La Autoridad Fiscal (Airef) critica la falta de concreción del impacto de las medidas del Plan de Recuperación
El organismo estima que no se cumplirá el objetivo de déficit del Gobierno del 3,2% para 2024
La Autoridad Fiscal (Airef) vuelve a dar un tirón de orejas al Gobierno. Considera que la actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024 presentado hace menos de dos semanas, donde se incluyen las previsiones presupuestarias y macroeconómicas para los próximos años, no recoge una estrategia fiscal completa para el medio plazo ni concreta el impacto de las reformas contempladas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
”Sí reconocemos que es un punto de partida en la planificación que veníamos pidiendo”, matizó este martes la presidenta del organismo, Cristina Herrero, en la presentación del Informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024. “Pero no cumple con los requisitos que se exigen a la planificación fiscal a medio plazo que piden las normativas. Por ello, pedimos que se complete”, añadió. Eso supondría ampliar el horizonte temporal de la estrategia presupuestaria e integrar los impactos macroeconómicos y fiscales de las reformas previstas en el plan de recuperación, para reconducir el déficit y la deuda hacia sendas más sostenibles. Algo que otros países sí han hecho.
El organismo presentó una comparación con otras economías del entorno (Alemania, Francia, Italia, Portugal y el Reino Unido), de la que emerge que el Programa de Estabilidad enviado por España a Bruselas es el que menos concreción tiene. Es el único país que no ha hecho ninguna mención al objetivo presupuestario de medio plazo vigente según las reglas europeas, ahora suspendidas temporalmente por la crisis. España, junto con Portugal, tampoco cuenta con detalles sobre las futuras medidas vinculadas al plan de recuperación, y con Italia son los únicos que no han alargado el horizonte temporal de la actualización del Programa de Estabilidad más allá de 2024.
Herrero reconoció que la incertidumbre causada por la crisis es aún elevada, pero insistió en que este año era “particularmente importante hacer un ejercicio plurianual” ante un instrumento nuevo y decisivo como es el plan de recuperación y el enorme boquete que la crisis ha dejado en las cuentas públicas: un déficit del 11% del PIB y una deuda del 120%, la mayor en más de un siglo. Criticó que el escenario fiscal del Programa de Estabilidad es a políticas constantes, no incorpora ni el efecto de las medidas ya tomadas ni de las reformas estructurales pendientes, como la laboral, la fiscal y la de pensiones. Tampoco especifica si va a haber incremento estructural del gasto público vinculado a las nuevas políticas palanca —algo que la Airef teme en ámbitos como la educación, la I+D+i o el social—, ni recoge el posible legado que la crisis podría dejar en términos de deterioro del saldo estructural y elevados niveles de deuda..
Por ello, concluye que el Programa de Estabilidad solo puede considerarse una “aproximación incompleta a la estrategia fiscal a medio plazo” que lleva tiempo recomendando, ya que “en su vertiente presupuestaria, se presenta como un elemento aislado del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Solo incorpora el impacto macroeconómico de las inversiones del PRTR y el consiguiente impacto recaudatorio, pero no las reformas aún pendientes de concreción legislativa y que afectan a ámbitos nucleares para el crecimiento y la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
La Airef ya había avalado, el pasado 26 de abril, el escenario macroeconómico del Gobierno, pero había alertado sobre la existencia de importantes riesgos que pueden frustrar las previsiones. El organismo identificó entonces dos factores clave que volvió a mencionar este martes: la evolución de la pandemia y la incertidumbre sobre los fondos europeos. No se han concretado las reformas y existen riesgos vinculados al ritmo de ejecución y la calidad de los proyectos, clave para tener un efecto multiplicador sobre el crecimiento; la situación sanitaria, cuya mejora está vinculada al éxito de la vacunación internacional, aún entraña riesgos, sobre todo para un sector clave para España como es el turismo.
Senda de crecimiento
El organismo proyecta una senda de crecimiento parecida a la del Ejecutivo, aunque prevé que a finales del periodo frene su ritmo respecto al pronóstico oficial. En 2021 y 2022 la estimación de avance del PIB es casi idéntica, mientras que en 2023 y 2024 la previsión de la Airef es de un 2,6% y un 1,8%, frente al 3,5% y 2,1% del Ejecutivo. El Gobierno también es más optimista que la Airef en la tasa de paro: un 12,7% en 2024 frente al 13,1%.
En el caso de la deuda y del déficit, la Airef considera que bajarán en 2021 y 2022 a un ritmo más rápido que el que prevé el Gobierno por la progresiva retirada de las medidas vinculadas a la covid y la recuperación, pero al final del ejercicio estarán por encima de los pronósticos oficiales. El desfase entre ingresos y gastos cerrará 2024 en el 3,5% del PIB —el 3,2% según las previsiones oficiales—, y la deuda se reducirá hasta el 112,4%. Un nivel que, alerta el organismo, “supone un importante factor de vulnerabilidad para la economía española”.
El riesgo de aumentar el gasto estructural
La Airef alerta de que algunos de los proyectos del plan de recuperación pueden convertirse en gasto estructural sin tener como contrapartida una financiación permanente, lo que puede elevar los niveles de endeudamiento. “Los diferentes proyectos se irán desarrollando a lo largo de los próximos años, con un impulso inicial muy fuerte en el periodo 2021-2023, pero con un objetivo que muchas veces trasciende este periodo temporal, por lo que deberán contar con financiación en el futuro”, señala el organismo. En su informe, detalla que las áreas que suponen mayores riesgos son las vinculadas con dependencia, empleo, educación, sanidad, ciencia e innovación, Administración pública y transición justa.
Por el otro lado, señala que otras reformas que podrían suponer ahorros “no están detalladas ni cuantificadas”. Entre ellas, la reforma de las Administraciones públicas, la de pensiones o la laboral, que podría tener efectos duraderos en la reducción del gasto ligado a las prestaciones sociales o las políticas activas de empleo.
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