El fuelle europeo pierde aire y agita al campo

“Para Andalucía, la homogeneidad de las ayudas agrícolas va a ser algo nefasto y la puntilla a la grave crisis de precios que venimos sufriendo desde hace años”, se lamenta Fernando López Ruiz, un agricultor de 31 años que explota 25.000 olivos, en propiedad y en arrendamiento, en Fuerte del Rey (Jaén). José Manuel Díez, al frente de 200 hectáreas para ganadería vacuna y 10 hectáreas de olivar en la finca El Encinar de Jerez de la Frontera (Cádiz), apostilla: “Es una reforma salvaje que no tiene en cuenta la importancia estratégica de la agricultura y ganadería”. Los dos esgrimen pérdidas superiores al 10% en sus explotaciones por el nuevo escenario que se abre ante el sector agrícola y ganadero con la reforma de la Política Agraria Común (PAC).

Un año después de las fuertes movilizaciones del sector agrario para reclamar medidas que hicieran rentable y sostenible la actividad bajo la pancarta de unos precios justos, el campo español vuelve a vivir momentos de agitación social. Ha salido otra vez a las carreteras con movilizaciones en toda España. A las viejas peticiones generales se suman otras sectoriales, territoriales, de biodiversidad o sobre la ley de la cadena alimentaria.

Sobre estas reivindicaciones se añade el tijeretazo en las ayudas europeas, un maná nada despreciable de más de 41.000 millones entre 2023 y 2030. El presupuesto comunitario para la agricultura podría caer en torno a un 10% contando la inflación. Y a ese recorte hay que sumar el revuelo causado por el decreto de transición como antesala a la nueva PAC con el que el Gobierno persigue una homogeneidad en las ayudas percibidas en el mismo ámbito geográfico.

Esto ha convertido en insuficiente el cumplimiento por el Ministerio de Agricultura de algunos de los compromisos que adquirió tras las movilizaciones de 2020, como la modificación de la ley para lograr un mayor equilibrio en la cadena de distribución y el aumento de recursos para su control o la subida del presupuesto para los seguros agrícolas o para incentivar la renovación de maquinaria. Otras promesas están pendientes: control de importaciones (volumen, precios, calidad y seguridad fitosanitaria) o seguimiento de precios en los medios de producción empleados.

En Extremadura se han levantado los productores de tabaco por temor a perder unas subvenciones que consideran imprescindibles para subsistir. Les han seguido los ganaderos de vacuno, ovino y caprino en extensivo de Castilla y León, que han alertado de que se verán perjudicados por la redistribución de los fondos PAC. Pero ha sido en Andalucía, la primera región agraria de España (con el 34% de los perceptores de ayudas y el 37% del Valor Añadido Bruto del país), donde agricultores y ganaderos han fijado ya un calendario de protestas indefinidas para exigir al Ejecutivo la retirada del polémico decreto.

Agricultura pretende aplicar un proceso acelerado de convergencia desde este año para que el pago más bajo en una región llegue al 70% de la media en 2021 y al 80% en 2022, y que conlleva que quien más perciba ceda parte de las ayudas a quienes no lo hagan o reciban menos dinero. Este principio redistribuidor ha avivado el enfrentamiento entre agricultores y comunidades. En España, los más de 644.000 beneficiarios de la PAC percibieron en 2019 una media de 8.482 euros.

Fernando López se acogió en 2016 a las ayudas para jóvenes agricultores para emprender un proyecto de vida en el campo. Acometió la inversión necesaria en maquinaria para 120 hectáreas de olivar con derecho a ayudas de la PAC en la campiña jienense. Cinco años después, está desolado: “Esta PAC que se nos presenta es la ruina para el campo andaluz, la muerte para las explotaciones menos competitivas y un mensaje muy negativo para los jóvenes que quieren trabajar en el campo”.

En su caso, calcula una merma inicial del 2% en los dos próximos años sobre los 45.000 euros que percibe por los derechos de pago básico (desvinculado de la producción) más la reducción presupuestaria del 10% de los fondos agrícolas que afectará al todo el sector. López, que llega a emplear a 18 trabajadores eventuales en la campaña de recogida de la aceituna, asegura cobrar ahora el kilo de aceite de oliva a la mitad del precio que recibía cuando se inició en el campo.

Pérdidas en Andalucía

Según coinciden en señalar COAG, Asaja, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, de los 232.000 agricultores y ganaderos que reciben ayudas de la PAC en la región, 80.000 perderán, al menos, un 10% en dos años. Además, la mitad de ellos sufrirán mermas de entre el 20% y el 50%. Y temen que con el reajuste de regiones agrarias que ha diseñado el ministerio (se pasaría de las 50 actuales a apenas una decena) la comunidad se enfrente a un trasvase de fondos a otros territorios que, en el peor de los escenarios, le llevaría a perder el 50% de los 1.300 millones que recibe ahora anualmente, sumados el pago básico y el pago verde.

José Manuel Díez, de 51 años y al frente de una explotación agroganadera familiar en Jerez de la Frontera, ya tiene claro cuál será el recorte en este ejercicio: “Voy a sufrir una merma del 13,8% por la pérdida de derechos; esta reforma es como cambiar las reglas del juego en mitad del partido”, subraya. Y, entre la decepción y la resignación, comenta cómo un becerro lechal de vacuno se vende ahora a 500 euros, “el mismo precio que en 1985”.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha mostrado dispuesto a flexibilizar y atenuar las normas del decreto de transición para 2022, aunque esgrime problemas legales para hacerlo este año. Defiende que el objetivo es mejorar la redistribución de las ayudas: se trata de poner fin a una situación tan contradictoria como que el 0,43% de los perceptores reciben el 10,5% de los pagos. En 2019, de un total de 644.251 beneficiarios, solo 2.808 recibieron más de 60.000 euros, el umbral (insuficiente para algunas organizaciones agrarias) a partir del que Agricultura hará el recorte proporcional de ayudas.

