La tecnología no evitará una Administración obsoleta

El confinamiento vivido durante las fases más duras de la pandemia ha mostrado con crudeza las dificultades de los servicios públicos para atender a los ciudadanos de forma ágil y eficiente. Los retrasos y fallos en la gestión de los expedientes de regulación temporal de empleo, del ingreso mínimo vital, el colapso en los trámites de extranjería o en las citas sanitarias son algunos ejemplos. El Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 se ha concebido precisamente para “mejorar la prestación de servicios, dotarla de agilidad y mayor facilidad para el ciudadano, además de reducir la burocracia”, afirma la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, convencida de que la covid “ha puesto de manifiesto las áreas de mejora” de la función pública, que mantuvo a 200.000 funcionarios teletrabajando y respondiendo a unos trámites en remoto que pasaron de 5.000 a 90.000 diarios.

Esas áreas de mejora son las que quiere reforzar el Gobierno, fundamentalmente en sanidad, justicia y empleo. Dotado con 2.600 millones de euros, “una inversión sin precedentes”, según Artigas, y cuyo 40% será utilizado en el primer año para conseguir el efecto multiplicador de uno a tres que genera la inversión pública, el programa es la parte del león del proyecto que el Ejecutivo tiene entre manos para poner en marcha “una Administración para el siglo XXI”, como reza en el plan de recuperación para superar la crisis de la covid, ya que “no es posible abordar una auténtica transformación de la economía y la sociedad sin una Administración pública que actúe como tractor de los cambios”, según el documento presentado en Bruselas.

Pero la transformación de la función pública va mucho más allá. “Siempre miramos la modernización por la vía de la tecnología y esto es un error. Es poner el carro antes que las ruedas”, dice Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), que señala que la Administración española es la 17ª más digitalizada del mundo, pero no acaba de funcionar bien porque su modelo de gestión y de recursos humanos está anticuado. Es un problema cultural.

“Necesitamos una Administración más preparada y esto no solo es cuestión de dinero, de introducir tecnología, sino de cambiar las cosas. Tanto la crisis provocada por la pandemia como la gestión de los fondos europeos plantean la urgencia de abordar un problema que es estructural, pero cuya solución no va a ser rápida”, coincide Francisco Longo, profesor de EsadeGov, para quien está faltando una estrategia de reformas que permita tomar decisiones a corto y largo plazo.

El problema es que la reforma estructural que necesita la función pública no se ha acometido en 40 años y tampoco parece que se vaya a hacer ahora. Al Gobierno le falta intencionalidad, y la situación política no acompaña, pues carece de apoyos, explica Ramió. Algo se está moviendo, reconoce, pero sin la suficiente intensidad política: “El plan de recuperación refleja una situación de impotencia. El Gobierno sabe que con la Administración como está no va a ser capaz de gestionar los fondos que le llegan de Bruselas, por lo que vislumbra la solución público-privada y las agencias ejecutivas que ya se implantaron y fueron un fracaso”, continúa.

Sobre la digitalización, el plan gubernamental es bien valorado por Idoia Ortiz de Artiñano, directora del PublicTech Lab de IE Business School, “ya que abarca procesos y cómo diseñar servicios en función de la ciudadanía, lo cual es un cambio; además de introducir novedades interesantes como un laboratorio de nuevas soluciones. Aunque las transformaciones de calado van más allá”. “Tenemos una Administración vieja, que necesita transformar su cultura y el capital humano para poder aplicar tecnología de verdad, la blockchain y el big data, y ganar eficiencia y rapidez”, sostiene Javier Rodríguez Zapatero, ex director general de Google España. “No hay una empresa que tenga más datos que el Estado”, dice.

Requisitos del cambio

Existe un gran consenso sobre los requisitos necesarios para transformar la Administración española. Hace falta cambiar el anticuado modelo de gestión de los recursos humanos, que lleva a la inmovilidad de los empleados públicos, y modificar el sistema organizativo, explica Ramió. “Algo muy fácil de decir y muy difícil de hacer”, puesto que existen enormes reticencias al cambio de los funcionarios y sindicatos y, del lado político, es una medida impopular que no genera votos.

La gestión del funcionariado falla se mire por donde se mire. “La Administración no sabe captar el talento y está pasando de largo el reclutamiento de científicos de datos, expertos en robótica, ciberseguridad...”, señala Longo, que cree que hay que empezar profesionalizando la dirección, “no tiene sentido que se siga nombrando a dedo”. “Los sistemas de selección son memorísticos, fallan las retribuciones, el sistema de organización, no existe un plan de carrera real y tampoco evaluaciones del desempeño. Todo es disparatado”, sostiene el catedrático de la UPF. Ramió apunta que nos encontramos en un momento crucial, no solo por el maná de los fondos europeos y la necesidad de aprovecharlos para modernizar la economía, sino porque en diez años se van a jubilar un millón de empleados públicos. “Es una gran oportunidad para rejuvenecer la Administración, cambiando el sistema de selección y luego el modelo de función pública de arriba abajo”.

Modificar la operativa (la organización y los procesos) va a ser muy complicado en el momento actual —cuando los problemas de gobernanza y descoordinación entre administraciones se han manifestado en plena covid y en medio de la polarización política—. De ahí que Ramió plantee como solución intermedia elaborar una nueva ley de funcionamiento que opere exclusivamente para los nuevos empleados públicos, dejando a los actuales con sus condiciones. Longo opina que crear un régimen para directivos públicos puede ser rápido y al tiempo servir de espoleta de otros cambios; lo mismo que modificar los procesos de contratación.