Andalucía, Canarias, Cataluña y Baleares acaparan el 60% del paquete de ayudas directas a empresas

Canarias acaparará el grueso del importe destinado por el Gobierno a ayudas directas a empresas, seguida por Andalucía, Cataluña y Baleares, tal y como estaba previsto. Así lo confirma la orden ministerial publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la que se desglosa el reparto definitivo por territorio de los 7.000 millones del nuevo paquete: a estas cuatro autonomías les corresponde casi el 60% del total.

Los criterios empleados para realizar las asignaciones son los mismos que se usaron para repartir en diciembre el fondo europeo React EU y que causaron las críticas de las comunidades del PP. La orden ministerial publicada este viernes los recoge: dos tercios dependen de la caída del PIB en 2020, moderado en función de la prosperidad relativa de cada autonomía; algo más de un 20% se distribuye en función de la tasa de desempleo y una novena parte según el paro juvenil. De esta ecuación salen Canarias y Baleares, a las que se ha destinado un compartimento distinto, dotado con 2.000 millones de los 7.000 millones del total por haber sido los territorios que más sufrieron el embate de la pandemia.

Los dos archipiélagos, cuyas economías son particularmente dependientes del turismo, sufrieron con particular aspereza las restricciones a la movilidad impuestas para limitar los contagios. Según las estimaciones de la Airef, el PIB balear se derrumbó el año pasado un 19,5%, y el canario un 13,7%. En ambos casos, por encima de la media nacional. Por ello, el Gobierno ha establecido que se les destinen unas ayudas más cuantiosas. Baleares recibirá 855 millones y Canarias 1.144.

La Comunidad de Madrid, por su parte, será la que menos reciba en función del peso de su PIB, debido a que su economía es menos dependiente del turismo y a que la actividad ha sufrido un derrumbe menor. “Nos hemos llevado la desagradable sorpresa de ver cómo nuevamente Madrid es castigada por el Gobierno de Pedro Sánchez”, ha lamentado este viernes el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty. “A Madrid le asignan 679 millones de 7.000, por tanto un 9%, cuando Madrid es el 14% de la población o el 19% de la economía”.

También el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado el reparto de las ayudas lamentando que no se haya usado un “criterio poblacional”. “No es lo mismo dar servicio a 8,5 millones” de personas, ha señalado este viernes en una rueda de prensa, que “a un millón y medio, con todos los respetos a comunidades autónomas que tienen también una enorme capacidad turística”, pero una población menor. También el consejero de Hacienda de Murcia, Javier Celdrán, ha manifestado su malestar por recibir su población menos que la media de España. “Es además un plan improvisado y mal diseñado, con ayudas insuficientes y que llega tarde y, lo que es más grave, que va a dejar fuera a miles de empresas”.

Inquietud

El Gobierno, tras meses de choques internos ―entre los socios de coalición― y presiones externas ―de las patronales de los sectores más golpeados por la crisis― sobre la existencia y cuantía de las ayudas directas al tejido productivo, finalmente aprobó hace dos semanas este nuevo paquete para autónomos y pymes que se concretará en transferencias que pueden oscilar entre los 3.000 y los 200.000 euros. También estableció que la inyección de estas ayudas, así como su supervisión y control, esté en manos de las comunidades autónomas. Una decisión que ha causado inquietud entre los Gobiernos regionales, debido a que aún faltan por conocer los detalles sobre cómo gestionar los apoyos, no se ha consultado con antelación a los Ejecutivos autonómicos y los tiempos de ejecución son estrechos.

De hecho, Hacienda se ha dado 40 días para firmar los convenios bilaterales entre Hacienda y las comunidades para aclarar cómo articular la colaboración entre administraciones. La orden publicada este viernes determina que los recursos se transferirán a las autonomías en los “10 días siguientes a la fecha en que adquiera eficacia el convenio que se celebre con cada” comunidad, lo que retrasará la llegada de las ayudas a las empresas. Pero si las autonomías no consiguen ejecutar o comprometer los importes para finales de este año tendrán que devolver lo que no gasten al ministerio.

“¿Las comunidades sabían de esto? No, nada”, lamentó la semana pasada Juan Bravo, consejero de Hacienda de Andalucía. Junto a sus homólogos de Madrid, Castilla y León, Murcia, Galicia y la ciudad autónoma de Ceuta ―todas gobernadas por el PP―, firmó la semana pasada una declaración conjunta pidiendo una reunión urgente a Hacienda para modificar el decreto de ayudas directas y lamentando la decisión del Gobierno de encomendarles la gestión del nuevo paquete sin haberlo consultado previamente. Fernández-Lasquetty ha vuelto a reclamar este viernes que las ayudas lleguen pronto. “Lo que pedimos es que se liberen los fondos cuanto antes”. También el presidente andaluz ha reclamado este viernes que el Gobierno convoque “cuanto antes” una “una reunión con carácter inmediato para poner en marcha todo el procedimiento administrativo” para ejecutar las ayudas.

Estos mismos consejeros ya se habían quejado el pasado enero por la distribución del fondo europeo React EU entre comunidades. También entonces firmaron una declaración conjunta lamentando falta de transparencia en los criterios de reparto y denunciando que privilegiaban en mayor medida las comunidades afines al Gobierno.