La Agencia Tributaria y las comunidades determinarán qué empresas reciben las ayudas públicas

La Agencia Tributaria (AEAT) proporcionará a las comunidades y ciudades autónomas la información necesaria para determinar si las empresas y autónomos que soliciten las ayudas directas aprobadas en marzo por el Gobierno cumplen con los requisitos de acceso. El Ministerio de Hacienda remitió el pasado jueves a las comunidades y ciudades autónomas un borrador, al que ha tenido acceso EFE, del convenio que regirá las ayudas directas a empresas, el último paso para la implementación de esta medida, que será gestionada por las regiones.

Este convenio entre el Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria y las comunidades y ciudades autónomas ahora tiene que ser negociado. De acuerdo al texto del real decreto de las ayudas, tendría que estar cerrado antes de un mes y 10 días desde su aprobación el pasado 12 de marzo. El borrador prevé una serie de obligaciones para cada una de las partes en la gestión de las ayudas.

Así, para determinar si se cumplen los requisitos de acceso a las ayudas y la fijación de la cuantía, la Agencia Tributaria remitirá a las comunidades y ciudades autónomas datos fiscales sobre los solicitantes. En concreto, en el caso de empresarios o profesionales, aportará datos de operaciones de IVA o impuesto especial general indirecto canario que permitan determinar si las ventas cayeron un 30% en 2020 respecto a 2019, un requisito para las ayudas directas, algo que para los grupos consolidados se hará con información del impuesto de sociedades ―la suma de las entidades que forman el grupo―.

En el caso de los solicitantes con domicilio fiscal en Ceuta o Melilla, así para quienes solo realizan operaciones exentas de declarar IVA, los datos que aportará la Agencia serán, si cotizan en IRPF, la declaración de 2019 y los pagos fraccionados de 2020, y si lo hacen en impuesto de sociedades, los correspondientes al último pago fraccionado de 2019 y 2020.

La Agencia Tributaria también proporcionará otros datos, entre ellos la confirmación de si los solicitantes aplicaron el régimen de estimación objetiva de IRPF o, en el caso de grupos que operen en varias regiones, las cantidades abonadas a su personal en cada comunidad autónoma.

Por su parte, las comunidades y ciudades autónomas tendrán que incorporar a los formularios de solicitud de ayudas directas determinados datos, como si el solicitante forma parte de un grupo de consolidación fiscal foral o si presta servicios exentos de IVA, unos datos que después remitirán a la Agencia Tributaria.

El borrador de convenio también prevé un procedimiento de intercambio de información, por el que las comunidades y ciudades autónomas remitirán semanalmente a la Agencia Tributaria un fichero con las solicitudes recibidas, y esta les devolverá en un plazo de siete días otro archivo con la información disponible. Además, las comunidades y ciudades autónomas enviarán mensualmente a Hacienda información sobre las convocatorias lanzadas y las ayudas concedidas, así como de los importes.

Las comunidades y ciudades autónomas tendrán que hacer constar en las convocatorias y toda la documentación de las ayudas, incluidas las actividades de difusión, que están financiadas por el Gobierno de España. El borrador prevé la creación de una Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento del convenio, que tendrá una duración inicial de cuatro años prorrogables en caso de que sea necesario intercambiar información adicional a su finalización.