Trabajo prevé endurecer los motivos para firmar contratos temporales

La vicepresidenta Yolanda Díaz señala que las reformas del mercado laboral estarán listas este año con o sin acuerdo

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, presenta este lunes la parte del plan de recuperación que tiene que ver con la modernización del mercado de trabajo, una reforma que se espera que esté en vigor en 2022. EFE/ Juan Carlos Hidalgo/ EUROPA PRESS

Los cambios que prepara el Ejecutivo para atajar la temporalidad no solo pasan por la reducción de las modalidades de contratos, también por restringir las opciones que justifican la firma de contratos temporales. Se trata de acotar las causas que permiten suscribir este tipo de contratos para convertirlos en algo “extraordinario”, según los planes del Ministerio de Trabajo para la reforma laboral, expuestos este lunes por la titular del departamento, Yolanda Díaz, y que han sido remitidos a Bruselas para la llegada de los fondos para la recuperación.

La concreción de estas intenciones, como buena parte de las reformas prometidas a la Comisión Europea, tendrán que esperar al acuerdo del diálogo social. En teoría, en la actualidad ya hay causas bajo las que puede suscribirse un contrato temporal, pero lo que sucede —además del gran fraude de ley— es que existe ambigüedad en la definición de las causas. La intención sería redefinirlas para que se quedaran en motivos más claros como, por ejemplo, la interinidad para cubrir una baja o un pico de producción para atender un pedido en la empresa. “Las fórmulas [de contratos] ordinarias van a ser de estabilidad en el empleo”, ha anunciado la propia Díaz como objetivo de este cambio.

La de los contratos será una de las partes más importantes de las diferentes reformas del mercado de trabajo que el Gobierno se ha comprometido a tener listas este año. Y lo estarán con o sin acuerdo en el diálogo social, como ha apuntado Díaz en su presentación de este lunes. “Los plazos no se discuten”, ha apuntado la vicepresidenta tercera del Gobierno, “la llegada de los fondos dependen de ellos”. No obstante, sí que se ha mostrado segura de que los agentes sociales harán un esfuerzo por alcanzar consensos. “Tenemos una elevada responsabilidad. El diálogo social funciona. Sindicatos y empresarios están a la altura”, ha apuntado. “Ya saben que nunca doy plazos, pero en este caso nos jugamos nuestro país”, ha apostillado.

La vicepresidenta ha sido contundente cuando se le ha preguntado si todos estos cambios suponen una derogación de la reforma laboral del PP. Pese a que en algún momento de la rueda de prensa ha utilizado la expresión “enmienda”, Díaz no ha dejado lugar a dudas cuando se la ha preguntado expresamente: “No solo es la derogación de la reforma laboral del PP, porque es mucho más ambicioso que todo ello. Pero, sin duda, claro que lo es”.

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También ha sido explícita al hablar de los cambios en la negociación colectiva —“modernización”, según la expresión que se recoge en la documentación remitida a Bruselas—. Sobre ella ha dicho que su intención es modificarla en el sentido planteado en el pacto de Gobierno. Esto supone dar más jerarquía en la aplicación a los convenios sectoriales que a los de empresa. “Es el reequilibrio entre las distintas unidades de negociación y entre los diferentes convenios. Junto con la modificación unilateral de condiciones de trabajo y la subcontratación, va literalmente como se ha acordado en el pacto de Gobierno”.

Sobre las otras reformas previstas para el mercado de trabajo, como la regulación de un mecanismo de ERTE estructural que estimule su uso en otras crisis y, sobre todo, su financiación, ha quedado claro que el Gobierno no prevé elevar las cotizaciones para financiarlo. Con más claridad de lo que dice la documentación enviada a Bruselas, los responsables de Trabajo señalan que la intención es pagarlo con el dinero sobrante en la recaudación a través de cotizaciones para el seguro de desempleo. Con él se constituiría un fondo que atendería las crisis empresariales que, prevén, no alcanzarán las dimensiones generales de la que ha provocado la pandemia y, por tanto, requerirá menos recursos.

Sobre la firma

Manuel V. Gómez

Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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