Doce socios impiden que las empresas informen de sus impuestos en cada país de la UE

Suecia, Irlanda, Luxemburgo o Malta mantienen el veto a la iniciativa de Bruselas

El presidente del Eurogrupo y ministro de Finanzas de Portugal, Mário Centeno.
El presidente del Eurogrupo y ministro de Finanzas de Portugal, Mário Centeno.Zucchi Enzo/EU Council/dpa (Zucchi Enzo/EU Council/dpa)

La UE se ha dado de bruces en una de las principales medidas para atajar la evasión fiscal, que supone una merma de hasta 70.000 millones de euros anuales en las arcas de las haciendas de los Veintiocho. Los ministros de Finanzas volvieron ayer a plasmar la división existente para dar luz verde a una directiva para que las grandes multinacionales declaren sus beneficios y los impuestos que pagan país por país. Luxemburgo, Irlanda o Suecia siguen resistiéndose a una medida que cuenta con el apoyo de España, Italia o Francia.

Los países de la UE ya rechazaron esa propuesta, impulsada por la Comisión Europea en 2016 a raíz del escándalo de los Papeles de Panamá, hace apenas una semana. Sin embargo, ayer el debate volvió a la mesa de los ministros de Finanzas a petición de la ministra sueca, Magdalena Andersson. Junto a otros países, Suecia demandó sacar esa discusión del Consejo de Competitividad y llevarlo al de Economía y Finanzas (Ecofin). La medida requiere de unanimidad entre los Veintiocho para salir adelante en el Ecofin, mientras que en el otro foro necesita una mayoría cualificada —un 55% de los países miembros que representen el 65% de la población—.

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La propuesta formulada por la Comisión exige que las multinacionales que facturan más de 750 millones de euros en la UE estén obligadas a presentar a los países miembros un informe con los beneficios que obtienen y los tributos que pagan en su país. Esa medida tiene como objetivo la lucha contra la evasión de impuestos y la planificación fiscal agresiva y está dentro de las recomendaciones contempladas por la OCDE.

Los países contrarios a esa medida se agarran a señalar que la base legal de la que parte la Comisión Europea y la presidencia finlandesa es errónea, puesto que se trata de un asunto tributario que debe ser aprobado por unanimidad. Si bien un informe de los servicios jurídicos del Consejo avala esa tesis, el Parlamento Europeo y el Ejecutivo comunitario también están armados por sus abogados para defender lo contrario.

Los países del bloqueo

En total, 12 países siguen bloqueando esa carpeta que pasará a manos de la presidencia rotatoria de Croacia en enero. Entre ellos, están Luxemburgo, Irlanda, Chipre, Malta o Suecia. El ministro de Finanzas de Luxemburgo, Pierre Gramegna, insistió en la necesidad de un acuerdo global. “Debemos ver qué hacen nuestros socios de la OCDE. Si nosotros lo publicamos y ellos no, resultará problemático. En este asunto debemos avanzar de forma paralela”, sostuvo.

También el titular irlandés esgrimió el mismo argumento. “Hemos conseguido mucho en la lucha contra la planificación fiscal agresiva y la evasión de impuestos. Está en el debate de la OCDE y nuestras autoridades nacionales han tomado medidas”, defendió.

Sin embargo, los países que apoyan la medida —solo Alemania se queda al margen con su abstención— ven con recelos esa posición, puesto que creen que la cuestión de la base legal sirve solo para secuestrar el debate. El ministro de Finanzas italiano, Roberto Gualtieri, dijo estar sorprendido por la pasión de sus colegas defendiendo que era una cuestión fiscal y no de competitividad. “Me temo que la finalidad es acabar con un texto descafeinado y no potente y contundente”, expuso.

También fue clara la ministra española en funciones, Nadia Calviño, quien advirtió al resto de la mesa de que una de las prioridades del ciclo político que acaba de arrancar en Bruselas será la “armonización fiscal”. Y no solo de impuestos tradicionales. Con la vista puesta en la reacción de EE UU a la tasa Google francesa, Calviño recordó que deberán afrontar de nuevo el impuesto comunitario a las grandes tecnológicas —bloqueado, entre otros, por Suecia e Irlanda— y los tributos verdes.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, recordó que esa iniciativa es una “prioridad” para la Bruselas y recordó que no afecta a competencias fiscales de los países miembros, sino que se trata de un ejercicio de transparencia.

Nuevas exigencias para los bonos verdes en Europa

El mercado de los llamados bonos verdes va a experimentar una sacudida después de que las instituciones comunitarias acordaran ayer un conjunto de reglas para definir los productos financieros que pueden ser considerados o no verdes. Esa propuesta supone la creación de tres nuevas categorías bajo las cuales se enmarcarán esos bonos dependiendo de su grado de sostenibilidad.

Los productos financieros que quieran llevar esa etiqueta deberán informar sobre su grado de cumplimiento con las exigencias que planteen las instituciones europeas. El acuerdo deberá ser respaldado ahora por los países miembros la semana que viene. Las organizaciones ecologistas, como WWF, se apresuraron a aplaudir ese pacto como un paso en la buena dirección.

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Lluís Pellicer

Es jefe de sección de Economía de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Ha sido corresponsal en Bruselas entre 2018 y 2021 y redactor de Economía en Barcelona, donde cubrió la crisis inmobiliaria de 2008. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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