“No es cierto que Argentina se niegue a reformar Mercosur”

Matías Kulfas, ministro argentino de Desarrollo Productivo, admite que Mercosur atraviesa “un momento de tensión”. Socios como Uruguay o Brasil quieren más flexibilidad y menores aranceles externos y la última reunión del organismo, hace unos días, concluyó de forma crispada. “No es cierto que Argentina se niegue a reformar Mercosur”, dice Kulfas, durante una entrevista realizada en su despacho ministerial. “Queremos una reforma, pero con tiempo y de forma pragmática. La idea de que reduciendo aranceles se moderniza todo de golpe es puro dogmatismo ideológico”.

Pregunta. El Gobierno argentino acaba de anunciar medidas para atraer inversiones.

Respuesta. Sí, flexibilizaremos las restricciones cambiarias cuando se trate de inversiones grandes, superiores a los cien millones de dólares, en sectores exportadores como la minería, la energía o la agroindustria. Cuando llegamos al Gobierno ya existía el llamado “cepo”. Sufríamos una crisis en la balanza de pagos, una más en nuestra historia, sumada a un problema de sobreendeudamiento. Ahora queremos que los sectores exportadores puedan disponer de divisas. No nos gustan las restricciones pero no tenemos alternativa, dada la escasez de dólares. La nueva herramienta va en la dirección de ir abriendo el “cepo” y esperamos que cuando mejoren las exportaciones podamos seguir avanzando por ese camino.

P. “Tenemos que vivir con lo nuestro”, ha dicho alguna vez el presidente Alberto Fernández, en referencia a reducir las importaciones.

R. El presidente no tiene ideas autárquicas o nacionalistas. Piensa en la integración internacional de la economía argentina y piensa en Mercosur. Lo que plantea el presidente es la necesidad de salir de un modelo centrado en la especulación financiera para apostar por la producción y el trabajo. Queremos fomentar el comercio exterior y recibir inversiones extranjeras. Ocurre que el punto de partida de nuestro Gobierno es muy complicado, con una gran crisis macroeconómica y la pandemia.

P. Sus socios en Mercosur critican los altos aranceles externos (14% como promedio) y quieren establecer libremente alianzas comerciales con terceros países.

R. No es cierto que nosotros no queramos cambiar nada en Mercosur. Planteamos a nuestros socios una modificación del arancel exterior común y fuimos muy ambiciosos: propusimos que en cerca de 1.800 renglones el arancel bajara al 0%. Lo que ocurre es que nuestra mirada es pragmática. Lo primero es darle coherencia a la estructura arancelaria, que se ha quedado vieja porque se definió a mediados de los años noventa. Hay que modernizar. La cuestión es cómo. La idea de que reduciendo aranceles se moderniza todo de golpe es puro dogmatismo ideológico. Hay que discutir en qué proporción se reducen y en qué renglones se mantienen. Eso lleva tiempo. En Argentina tenemos experiencia con esas cosas, en varios momentos de nuestra historia tomamos decisiones ideológicas, reducimos los aranceles y abrimos nuestra estructura financiera, y terminamos con una crisis en la balanza de pagos. Por eso somos cautelosos.

P. ¿Se calmarán los ánimos en Mercosur?

R. Apostamos por ello. Mercosur es un buen proyecto y los problemas se resuelven dialogando. En cualquier sociedad hay momentos buenos y malos, y en Mercosur este es un momento de tensión.

P. “Ninguna política industrial funciona si la macroeconomía es inestable”. Usted dijo esto hace tiempo. ¿Puede hacer política industrial con el actual cuadro macroeconómico?

R. Vamos avanzando hacia la estabilidad. Hemos conseguido vencimientos más razonables para la deuda privada y negociamos ahora con el Fondo Monetario Internacional. La ley de presupuestos contempla una reducción del déficit. Estamos recuperando el crecimiento, a niveles incluso más altos que antes de la pandemia. La situación se normaliza, pese a todas las dificultades.

P. Han prorrogado hasta mayo los controles sobre los precios de miles de productos. Muchos fabricantes se quejan de que sus insumos suben. Y la inflación ha vuelto a aumentar.

R. La inflación es un problema adicional. Llegó al 53% en 2019 y pudimos reducirla al 36% en 2020, pero a finales del año pasado empezaron a subir mundialmente los precios de las materias primas y nosotros no pudimos, como otros países, absorber ese “shock” con política cambiaria u otras herramientas. Tuvimos que imponer el mecanismo de precios máximos, que no significa un congelamiento de precios. Es cierto que muchos insumos subieron y eso afectó al margen de rentabilidad de los fabricantes. El problema existe. Queremos acabar con el mecanismo de precios máximos, pero sin que ello suponga un tirón inflacionario.

P. ¿Qué efecto pueden tener sobre los posibles inversores extranjeros exigencias como la del poderoso Sindicato de Camioneros, que pide indemnizaciones para toda la plantilla cuando una empresa cambia de dueños?

R. Mantenemos un diálogo permanente con los sectores de la producción y el trabajo y en los últimos meses, pese a la crisis, apenas hemos sufrido conflictos sindicales. Por supuesto, hay cosas que no nos gustan. Por eso, en el caso que usted cita, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. No compartimos la iniciativa del Sindicato de Camioneros porque no avalamos los abusos, ni de un lado ni del otro. El inversor internacional ha de ver en Argentina lo mismo que vemos nosotros, un potencial enorme en recursos naturales, industriales y humanos. Naturalmente, los inversores anhelan la previsibilidad y la estabilidad macroeconómica. También las anhela el Gobierno.

P. ¿Ayuda a la previsibilidad la querella contra el anterior gobierno por endeudarse con el FMI?

R. El presidente ha marcado una línea de trabajo clara: frente a un problema de sobreendeudamiento, se requieren diálogo y acuerdos. Esa es la línea respecto al FMI. En el medio, por supuesto, hay debate político. La realidad es que el acuerdo del anterior gobierno con el FMI es extremadamente llamativo, porque fue el mayor préstamo en la historia de la organización y, encima, no sirvió para nada: ni estabilizó la macroeconomía ni financió planes de desarrollo. Frente a eso, algunos sectores han planteado la necesidad de realizar indagaciones adicionales por la vía judicial. Todo esto no significa que no vayamos a pagar. Pero es necesario pagar con recursos generados gracias al crecimiento, no con los clásicos programas de ajuste que aplicó el gobierno anterior.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.