La Agencia Internacional de la Energía pide a España que suba los impuestos sobre los combustibles fósiles

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) considera que España tendría que aumentar los impuestos que gravan los combustibles fósiles para que los consumidores finales paguen los costes reales de las emisiones contaminantes y, de esa forma, las renovables y la electrificación puedan ser más competitivas. Para que la electricidad —donde las renovables ya empiezan a ser dominantes— pueda ser más competitiva frente a las fuentes fósiles y se pueda extender su uso a nuevos sectores, la agencia apuesta en su último informe sobre España, publicado este miércoles, por una revisión en profundidad de la fiscalidad para gravar directamente las emisiones de dióxido de carbono (CO2), el principal gas de efecto invernadero.

El ente con sede en París recuerda que el objetivo español es que el 100% de la electricidad consumida sea generada por renovables y que el peso de estas tecnologías limpias sobre el mix energético total ronde el 97%. “A pesar del considerable progreso en descarbonización hasta la fecha y el aumento en la participación de las renovables, sigue fuertemente dominado por los combustibles fósiles”, enfatizan los técnicos de la AIE en la primera revisión en profundidad de la matriz energética española en casi seis años. El objetivo último: una mayor electrificación y una mejor capacidad de almacenamiento de los excedentes para cuando las fuentes verdes no son capaces de cubrir toda la demanda.

El director general del organismo dependiente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Fatih Birol, destaca que “España tiene grandes recursos de energías renovables que pueden dirigir la transformación de su sistema energético y ayudar a realizar sus objetivos ambiciosos”, en particular la neutralidad en las emisiones de carbono para 2050. Birol pone el acento en que las bases para esa transformación se tienen que sentar esta década y en que los planes de recuperación económica, incluidos los fondos europeos que debe recibir, ofrecen “una importante oportunidad” a corto plazo, al ser uno de sus principales beneficiarios.

Los autores del estudio constatan un “considerable progreso” en la descarbonización del sector eléctrico, en el que las renovables han incrementado su cuota del 33% en 2010 al 44% en 2020. Y se felicitan de que se haya resuelto el problema que se venía arrastrando con el déficit de tarifa (que era uno de los puntos negros señalados en el último informe, en 2015), lo que ha permitido que las inversiones volvieran a crecer en 2019. Pero el mayor problema hoy, dicen, es que el sistema energético español sigue fuertemente dominado por lo fósil, una fuente de energía que supone casi el 68% del consumo final, una cifra todavía demasiado alta.

El peso de este tipo de combustibles es particularmente elevado en el transporte, donde el 93% de la energía consumida sigue proviniendo de derivados del petróleo. La fiscalidad no ayuda a la transición: según un reciente análisis de la patronal europea de fabricantes automotrices ACEA, España es el país comunitario que menos impuestos recauda por vehículo y, por tanto, la que menos desincentiva fiscalmente el uso del coche. En la industria, el 31% de la energía consumida procede del crudo y el 36%, del gas natural. Y en las viviendas, el petróleo suma aún el 16% del total y el gas natural, el 21%. En todos los casos, las cifras siguen muy lejos de las metas de descarbonización a las que se han comprometido las autoridades españolas.

Ese dominio fósil tiene una segunda derivada negativa: una alta dependencia energética del exterior, un problema que España arrastra desde hace décadas y que acarrea, a su vez, una costosa factura a pagar que desestabiliza la balanza comercial. Sin embargo, desde el punto de vista de la seguridad de suministro, la AIE valora la “relativamente buena diversificación” y los robustos mecanismos de respuesta en caso de que se produzca una disrupción en el suministro.

Evitar el cierre de los ciclos combinados

El brazo de la OCDE para temas energéticos también pone el acento, por paradójico que pueda parecer, en que hay que evitar que cierren las centrales de ciclo combinado que queman gas (combustible fósil, aunque menos contaminante que el carbón o el petróleo), que suponen un tercio, porque tienen un carácter “crucial” durante la transición.

La razón es que conforme desaparezcan las centrales de carbón (que ya suponen menos del 5%) y las nucleares (está previsto que a finales de la próxima década cierren cuatro de las siete centrales, que en 2019 aportaron el 22% de la electricidad consumida), el gas será uno de los principales mecanismos de flexibilidad para lidiar con la intermitencia de las renovables, que deberían elevar su cuota hasta el 74% en 2030. Más adelante, sin embargo, el objetivo debería ser hacer uso de nuevas formas de almacenamiento que permitiesen acumular la electricidad producida en los picos de actividad renovable para liberarla cuando estas apenas aportan por falta de sol o viento.

Más interconexiones

Otro instrumento “crítico” para afrontar la intermitencia de las renovables, son las interconexiones eléctricas con países vecinos. Los proyectos de líneas con Portugal progresan, como recuerda la AIE, pero no así con Francia, que son los que tienen mayor potencial ―en gran medida, gracias a su elevada generación nuclear—, y que ya en el pasado sufrieron fuertes retrasos (la línea Baixas-Santa Llogaia, por Cataluña) o que incluso fueron abandonados (la línea por el valle de Gistaín, en Aragón). A finales de 2019, el propio gestor del tendido eléctrico español, REE —una empresa público-privada— llamó a acelerar las interconexiones alegando que el enlace de Girona había ahorrado más de 500 millones de euros en cuatro años.

Sin embargo, la escasa importancia concedida a estos proyectos contribuyó a que no se llegara a lograr el objetivo de un 10% de capacidad de intercambio con Francia en 2020, fijado por la Unión Europea, y la agencia tampoco acaba de ver que se vaya a cumplir con el 15% para 2030: “La meta está en riesgo”.