La polémica de Plus Ultra: el Gobierno rescató a la aerolínea para asegurar los vuelos de los migrantes latinoamericanos

El Gobierno aprobó el rescate de la aerolínea Plus Ultra tras considerar que era una empresa “estratégica” porque su oferta de vuelos va dirigida a migrantes que viven en España o a sus familiares de países como Venezuela, Ecuador o Perú, que no tienen cubierta esa demanda, a un precio asequible y con un adecuado número de frecuencias, de forma suficiente por otras aerolíneas convencionales. El hecho de que haya sido la segunda empresa, tras Air Europa y junto a Duro Felguera, en recibir el apoyo público se debe “simplemente a una cuestión cronológica”, ya que presentó su solicitud en septiembre pasado, siendo una de las primeras compañías en hacerlo. También ha pesado en la decisión del rescate salvar los 350 empleos directos y otros 2.500 indirectos vinculados a la actividad de la aerolínea y su proyección de crecimiento futuro.

Estas son las razones que constan en el expediente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para otorgar 53 millones de euros a Plus Ultra (34 millones vía préstamo participativo y el resto como crédito ordinario) con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas, informaron a EL PAÍS fuentes conocedoras de la operación, que desvinculan la decisión de cualquier criterio político, en particular, de la posible conexión de los máximos accionistas de la aerolínea con el régimen venezolano de Nicolás Maduro.

La SEPI ha considerado que, dado el tamaño de la aerolínea y la escasa cuantía de los fondos aportados, no es necesario por ahora negociar el nombramiento de un nuevo consejero delegado ni la entrada en el consejo de administración de la aerolínea, informaron las fuentes citadas. La situación contrasta con lo ocurrido en Air Europa, compañía en la que la sociedad dependiente del Ministerio de Hacienda ha consensuado la designación del primer directivo y ha entrado en el consejo de la aerolínea de la familia Hidalgo.

La inyección de dinero público, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 9 de marzo, ha sorprendido tanto en medios financieros y sectoriales como en el terreno político. En el primer caso, porque la aerolínea ha estado siempre en números rojos desde su fundación en 2011, aunque comenzara a operar en 2016. Desde entonces, arrastra unas pérdidas acumuladas de 10,6 millones de euros y en 2019, el último ejercicio fiscal del que ha presentado cuentas en el Registro Mercantil, tuvo un resultado negativo de 2,1 millones de euros.

Su cuota de mercado en el sector es irrelevante. La aerolínea operó un total de 823 vuelos en los aeropuertos españoles en 2019, transportando 156.139 pasajeros, lo que la sitúa en el puesto 166 de las aerolíneas que operan en España, con menos del 0,1% de cuota, y lejos de la también rescatada Air Europa —recibirá 475 millones—, que transportó 19 millones de viajeros. Plus Ultra opera solo con cuatro aviones de la familia A340, un cuatrimotor que Airbus ha dejado de fabricar por su alto consumo de combustible y emisiones contaminantes.

Para conseguir acogerse a las ayudas diseñadas para las empresas estratégicas, Plus Ultra ha tenido que presentar un plan de viabilidad que asegure, entre otros puntos, que devolverá los créditos recibidos en un plazo de siete años. Un reto importante si se tiene en cuenta la situación de pandemia que ha provocado una incertidumbre en la recuperación del tráfico aéreo y que su facturación en el ejercicio fiscal de 2019 fue de 63,5 millones de euros.

Air Madrid y la presunta conexión venezolana

Las posibles implicaciones políticas del rescate también han desatado una fuerte polémica. Fernando González Enfedaque y Julio Miguel Martínez, los fundadores españoles de Plus Ultra, eran los responsables de Air Madrid cuando la compañía de vuelos chárter quebró en las Navidades de 2016 dejando en tierra a 64.000 viajeros, muchos de ellos migrantes ecuatorianos, para los que el Gobierno tuvo que fletar un avión militar. Los dos directivos fueron exculpados por la Audiencia Nacional de la quiebra, pero Fernando González fue condenado en 2019 por un delito fiscal en relación con un asunto inmobiliario en el País Vasco a once meses y 29 días de prisión, según publicó el diario vasco El Correo.

Más calado en la polémica que la quiebra de Air Madrid ha tenido la posible conexión de los dueños de Plus Ultra con el régimen venezolano, que ha llevado a PP y Vox a presentar iniciativas en el Congreso para que el Ejecutivo explique el rescate. El principal argumento es que el 47,2% del capital de la aerolínea está en manos de Snip Aviation, en cuyo consejo figuran tres directivos venezolanos: Rodolfo José Reyes Rojas, como presidente; Raif El Arigie Harbie, como vocal, y Roberto Roselli Mieles —consejero delegado de Plus Ultra— como apoderado. Todos ellos han sido relacionados con negocios amparados por el beneplácito de la Administración del presidente venezolano Maduro y de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Esta última protagonizó un conflicto diplomático en enero de 2020 tras ser recibida en el aeropuerto de Madrid-Barajas por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, pese a que la Unión Europea ha prohibido su entrada en territorio comunitario por la violación de los derechos humanos del régimen chavista. Este diario ha intentado sin éxito conocer la opinión de los responsables de Plus Ultra, que hasta el momento se han limitado felicitar en una nota de prensa al Gobierno de Pedro Sánchez por conceder el rescate.

Precisamente, Ábalos se desvinculó ayer públicamente del rescate de Plus Ultra al tiempo que reivindicaba la iniciativa del apoyo a Air Europa, sugiriendo que mientras terció en las ayudas de la aerolínea de los Hidalgo, en el caso de la compañía chárter ha sido responsabilidad única de la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda que dirige la ministra María Jesús Montero. “El Ministerio de Transportes no ha tenido nada que ver y, por lo tanto, no le puedo dar muchas explicaciones. Imagino que ha sido aprobado por el gestor del fondo del programa de rescate de empresas de la SEPI que tiene todos los requisitos legales para ello”, aseguró el ministro y secretario de Organización del PSOE.

El rescate ha reactivado la actividad de Plus Ultra, que reanudará sus vuelos para la ruta Caracas-Madrid y viceversa desde el 24 de marzo, con frecuencia de un vuelo cada 15 días. El Ministerio de Asuntos Exteriores desaconseja el viaje a Venezuela “salvo por razones de extrema necesidad”, debido a la situación sanitaria y social. Pese al aviso, los viajeros podrán volar sin restricciones —presentando un test PCR negativo, como los del resto de países— desde la capital venezolana hasta Madrid en sendos vuelos programados para el 25 de marzo y el 8 de abril, mientras la mayor parte de las comunidades autónomas españolas mantienen la prohibición para sus habitantes de abandonar la región en esas fechas por el cierre perimetral.