Unos 230.000 funcionarios de la Administración del Estado podrán teletrabajar tres días a la semana

El Gobierno quiere que el teletrabajo pase de ser una modalidad forzada por la pandemia a una opción a considerar entre sus funcionarios una vez se supere el virus. El Ministerio de Función Pública y Política Territorial ha anunciado este lunes que ha alcanzado un acuerdo con los principales sindicatos —CSIF, CC OO, UGT y CIG— para desarrollar el trabajo a distancia para el personal de la Administración General del Estado, que permitirá a la plantilla trabajar a distancia de manera voluntaria tres días a la semana y otros dos de trabajo presencial. “Esta regulación viene para quedarse”, celebra Carlos Martínez, responsable de CSIF. “Cuando llegue la normalidad, esta es la normativa que se aplicará”, añade.

El acuerdo, cerrado tras cinco meses de negociación, tendrá carácter voluntario y reversible, y estará supeditado siempre a que se garantice la prestación presencial de los servicios a la ciudadanía. Además, este trabajo a distancia se podrá autorizar de forma “forzosa” en situaciones excepcionales de fuerza mayor que supongan una restricción de la movilidad, como ocurrió el pasado enero con la borrasca Filomena o durante el confinamiento.

Los firmantes del acuerdo destacan que hasta 230.395 funcionarios podrán beneficiarse de este pacto, si bien habrá que restar a esta cifra diferentes organismos estatales que se quedarán fuera por cuestiones organizativas. No entran en el pacto las Fuerzas Armadas, la policía, el personal sanitario, los profesores y los jueces, los fiscales y otro personal de Justicia. “Estos colectivos se regirán, en su caso, por su normativa específica en materia de teletrabajo”, explicita el documento.

Igualmente, dentro de los organismos que sí están suscritos al acuerdo, habrá que determinar qué puestos pueden teletrabajar, por lo que la cifra final de funcionarios con opción de empleo a distancia podría ser muy inferior a 230.000, apuntan desde los sindicatos. “Va a costar implementar el teletrabajo”, reconoce Carlos Álvarez, responsable de la Administración General del Estado en UGT. “Hace un año, desde luego no estábamos preparados para asumir este cambio. Ahora la situación ha mejorado, pero es pronto para que se implemente a gran escala”, añade.

El acuerdo alcanzado este lunes reemplaza otro suscrito en junio de 2020, que se firmó para guiar el trabajo a distancia durante la pandemia. Aunque a ese marco también optan 230.000 funcionarios de la Administración, las cifras demuestran que no tiene un seguimiento masivo. Frente al pico durante los meses de marzo y abril de 2020, cuando se calcula que dos tercios de este personal teletrabajó (de manera forzada), en marzo de 2021 lo hicieron 46.760 de 178.128. Es decir, uno de cada cuatro.

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Una vez entre en vigor, que se espera para septiembre a través de un Real Decreto, cada departamento y organismo de la Administración del Estado realizará un estudio de los puestos que puedan ser desempeñados mediante teletrabajo previa negociación con los sindicatos. Para cada puesto se identificarán varios objetivos de trabajo y se evaluará su cumplimiento, conforme a criterios generales negociados, estableciendo un horario fijo de disponibilidad y localización, así como mecanismos de control para su cumplimiento, como el fichaje y el seguimiento de la gestión y los trabajos encomendados.

Mismos derechos que los trabajadores presenciales

El acuerdo garantiza que los derechos del teletrabajador serán los mismos que los de sus compañeros de modalidad presencial, incluyendo retribución, tiempo de trabajo, formación o carrera profesional, además del derecho a la intimidad y a la desconexión digital. El Gobierno aprobó el pasado otoño una ley para regular el trabajo a distancia que reconoce la igualdad de condiciones para todos los empleados.

El pacto también suscribe que la Administración tendrá que proporcionar los equipos informáticos a los empleados que trabajen a distancia, aunque no concreta si esto conllevará una inversión destinada a la compra de equipos. Carlos Álvarez, de UGT, asegura que, según una encuesta del sindicato de mayo del pasado año, a dos de cada tres funcionarios de la Administración General del Estado no se le había facilitado un equipo para teletrabajar. “A día de hoy sería al revés, lo tienen dos de cada tres”, mantiene Álvarez, aunque con una gran brecha entre organismos: la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el SEPE serían algunos de los mejor preparados.

Así lo demuestran los datos de empleados a distancia en la citada Administración el pasado mes de marzo. De lejos, Hacienda es el organismo con más teletrabajadores: 18.200. Le sigue el Ministerio de Ciencia e Innovación (4.100) e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (3.300).

Teletrabajo en la España vaciada

Una de las principales novedades que contempla el acuerdo es el impulso del trabajo a distancia para mejorar la cobertura de servicios a la ciudadanía en la España vaciada, así como en puestos de difícil cobertura por el elevado coste de la vida, como Baleares.

En estos casos, se podrá establecer una prestación de servicios de carácter presencial de al menos un 10% mensual, de forma que se podrá trabajar a distancia 20 de 22 días laborables. En el acceso al teletrabajo en la Administración se tendrán en cuenta además a las víctimas de violencia de género, discapacidad, otras razones de salud o víctimas de terrorismo.

Acuerdo de teletrabajo

Las condiciones para la prestación de servicios bajo la modalidad de teletrabajo para la persona solicitante y el puesto concreto se incluirán en un acuerdo de teletrabajo, que deberá incluir las condiciones de la prestación del servicio: jornadas en formato remoto y presencial; horario de disponibilidad, tareas, objetivos, criterios de evaluación, ubicación o duración de la autorización, referencia a las causas de suspensión y revocación, así como las posibles condiciones para su prórroga, que no superará en total un tiempo máximo de dos años para la modalidad general.

El acuerdo de teletrabajo podrá ser objeto de renuncia o de revocación y objeto de modificación, previo acuerdo de las partes. En todo caso, el empleado público deberá comunicar cualquier modificación que se produzca en su situación laboral.