“Queremos buscar la máxima simplificación, así como que la evaluación del rendimiento sea homogénea para todos los Estados”, ha señalado el ministro Planas. Eso sí, defiende la necesaria flexibilidad “para que cada Estado pueda determinar la política más adecuada a su situación, siempre bajo el principio de subsidiariedad”.

Cuestiones como la figura del agricultor genuino, la convergencia interna, el régimen de pequeños agricultores, el pago redistributivo o el apoyo a los jóvenes agricultores están todavía en la mesa de negociación.

La aplicación de la convergencia ha levantado ampollas en los diferentes territorios. “En cualquier aplicación lineal, los que más perdemos siempre somos los pequeños y medianos agricultores’, clama Cristóbal Cano, secretario general de UPA en Jaén, “porque no es lo mismo aplicar el mismo recorte lineal al que cobra 300.000 euros que al de 3.000. La convergencia no es homogénea, no cabe un discurso único, porque afecta de forma personal a cada perceptor”.

En esta provincia, una de las principales perceptoras de ayudas PAC por su hegemonía en el olivar, el 40% de los beneficiarios ganará con la convergencia, el 10% se quedará igual y el otro 50% va a ver disminuidos los recursos, según las estimaciones de la UPA. Cano insta al ministerio a adoptar criterios de discriminación positiva, para que las explotaciones se queden con el mismo ritmo de convergencia teniendo en cuenta el tamaño de la explotación, el valor del derecho y el importe total de ayudas.

También han puesto el grito en el cielo los productores de carne de vacuno en extensivo, los ganaderos de leche y los sectores de ovino y caprino, que temen ver recortadas las ayudas entre el 14% y el 18% y que ven cómo el precio de venta al público de un litro de leche sigue congelado desde hace años. En Castilla y León se aboga por que la reforma de la PAC se haga de abajo arriba. En esta comunidad, también han salido a la calle para protestar por la decisión del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de declarar especie protegida al lobo en todo el país. “No es lógico que regiones que nunca tendrán lobo marquen lo que hay que hacer con una especie que ni conocen ni sufren”, indicó Donaciano Dujo, presidente de Asaja en esta comunidad.

Por su parte, los productores de tabaco extremeños sacaron sus tractores a la calle a finales de febrero ante la amenaza de perder parte de las subvenciones. En concreto, temen que el nuevo mapa de la PAC excluya a esta región agraria, lo que haría que unas 4.000 familias pierdan la mitad de la ayuda que perciben ahora por cada hectárea de tabaco, unos 1.400 euros. Para Ángel López, gerente de la cooperativa Tabacoex, en Rosarejo (Cáceres), “sería un grave error eliminar o integrar esta región agraria en otras porque se reduciría tanto la ayuda que haría inviable el mantenimiento de las explotaciones tabaqueras por su pequeña dimensión”.

En la comarca cacereña de Campo Arañuelo y la zona adyacente de La Vera hay más de 8.000 hectáreas donde se produce el 97% del tabaco del país, un cultivo, subraya López, “que está demonizado a pesar de que está sirviendo para mantener vivos los pueblos y fijar la población”. Los tabaqueros se quejan de que perciben en torno a 2,40 euros por kilo cuando el coste de producirlo se eleva hasta los 2,70 euros.

Globalmente el sector agrario se moviliza porque, tras haber sido centro de elogios por su papel en los momentos más duros de la pandemia como actividad estratégica, teme que hoy todo quede en el olvido y siga siendo el vagón de cola frente a otros departamentos. Aunque en el último año la renta agraria creció un 4%.

La despoblación

“Hay que centrarse en corregir las grandes desigualdades territoriales”, manifiesta Francisco Casero, presidente de la Fundación Savia, entidad que propugna una agricultura y ganadería sostenible. “Ahora se producen discriminaciones, según el territorio y según el modelo de producción, como es el caso de la ganadería extensiva y ecológica y el olivar”.

Casero sostiene que la actual configuración de la PAC no ayuda a luchar contra la despoblación rural ya que muchas ayudas se destinan a las grandes y medianas ciudades. Pone como ejemplo que la ciudad de Madrid, que cuenta con 101 explotaciones agrícolas y ganaderas según el último censo, tiene 10.820 solicitudes de la PAC y allí se destinan más de 206 millones de euros de los fondos agrarios, “algo absolutamente incomprensible”, apunta.

La Fundación Savia aboga por acometer la convergencia que el ministerio tiene pendiente desde el año 2015. Para Francisco Casero, de las 50 regiones productivas que ahora se tienen en cuenta, 23 son de tierras arables, 18 de cultivos permanentes y 9 de pastos, pero en todas ellas hay diferencias apreciables en los valores medios de las ayudas por hectárea. Así, en las tierras arables van de los 84,50 a los 1.430,66 euros; en los cultivos permanentes, de los 93,79 a los 503,81 euros; y en los pastos, de 60,39 a 232,01 euros.

Para estimular la llegada de los jóvenes al campo, la Fundación Savia aplaude iniciativas como la de la Universidad de Castilla-La Mancha para que los alumnos hagan prácticas remuneradas en el medio rural para, de este modo, acercar a los jóvenes a la agricultura, promover el empleo y combatir la despoblación. Se favorece así el encuentro de la oferta proveniente de los estudiantes interesados en esas prácticas y la demanda de talento por parte de empresas e instituciones.