La UE obligará a las multinacionales a publicar los beneficios y los impuestos que pagan en cada país

La Unión Europa obligará a las grandes corporaciones a publicar los beneficios que obtienen y los impuestos que pagan país por país. Un lustro después de que la Comisión Europea lanzara la propuesta, el Parlamento Europeo y el Consejo (la institución que representa a los Veintisiete) han alcanzado un acuerdo para exigir una mayor transparencia a las grandes multinacionales, según fuentes parlamentarias. Bruselas ve esta directiva, que obligará a las empresas a dar cuentas de su actividad en los paraísos fiscales, como un gran salto para rastrear posibles fugas de impuestos. El pacto, además, llega a las puertas de que los países del G-7 se dispongan a dar luz verde a un impuesto mínimo de Sociedades.

Bruselas quiere aprovechar los vientos de cola que intentan imponer un nuevo orden fiscal. Esos aires llegan de Washington, pero también de dentro de la UE, donde los gobiernos necesitan disponer de todos los recursos a su alcance para encarar la recuperación económica. El Parlamento y el Consejo lograron sacar adelante este martes una directiva heredada del Ejecutivo de Jean-Claude Juncker que obliga a las grandes multinacionales a hacer un streaptease fiscal. En realidad, es mucho más que eso. Esas grandes corporaciones deberán detallar en sus cuentas un informe sobre su presencia en cada país, con una breve descripción de su actividad, el número de empleados, el volumen neto de negocios, los beneficios o pérdidas antes de impuestos, los tributos devengados y pagados al fisco y los beneficios acumulados.

Ese detalle en las cuentas de las empresas permitirá ver con más claridad la creatividad financiera de las grandes corporaciones. “Es un gran paso hacia una mayor transparencia de las grandes corporaciones en la Unión Europea y en todo el mundo”, afirmó el economista de la Paris School of Economics y el European Tax Observatory, Gabriel Zucman, quien consideró que se trata de una medida “esencial” para controlar la evasión fiscal. Según fuentes parlamentarias, la iniciativa cuenta con el apoyo de los grupos del Partido Popular Europeo, Socialdemócratas, Renew, Los Verdes y la Izquierda.

La medida afectará a las multinacionales cuya facturación sea de más de 750 millones de euros durante más de dos ejercicios consecutivos. En esos informes, deberán desgranar no solo su actividad y tributación en los países de la UE, sino también en los Estados que están en la lista negra de paraísos fiscales –entre los que están Panamá o las Islas Vírgenes, entre otros— y los que lleven dos años o más en la relación gris de paraísos fiscales. El Parlamento Europeo, que quería que se publicaran esos datos por países para todo el mundo, tuvo que apretar. “Lamentamos profundamente que el Consejo haya rechazado nuestras persistentes demandas de un informe mundial, país por país, desglosado. Aun así, el acuerdo alcanzado hoy es un paso importante hacia una mayor transparencia empresarial”, sostiene el eurodiputado socialdemócrata y negociador del Parlamento Europeo Ibán García del Blanco.

Sin embargo, también es clave que las multinacionales expongan su actividad en socios de la UE como Irlanda, Chipre, Luxemburgo o los Países Bajos. El eurodiputado y ponente de Los Verdes, Ernest Urtasun (Catalunya en Comú), aseguró que esos países suponen el 80% de las pérdidas fiscales del resto de los socios. “Esta directiva significa que la gente podrá saber cuántos impuestos pagan las grandes empresas y dónde. Se trata de una victoria para los ciudadanos y ciudadanas y demuestra que la UE puede actuar en cuestiones que preocupan a la gente. A largo plazo, la justicia fiscal será esencial para que la ciudadanía confíe en la capacidad del proyecto europeo”, sostiene el diputado.

La medida salió adelante con algunas concesiones del Parlamento Europeo, que tuvo que aceptar una cláusula de salvaguardia de cinco años para que la empresa deje de reportar su actividad en un territorio en caso de que crea que esa información puede afectar a su competitividad. En cambio, logró evitar una cláusula por la que las filiales de grupos de fuera de la UE quedaran exentas de dar información si desde los cuarteles generales no se proporciona esa información.

Revisión dentro de cuatro años

Los negociadores de la Eurocámara, sin embargo, eran conscientes de que este expediente debía cerrarse bajo la presidencia de Portugal. El siguiente país en liderar el Consejo, Eslovenia, había votado en contra en la primera de las votaciones. Además, el texto contaba con un apoyo frágil del Consejo después de que se aprobara como una carpeta de competitividad y no de fiscalidad —para evitar la unanimidad—, de que la iniciativa fuera tumbada en 2019, y que finalmente fuera aprobada en 2021 con seis países en contra (Croacia, Chipre, Hungría, Irlanda, Malta y Suecia) y la abstención de Alemania. Las cesiones, pues, resultaban asumibles ante el riesgo de que una nueva negociación condujera a otro bloqueo a largo plazo.

El Parlamento consiguió, en cambio, que haya una cláusula de revisión sobre la directiva dentro de cuatro años (en lugar de cinco). En ese periodo, la Eurocámara aspira a poder introducir una mayor ambición en los umbrales de facturación necesarios para que una empresa deba presentar esos informes, ampliar el alcance geográfico de la medida hasta tener que informar sobre la actividad en todo el mundo y poder rebajar la cláusula de salvaguarda.

La Comisión Europea formuló su propuesta inicial en abril de 2016, después de que se publicaran los llamados papeles de Panamá. El acuerdo alcanzado por la Eurocámara y el Consejo deberá ser respaldado ahora por los comités de Asuntos Económicos y Monetarios y Justicia, primero, y votado en pleno después. El Consejo deberá avalarlo también. El voto final en plenario está previsto para después del parón de verano, según fuentes parlamentarias.