La mejora de los regadíos copará más de la mitad de los fondos de recuperación para agricultura y pesca
El Gobierno destinará 1.051 millones al sector primario y espera movilizar 451 millones extra del sector privado
![Álvaro Sánchez](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F3e13935f-d96d-41d1-befc-a46f78c1f4b3.png?auth=cf2212c352e7f5f560416c14e82c36b64c91f161f3b46000b0eba8d21d65426d&width=100&height=100&smart=true)
![El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una rueda de prensa en Canarias, la semana pasada.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/KOS5JFYU4YDC7FVDDV26IW7FWU.jpg?auth=ab8fc21b2d09f9971564060b3955553bf6dfb902976d32656b3e84ee742a73f9&width=414)
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha desgranado este lunes hacia dónde planea el Gobierno dirigir los fondos europeos del plan de recuperación en materia de agricultura y pesca. El documento remitido a Bruselas dejaba constancia de que el Ejecutivo dedicará al sector primario 1.051 millones de euros de esta partida comunitaria (956 a la agricultura y 95 a la pesca), aunque espera llegar hasta los 1.502 millones con la participación de la iniciativa privada. La modernización del sistema de regadío será la principal inversión pública: copará el 53%, esto es 563 millones. El objetivo continúa la estrategia emprendida por administraciones pasadas: invertir en sistemas que hagan un uso más eficiente del agua y la energía.
España es el país de la UE con más hectáreas de regadío, con casi 3,8 millones, en torno al 22% del total. Andalucía, Castilla La Mancha y Castilla y León son las comunidades que más superficie de este tipo acumulan, si bien la Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña son las más dependientes de esta modalidad. La intención del Gobierno es que los fondos comunitarios sirvan para modernizar alrededor de 100.000 hectáreas de regadíos beneficiando a 100 comunidades de regantes gracias a esa inyección económica, que superará los 700 millones con la participación de empresas privadas y en su vertiente de financiación pública estará dividida en dos fases: 260 millones este año y 303 millones el próximo.
De las reuniones mantenidas con una veintena de organizaciones han salido seis reformas y 11 inversiones para el sector. La segunda en importancia son los 307 millones previstos para gastar en agricultura de precisión, eficiencia energética y economía circular y en el aprovechamiento de energías y gases renovables en el sector agrícola y ganadero. En esta partida se incluyen 120 millones para modernizar los invernaderos o sustituirlos por otros en los sectores de hortalizas, flor cortada y planta ornamental.
Las otras tres inversiones agrícolas son de menor cuantía: 38 millones para la digitalización del sector agroalimentario y forestal y del medio rural, la misma cantidad para mejorar la capacitación y bioseguridad en viveros y explotaciones ganaderas, donde se busca mejorar la limpieza y desinfección, y 10 millones para la mejora de los laboratorios de sanidad animal y vegetal. Dichos centros de investigación tendrán así más capacidad para diagnosticar focos de enfermedades animales, zoonosis (enfermedades animales que afectan también al ser humano) y plagas vegetales. Concretamente se verán beneficios el laboratorio de sanidad animal de Santa Fe (Granada), el de veterinaria situado en Algete (Madrid) y el de sanidad vegetal de Lugo.
En cuanto a la pesca, los importes son más reducidos. Y casi la mitad de los 95 millones irá a la lucha contra la pesca ilegal. El dinero se empleará en renovar tres patrulleras de altura y comprar otras cuatro de estas embarcaciones, con el fin de evitar el daño que provocan a los pescadores que sí respetan la ley, al reducir los stocks. La otra parte del dinero se repartirá entre ayudas a la digitalización de los buques pesqueros, iniciativas de formación, realización de estudios, obras como las del faro de Alborán, líneas de financiación para el sector y acciones de investigación.
Planas ha señalado que cantidad desplegada a través del fondo de recuperación europeo complementará a la Política Agraria Común, que cuenta con una potencia mucho mayor: Los agricultores españoles recibirán en ese concepto 47.724 millones de euros entre 2021 y 2027.
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