la demanda”, asegura la CAF.

Sin embargo, en América Latina y el Caribe los problemas se concentran principalmente en la calidad del suministro eléctrico, con índices de interrupciones que, tanto en frecuencia como en duración, triplican los de Europa y duplican los de Estados Unidos. Cabe aclarar que la calidad no es igual en todos los países de la región. México, por ejemplo, es el país con mejor desempeño, con menos de una interrupción al año y una duración inferior a media hora mientras que Argentina es el de peor desempeño, con una interrupción cada 1,6 meses y una duración promedio de más de 25 horas.

“Entre los principales cuellos de botella destacan la adaptación de las regulaciones a los nuevos formatos y usos tecnológicos, como la gestión de los datos o la convergencia entre sectores”, informa la CAF. “Las nuevas tecnologías establecen nuevos roles o actividades para agentes ya existentes en el mercado o plantean una redistribución de las actividades. En energía eléctrica, por ejemplo, los beneficios de la red eléctrica inteligente serían mejor aprovechados con una separación de la distribución y la comercialización. En transporte urbano, el otro sector priorizado en el informe, la digitalización puede generar cambios en la forma movilizar las personas, de cobrar y pagar por los viajes, así como la integración tarifaria entre sistemas y medios de transporte”, asegura.

La pandemia de la covid-19 obligó a empresas y negocios a incorporarse a la nueva economía digital, lo cual debiera ocupar a los Gobiernos a adoptar una red eléctrica inteligente, la cual superpone la red física de electricidad con un sistema de información que enlaza los equipos y los componentes tradicionales con infraestructura de medición avanzada. “Esto permite mejorar la confiabilidad, seguridad y eficiencia (tanto económica como energética) del sistema eléctrico”, dice el reporte. “También facilita el manejo de los activos de la red, la integración del sistema con fuentes de energías renovables y el desarrollo de la comunicación en tiempo real entre los consumidores y las empresas”.

Pero desplegar una red eléctrica inteligente requiere grandes inversiones, una base legal y regulatoria que ofrezca incentivos, unificación de estándares técnicos y la adopción de protocolos de ciberseguridad. La transición se enfrenta a cuatro obstáculos específicos, de acuerdo con el informe: la electricidad todavía se considera una mercancía; los paradigmas regulatorios actuales no fomentan los recursos distribuidos, la incertidumbre alrededor de las reglas y la resistencia cultural al cambio.

“Una tarea clave del Estado en los sectores de infraestructura es la de supervisar que los entes reguladores presten la debida atención a la seguridad de la información individual y a los problemas de ciberseguridad y de resiliencia de los sistemas eléctrico y de transporte frente a ataques u otras eventualidades”, urge la CAF.

En cuanto al transporte refiere, el Banco identifica los elementos que abren una brecha de servicio. Bogotá y La Paz, por ejemplo, los usuarios deben caminar por más de 10 minutos para llegar a una parada de autobús, exponiéndose a situaciones de inseguridad -- en especial, las mujeres. Y, en casi todas las ciudades analizadas en el estudio, el servicio informal de transporte “provee una capilaridad que el sistema formal no alcanza a dar, aunque, en ocasiones, es más costoso e inseguro que el servicio formal”.