El Tribunal Supremo admite a trámite el recurso de Castilla y León contra el Estado por el IVA de 2017

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por la Junta de Castilla y León contra el Estado para reclamar los 182 millones que le adeuda a la comunidad por la liquidación de una mensualidad del IVA de 2017 dentro del sistema de financiación autonómica. Según ha informado este martes la Consejería de Economía y Hacienda en un comunicado, el recurso se ha interpuesto tras “no obtener respuesta” por esa reclamación por “parte del Consejo de Ministros”, con lo que puede darse por desestimada la misma en esa instancia.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, remitió en febrero al Consejo de Ministros la reclamación de la cantidad, cuya solicitud fue aprobada el 20 de febrero por el Consejo de Gobierno de la Junta, sin obtener respuesta alguna.

De nuevo en julio, el titular regional de Economía y Hacienda presentó el requerimiento dirigido al Consejo de Ministros por las repercusiones en la liquidación del sistema de financiación del ejercicio 2017 y con carácter previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo, que tampoco ha tenido respuesta expresa del referido órgano de gobierno estatal, de acuerdo a las mismas fuentes.

Tras la interposición del recurso contencioso-administrativo por parte de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta, el Tribunal Supremo lo ha admitido a trámite, juicio que se sustanciará los próximos meses, lo que constituye un paso importante para hacer efectiva la reclamación de la Comunidad Autónoma y cobrar la cantidad a la que Castilla y León tiene derecho.

En concreto, la Junta de Castilla y León solicita al Gobierno que se paguen a la comunidad las cantidades debidas como consecuencia de la pérdida de ingresos en la liquidación del año correspondiente al IVA, que ascienden a 120,49 millones de euros. Asimismo, se reclama el abono de las cantidades correspondientes al nuevo cálculo de la variación de los ingresos tributarios del Estado y la repercusión en los fondos del sistema de financiación autonómica, que asciende a otros 61,51 millones de euros.

Esa cantidad corresponde a 30,98 millones de euros del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, 21,21 millones de euros del fondo de Suficiencia Global y 9,32 millones de euros del Fondo de Cooperación. Además, la Junta también pide que se paguen a Castilla y León los intereses correspondientes a las cantidades reclamadas.