Un juzgado investiga al expresidente de la SEPI por el rescate a Plus Ultra

La jueza abre diligencias a 15 altos cargos del Gobierno por un posible delito de malversación, entre ellos Bartolomé Lora

Uno de los aviones de la aerolínea Plus Ultra.
Uno de los aviones de la aerolínea Plus Ultra.

El juzgado de instrucción número 15 de Madrid ha abierto diligencias contra el que fuera presidente en funciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, y el consejo de administración del organismo tras una denuncia de Manos Limpias por supuesta malversación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. “Los hechos denunciados hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, sostiene la magistrada Esperanza Collazos en un auto fechado el 8 de abril. Así, se abren diligencias a 15 altos cargos del Gobierno.

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La instrucción todavía está en una fase inicial y la jueza no ha llamado a nadie a declarar en calidad de investigado o testigo. Aunque ya sí ha solicitado documentación para avanzar en el proceso. Fuentes cercanas al consejo gestor del fondo de rescate que gestiona la SEPI aseguran a EL PAÍS que están a disposición de la justicia. “Plena disposición a colaborar con la Justicia y, por tanto, a actuar con la máxima transparencia y rigor ante posibles requerimientos orientados a esclarecer cualquier tipo de dudas que puedan suscitarse en relación con este procedimiento”, explican estas fuentes.

El proceso se inició tras la denuncia presentada por Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, sindicato que ejerció la acusación popular en el caso Nóos, que está siendo juzgado a su vez en la Audiencia Nacional en la causa sobre Ausbanc.

Entre los miembros del consejo de la SEPI se encuentran cuatro secretarias de Estado (Esperanza Casteleiro, Defensa; Inés María Bardón, Hacienda; Sara Aagesen, Energía; y Ana de la Cueva, Economía y Apoyo a la Empresa). También forman parte el secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raül Blanco, la directora del gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Isabel Valldecabres, y el director del gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno.

El rescate de la SEPI fue por un importe de 53 millones de euros y fue el segundo a una aerolínea tras la concedida antes a Air Europa. Pero la situación entre ambas es muy diferente: las dudas por la situación financiera de Plus Ultra surgen porque la compañía ha estado siempre en números rojos desde su fundación en 2011, aunque comenzara a operar en 2016. Desde entonces, arrastra unas pérdidas acumuladas de 10,6 millones de euros y en 2019, el último ejercicio fiscal del que ha presentado cuentas en el Registro Mercantil, tuvo un resultado negativo de 2,1 millones de euros. Además, su cuota de mercado en el sector es irrelevante: operó 823 vuelos en los aeropuertos españoles en 2019, transportando 156.139 pasajeros, lo que la sitúa en el puesto 166 de las aerolíneas que operan en el país, con menos del 0,1% de cuota.

El rescate se tradujo en críticas de otras aerolíneas y de la oposición política. Partidos como el PP solicitaron la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para poner negro sobre blanco los detalles de la operación. Una petición que defendían porque la empresa no es estratégica y, además, tiene un gran peso de capital venezolano y panameño.

El entorno del consejo gestor insiste en que la operación cumplió todos los requisitos que contempla el fondo de apoyo a la solvencia y la normativa europea. “No se trata de una subvención a fondo perdido. Plus Ultra se ha comprometido a devolver los préstamos recibidos, que se ajustan a lo previsto en la normativa comunitaria para ayudar a las empresas españolas que están sufriendo los efectos de la covid-19″, sostienen estas fuentes, que añaden que la aerolínea es una compañía estratégica para el hub Madrid-Barajas.

Por la parte de la viabilidad económica, aseguran que no era una empresa en crisis a finales de 2019. “No estaba en causa de disolución, no había pedido declaración de concurso voluntario y cumplía ampliamente los ratios de deuda/capital”, inciden fuentes del consejo gestor, que justifican la inyección pública por la fuerte caída de ingresos de la firma durante la pandemia de coronavirus.

Sobre la firma

Hugo Gutiérrez

Es periodista de la sección de Economía, especializado en Turismo, Distribución y Gran Consumo. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS tras pasar por el diario gaditano Europa Sur. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y Máster de periodismo de El País y Especialista en información económica de la UIMP.

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