Los funcionarios del Estado podrán teletrabajar hasta cuatro días por semana

CSIF y UGT celebran el acuerdo con el Gobierno sobre la organización del empleo público tras el estado de alarma, pero CC OO lo critica por entender que “suprime derechos”

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, en el Congreso.
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, en el Congreso.Fernando Alvarado / EFE

Los 231.000 funcionarios de la Administración General del Estado tendrán derecho a teletrabajar al menos un día por semana y, si tienen menores o personas dependientes a las que cuidar, hasta cuatro. Las nuevas facilidades para el teletrabajo entran en vigor el próximo 22 de junio, según han informado este miércoles los sindicatos CSIF y UGT tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Este plan contempla la compatibilidad del trabajo no presencial con el presencial, y está dirigido especialmente a aquellos trabajadores con hijos de hasta 14 años, para los que tengan personas dependientes a su cargo, y a quienes presenten patologías consideradas de riesgo por el contacto con el coronavirus. Los funcionarios que decidan acceder a él lo harán de forma voluntaria y reversible, y verán repartida su jornada en cuatro días de trabajo desde su domicilio y uno en las oficinas. El resto de los funcionarios que lo deseen trabajarán cuatro días de manera presencial y uno desde sus hogares.

Comisiones Obreras no ha firmado el acuerdo por entender que con él “se suprimen derechos a las personas trabajadoras”. “El teletrabajo no puede suponer la disponibilidad del personal en cualquier horario todos los días de la semana, como viene sucediendo en bastantes organismos”, aseguran en una nota, en la que rechazan la unilateralidad sobre qué puestos pueden ser objeto de teletrabajo, a lo que suman la ausencia en el acuerdo “de medidas para garantizar la adecuada prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo”.

“Este acuerdo que acabamos de firmar supone un reconocimiento a la labor de los empleados y empleadas públicas durante esta pandemia”, ha declarado Carolina Darias, ministra de Política Territorial y Función Pública. “Es un acuerdo que nos va a permitir entrar de lleno en la nueva normalidad garantizando la salud de los empleados públicos y la prestación en la calidad de los servicios. Va a permitir seguir avanzando en la conciliación”, ha añadido Darias, que ha suscrito el acuerdo por vía electrónica con representantes de CSIF, UGT y CIG. Un representante de cada una de las organizaciones sindicales y tres por parte de la AGE compondrán una Comisión de Seguimiento que velará por el desarrollo de estas medidas.

“Hemos conseguido un buen marco para regular las relaciones laborales a partir del lunes, cuando entramos en la nueva normalidad, intentando compaginar el retorno a la prestación presencial del servicio pero con la prudencia necesaria y minimización de riesgos”, indica Carlos Álvarez, de UGT. “Es un acuerdo innovador por la incursión que hace en las modalidades no presenciales del trabajo, declarándolas también voluntarias y reversibles”, añade. “Esto nos va a servir de banco de pruebas para cuando empecemos a negociar la regulación del teletrabajo el próximo 1 de julio”, concluye.

La negociación arrancó hace un mes, cuando se comenzaron a tomar las primeras medidas de la desescalada, y seguirá desarrollándose en las próximas semanas, en las que se resolverán aspectos como el acceso al material de trabajo y el establecimiento de medidas que regulen la jornada laboral. La futura regulación del teletrabajo se empezará a negociar en julio. Mientras tanto, este acuerdo inicial se extenderá hasta que España deje de estar en situación de pandemia. CSIF celebra que la Administración “vuelva a situarse como la punta de lanza en derechos sociales y laborales, como ya ocurriera con la concesión de 15 días de permiso de paternidad”.

Atención telefónica y telemática prioritarias

Según recoge el acuerdo, no se incorporarán al trabajo presencial aquellas personas que “presenten síntomas compatibles con la covid-19, estén en aislamiento domiciliario o se encuentren en cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con covid-19”. Durante todo este periodo, en los servicios de atención al público se priorizarán las vías telefónica y telemática, y aquellos trámites que requieran de un trato presencial se organizarán a través de cita previa, y limitando siempre el aforo de las oficinas. En cuanto a la regulación del trabajo en los distintos centros, se flexibilizará la hora de entrada, algo que requerirá de la conformidad de los empleados.

“Es un primer paso para poner las bases del teletrabajo, no solo para las Administraciones públicas, sino también para el sector privado. Y creemos que con ellas se primará la productividad y no el presencialismo, después de que se haya demostrado este tiempo que se puede trabajar a distancia, como han hecho todo este tiempo los funcionarios de la Seguridad Social y del SEPE”, aseguran desde CSIF.

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