Por el interés general

El Consejo de Ministros aprobará este martes una medida de calado: la reducción de una parte de los sobrecostes que los consumidores eléctricos hemos soportado, de forma injustificada, durante los últimos 15 años en España. Desde 2005, las centrales térmicas (principalmente, carbón y gas) tienen que cubrir sus emisiones de CO₂ con derechos de emisión, cuyo coste repercuten al precio de la electricidad. Este mayor precio lo perciben también otras centrales no emisoras que, al no tener que comprar derechos, han visto aumentar sus ingresos sin que aumentaran sus costes. Para las centrales anteriores a 2005 (principalmente, nucleares e hidroeléctricas) estos beneficios cayeron del cielo porque no fueron producto del buen hacer de sus propietarios, sino del cambio regulatorio.

Las familias, algunas en situación de vulnerabilidad, han tenido que hacer frente a facturas eléctricas crecientes, que han reducido su capacidad de consumo e inversión en otros sectores. Los empresarios, por este efecto, han visto cómo la demanda de sus bienes y servicios era menor, mermando su capacidad de crecer y de generar empleo, al tiempo que aumentaban sus facturas y se reducía su competitividad. Los trabajadores, por todo ello, han percibido menores salarios, y los desempleados han tenido más difícil encontrar empleo.

La culpa no la ha tenido el precio del CO₂: las emisiones generan un elevado coste social que debe ser incorporado a los precios para promover la reducción de emisiones. La culpa es de la regulación. Una regulación que nos hace pagar por la electricidad como si el 100% fuera producida en centrales contaminantes, desincentivando la electrificación como principal vía para la descarbonización. Se puede discutir si es necesario primar a las nuevas inversiones limpias vía el precio del CO₂, y en su caso, si es la mejor manera. Pero lo que es difícilmente justificable es que esta sobrerretribución incentive la inversión en centrales previas a la regulación.

A los precios actuales del CO₂ —previsiblemente al alza— estas rentas regulatorias podrían superar los 1.000 millones de euros anuales. Detraerlas sería equivalente, por ejemplo, a que familias y empresas dispusieran de forma perpetua de 100.000 millones sin coste financiero, que quedaría sufragado por los 1.000 millones en los que se reduciría su factura eléctrica anual.

Estamos ante la pieza que faltaba en las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para impulsar la transición energética. El precio de la electricidad seguirá incorporando otras rentas regulatorias generadas por la Ley del Sector Eléctrico del 1997, pero esta medida constituye un paso importante para mitigar su cuantía.

A falta de la lectura del texto, solo cabe poner un pero a lo anunciado: que no se tramite por vía de urgencia. Seguiremos pagando 1.000 millones de euros de más al año por la electricidad mientras se demore su aprobación. Estimados diputados y diputadas, por favor, tengan en cuenta todo lo anterior, por el interés general.

Natalia Fabra es catedrática de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid.