El discurso del Banco de España sobre el SMI

En su comparecencia parlamentaria del 1 de noviembre de 2018, el gobernador del Banco de España (BdE) anticipó que la subida del 22% planteada para el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2019 conllevaría una destrucción del 0,8% del empleo asalariado. Dado que la ocupación por cuenta ajena era de 16,85 millones de trabajadores a finales de 2018, ello suponía unos 135.000 asalariados menos. La población asalariada entre el cuarto trimestre de 2018 y el de 2019 aumentó en 400.000 personas mientras que el tamaño del colectivo presuntamente más afectado (jóvenes entre 16 y 29 años) también creció ligeramente en 6.000 personas. Por tanto, la predicción resultó desajustada, algo que seguramente dejó preocupada a nuestra autoridad monetaria.

Dado que la anterior predicción se basaba en un estudio con datos hasta 2017 y que ahora están ya disponibles los microdatos de la Muestra Continua de Vidas Laborales del INE para 2019, el Banco de España procedió a encargar otro estudio a un grupo de investigadores de su Servicio de Estudios para comprobar si esta vez la nueva evidencia era favorable a su hipótesis. El enfoque de este trabajo, mucho más convincente que el anterior, compara las tasas de crecimiento del empleo asalariado para un grupo de tratamiento formado por los colectivos con salarios inferiores a 1.250 euros en 2018 ―aquellos más afectados por la subida del SMI en 2019 hasta 1.050 euros en 12 pagas― con las de un grupo de control constituido por aquellos otros trabajadores cuyos salarios se encontraban entre 1.251 y 1.350 euros (presuntamente no afectados). Este ejercicio de evaluación documenta que la subida del 22% en el SMI dio lugar a entre 0,6 y 1,1 puntos porcentuales de menor empleo, esto es, cerca de 140.000 puestos de trabajo menos. Bingo, el gobernador había acertado.

Dado que, de acuerdo con el estudio, la incidencia del nuevo SMI afectaba a cerca de 1,69 millones de asalariados (alrededor del 10% del total, especialmente a los jóvenes, los contratados temporales en pymes y al sector agrícola), los resultados anteriores implican que 1,55 millones de trabajadores vieron aumentar sus salarios mientras que 140.000 perdieron su empleo. ¿Qué supone ello en términos de aumento de la masa salarial? Obviamente los beneficiados de esta política no experimentaron una subida del 22% en sus salarios, ya que algunos percibían sueldos muy cercanos al nuevo SMI.

De acuerdo con un excelente informe de CC OO sobre la distribución salarial en 2018, un 27% de los afectados tenía derecho a una subida del 2,5%; un 20% al 7,5%; un 17% al 12,5%; un 14% al 17,5%, y un 22% al 22,3%. Ello implica que la masa salarial de 1,55 millones de trabajadores que han mantenido su empleo (un 92% de los afectados) subió en promedio un 10,6% mientas que la del 8% restante experimentó una caída del 5,6% (suponiendo que la pérdida de renta laboral para estos últimos es del 70% al percibir alguna prestación/subsidio de desempleo). Esto es, la masa salarial de los colectivos afectados se incrementó en un 5%. Con un salario bruto mediano de unos 14.000 euros en 2018 para este tipo de trabajadores, ello supone unos 700 millones de euros adicionales en sus bolsillos.

Esquema de compensación

Así pues, como medida redistributiva la subida del SMI ha sido efectiva. Incluso podría diseñarse un esquema de compensación a los perjudicados por parte de los beneficiados y estos últimos todavía mantendrían buena parte sus ganancias salariales. Poner el énfasis sobre el impacto negativo sobre el empleo a corto plazo es como enfatizar los efectos secundarios de las vacunas anticovid durante la semana siguiente al pinchazo, ignorando la inmunidad subsiguiente de los vacunados.

Entre estos efectos potencialmente favorables se encuentra el aumento de la oferta de trabajo (beneficioso para la sostenibilidad del sistema de pensiones) para aquellos cuyo salario de reserva (por debajo del cual no desean trabajar) superaba al SMI de 2018 y ahora es inferior. También la menor tasa de abandono escolar de aquellos jóvenes con bajas cualificaciones que permanecen en el sistema educativo para mejorar su empleabilidad en empresas que han de pagarles más o que sufren explotación salarial en sectores monopsonísticos.

A este respecto, conviene recordar que el SMI por hora en 2019 era de siete euros y que los jóvenes muy cualificados que trabajan con contratos en prácticas en algunas consultoras y bancos de inversión cobran unos 2.100 euros mensuales con jornadas efectivas de más de 80 horas semanales, es decir, percibiendo menos de siete euros la hora.

Los autores del informe del Banco de España son conscientes de que sus resultados son muy parciales, aunque concentrarse en este tema sea perfectamente legítimo. Esta obsesión por resaltar los aspectos negativos deja fuera algunas de las preguntas más relevantes sobre este tipo de regulación laboral. Por ejemplo, ¿no sería más eficiente complementar el SMI con un impuesto negativo sobre la renta, como el crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC) en EE UU?, ¿debería recuperarse el SMI juvenil (16-17) que abolió Aznar en 1998?, ¿no sería deseable la existencia de diferentes salarios mínimos regionales en función de la capacidad adquisitiva en cada comunidad autónoma? Esperemos que el próximo discurso del gobernador ante el parlamento tenga una mayor altura de miras y que, con el apoyo de su gran equipo de investigación, proporcione una respuesta convincente a todas estos interrogantes.

Juan José Dolado es catedrático de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid.