Hacienda dice que estudiará el fallo del Supremo que condena al Estado a devolver el IVA de 2017 a Castilla y León

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado este miércoles que la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Estado a devolver a Castilla y León 182 millones del IVA de 2017 es consecuencia de dos “atropellos” realizados por el PP. La también portavoz del Gobierno ha explicado que el Ejecutivo estudiará el fallo y ofrecerá una solución “para el conjunto de los territorios”, ya que todas las comunidades de régimen común están afectadas. “Cualquier solución será para el conjunto de los territorios”, ha añadido.

En Rota (Cádiz), Montero ha explicado que uno de los “atropellos” se produjo cuando el ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, “con alevosía y nocturnidad”, implantó en 2017 un nuevo sistema electrónico para gestionar el cobro del IVA (el Suministro Inmediato de Información o SII), lo que produjo un desfase de un mes en los pagos. Al hacerse la liquidación, dos años después, las comunidades ―que reciben el 50% de los ingresos por IVA, entonces estimada en unos 2.500 millones mensuales―, solo pudieron contabilizar 11 meses en lugar que 12.

Montero, que ha recordado que siendo consejera de Hacienda de Andalucía denunció esta maniobra con la que se restaba recursos a las comunidades, ha señalado este miércoles que en 2019 el actual Gobierno trató de solucionar el problema, porque era “de justicia”, consignando una cantidad en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Esas cuentas, sin embargo, nunca vieron la luz. “La respuesta que obtuvo fue un no por parte del PP a los Presupuestos donde se arreglaba” esta situación. En su opinión, este fue el segundo “atropello” de este partido en esta materia. “No ha sido un problema de voluntad”, ha señalado la ministra, que ha insistido en que las soluciones aportadas contaron “con el no del PP”.

A inicios de 2020, antes de que estallara la pandemia, los consejeros autonómicos exigieron una solución a la ministra durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la reunión entre Hacienda y las comunidades. Entonces, Montero insistió en que ya no era posible devolver la cantidad pendiente por esa mensualidad de IVA, y a cambio ofreció suavizar los objetivos de déficit regional y no contabilizar ese dinero en el cálculo de los números rojos de las comunidades. La solución no gustó a muchos Gobiernos regionales, que emprendieron acciones legales para que el Estado les devolviera los importes que les correspondían.

Castilla y León, gobernada por el PP en coalición con Ciudadanos, fue la primera en acudir a los tribunales y reclamar 182 millones. Este martes, se ha conocido que el Tribunal Supremo ha condenado al Estado a abonar a Castilla y León la liquidación del IVA de 2017, aunque el fallo no cifra la cuantía exacta que se deberá reembolsar “al no haber quedado debidamente acreditado que sea precisamente ese el importe que le debe ser abonado”. El Gobierno regional alegó que el Consejo de Ministros desestimó “de forma presunta, por falta de respuesta”, sus peticiones, y por ello decidió presentar en septiembre del año pasado un recurso contencioso-administrativo. Otras comunidades, como Madrid, Andalucía, Galicia o Castilla-La Mancha, siguieron después sus pasos y emprendieron la vía judicial.

Reacciones

Los Ejecutivos autonómicos han valorado positivamente el fallo del Supremo, el primero sobre esta materia que abre la puerta a que otras comunidades reclamen. Los Gobiernos regionales confían en que esta sentencia les permita recuperar la mensualidad de IVA de 2017, un importe que la Junta de Castilla y León eleva hasta los 4.150 millones a nivel nacional.

Por su parte, el Gobierno de Murcia ha anunciado que enviará un nuevo un requerimiento al Ministerio de Hacienda para solicitar el pago de la mensualidad pendiente, que cifra en 85 millones de euros. El Ejecutivo dirigido por Fernando López Miras ha asegurado que, si esa formalidad no sea atendida, irán a los tribunales. “Ahora esperamos que, una vez que los tribunales les obligan a pagar lo que quitaron a las comunidades, no nos lo vayan a quitar por otro lado para pagar precisamente lo que deben”, ha dicho el consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital murciano, Javier Celdrán.

En el caso del Gobierno de las Islas Baleares se confía en una solución consensuada con el Ministerio de Hacienda, aplicable a todas las comunidades. Por su parte, el Gobierno asturiano considera “un buen precedente” el fallo del Tribunal Supremo a favor de la Junta de Castilla y León, según han indicado a Europa Press fuentes del Ejecutivo, que han eludido hacer una valoración más extensa de la sentencia.

La Junta de Castilla y León destacó el martes que el fallo del Supremo “puede suponer para el Estado, dentro de su marco presupuestario actual, un serio problema si se generalizan las reclamaciones y sentencias en su contra a instancias del resto de comunidades autónomas de régimen común igualmente afectadas”. Según aseguró el director de los servicios jurídicos de la consejería de Presidencia de Castilla y León, Luis Miguel González, el traslado de ingresos derivados de ese sistema ascendió a 4.150 millones a nivel nacional.