Gobierno y sindicatos acuerdan incluir el teletrabajo para los trabajadores de las administraciones

A pesar de las primeras reticencias, Gobierno y sindicatos han llegado a un acuerdo para regular el teletrabajo para el conjunto de los trabajadores públicos de las distintas Administraciones, que podrán acogerse a él una vez sea formalizada su inclusión en el Estatuto Básico del Empleo Público el próximo lunes, 21 de septiembre, tras el debate en la Mesa General de las Administraciones Generales. En este foro estarán representadas comunidades autónomas y Ayuntamientos, además de la Administración General del Estado y los sindicatos.

Por primera vez, más de tres millones de empleados públicos (tanto funcionarios como personal laboral) podrán acceder al trabajo no presencial de manera voluntaria y reversible, una de las principales reivindicaciones de los sindicatos. Del mismo modo, el personal que opte por el teletrabajo “tendrá garantizados los mismos derechos y obligaciones que aquellos que acudan a su puesto de manera presencial”, según asegura CSIF.

Ante esta nueva posibilidad, serán las administraciones las que estimen el porcentaje del servicio que podrá realizarse mediante el teletrabajo, para de este modo combinar la presencialidad y el trabajo a distancia y garantizar la atención presencial a la ciudadanía. Del mismo modo, será la Administración quien provea al personal que trabaje en remoto de los medios tecnológicos necesarios para llevar a cabo su actividad, y se ocupará de su mantenimiento.

Conciliación vida laboral y personal

“CSIF valora de manera positiva este acuerdo y espera poder abrir cuanto antes la negociación en otros ámbitos, como las retribuciones o la oferta de empleo público, ante las dificultades y la presión de las plantillas en áreas como la sanidad, la educación, los servicios de empleo o la seguridad social, como consecuencia de la pandemia por el Covid-19”, ha señalado el sindicato en un comunicado. “Valoramos también que el teletrabajo es una medida que favorece la conciliación de la vida laboral y personal, flexibiliza horarios de una manera más racional, previene riesgos laborales y protege la salud. Sin duda, disminuye el impacto ambiental, reduce costes en infraestructuras y mejora la integración de personas con discapacidad o en rehabilitación tras enfermedad”, añade.

Para CC OO, sin embargo, “quedan aspectos que clarificar y trabajar, como la regulación negociada de las circunstancias excepcionales”. Este sindicato considera “imprescindible que se ponga encima de la mesa un calendario y se inicie inmediatamente la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado y de un III Acuerdo para la mejora del empleo y las condiciones de trabajo de las empleadas y empleados públicos que permita avanzar en temas como el empleo, la estabilidad de las plantillas, los derechos laborales y la recuperación del poder adquisitivo perdido en estos años”.

Flecos por cerrar en el sector privado

El acuerdo sobre el teletrabajo alcanzado para el sector público desbloquea en parte las negociaciones, todavía en marcha, que se están llevando a cabo entre agentes sociales y Gobierno para regular este formato laboral en el sector privado. Aunque se trate de dos procesos independientes ―en el que participan distintos interlocutores―, los sindicatos habían denunciado que el personal laboral de la Administración Pública no estuviese incluido en la norma general del ámbito privado. Alegaban que estos trabajadores ―que están sometidos a las normas de la función pública, pero también a las leyes laborales― se quedarían descolgados de cualquier regulación si no se llegaba a un acuerdo con Función Pública.

Ahora este escollo parece estar superado, pero quedan otros flecos por cerrar. Fuentes sindicales aseguran que todavía hay fricciones sobre el porcentaje de horas teletrabajadas a partir del cual se aplicaría la nueva normativa. Esta cifra se fijó en un principio en el 20% de la jornada laboral ―un día a la semana―, una cantidad considerada demasiado baja para la patronal. Tras las reuniones celebradas entre el Gobierno y los agentes sociales a la vuelta del verano, este porcentaje fue elevado al 30%. Fuentes sindicales trasladan que con esta solución muchos trabajadores se quedarían fuera del alcance de la ley; otras fuentes sindicales añaden que este punto no representaría una línea roja si el texto en su conjunto es equilibrado.

Porque hay más cuestiones que siguen negociándose. La patronal presiona para que los aspectos formales de la regulación no se apliquen cuando el teletrabajo es fruto de circunstancias excepcionales, como la actual pandemia. Una postura que no ven de buenos ojos los sindicatos, que también exigen que los trabajadores participen en el diseño de los protocolos de protección de datos y seguridad que implemente la empresa.

La delicada situación sanitaria por la que atraviesa el país, unida a las medidas de confinamiento que se han llevado a cabo en los últimos meses, han derivado en que cada vez sean más las personas que se acojan a la modalidad del teletrabajo. Según un estudio reciente de Ramstad, son ya 3.015.000 los españoles que desempeñan su labor a distancia.