Argentina quiere aplazar hasta 2022 la renegociación de su deuda con el FMI

Argentina parece dispuesta a aplazar hasta el año próximo la reestructuración de su deuda con el Fondo Monetario Internacional. La visita a Washington del ministro de Economía, Martín Guzmán, dio para poco más que unas discusiones teóricas y un acuerdo sobre la necesidad de llegar a un acuerdo.

En octubre hay elecciones parlamentarias y el gobierno de Buenos Aires no quiere asumir con el Fondo compromisos impopulares. Pero la situación del país vuelve a ser muy delicada: su deuda pública cotiza de nuevo a niveles de “default” (pese a haber pactado una mejora de condiciones con los acreedores privados hace medio año), su riesgo-país va en aumento y necesita reprogramar su deuda con el Club de París antes de mayo.

El ministro Guzmán se reunió el martes y el miércoles con la directora del FMI, Kristalina Georgieva. El miércoles, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner añadió presión a la tarea de Guzmán con unas palabras muy duras contra el Fondo: “Bancaron el golpe [militar de 1976] que nos hizo pomada, bancaron a los ingleses en las Malvinas y violaron todos sus estatutos [para conceder un préstamo de 57.000 millones de dólares al anterior presidente, Mauricio Macri]. ¿No podríamos reclamarle, con la dulzura y el cariño del mundo, que es hora de que nos hagan algún gestito?”.

El “gestito” al que se refería la cada vez más poderosa vicepresidenta consistía en dar un plazo de 20 años para la devolución del préstamo (del que se desembolsaron 45.000 millones) y en rebajar los intereses al 1% anual (ahora van del 1,9% al 4,9%, según los tramos). Esa era la idea que circulaba en el entorno de Cristina Fernández de Kirchner. Al día siguiente, el portavoz del FMI tuvo que recordar públicamente que el préstamo, inicialmente concedido como “stand-by” por un plazo de tres años, podía ser transformado en un “extended fund facility” por diez años, pero no más. La nueva fórmula implicaría condiciones más severas, porque exigiría a Argentina un ajuste fiscal y reformas estructurales. En la Casa Rosada se considera que aceptar esos términos antes de las elecciones de octubre empeoraría los resultados de la coalición gobernante.

El gobierno argentino cree que puede permitirse demorar la reestructuración de su deuda con el FMI gracias a que el propio FMI le enviará en los próximos meses más de 3.000 millones de dólares, fruto de la ampliación de capital del organismo de Washington. Con ese dinero, Argentina puede cubrir los pagos de este año. Las urgencias, sin embargo, se multiplican. En mayo vence una antigua deuda argentina con el Club de París (que los países más ricos formaron en 1956 precisamente para abordar una deuda de Argentina) por importe de 2.300 millones de dólares. Guzmán necesita pactar otra reestructuración con el Club de París, donde los acreedores principales son Alemania y Japón.

La confianza de los inversores en el país, entretanto, vuelve a ser muy escasa. A poco más de medio año del acuerdo de reestructuración conseguido con los acreedores extranjeros privados, la cotización de los nuevos bonos argentinos emitidos entonces ha bajado ya un 32%. Eso significa que los inversores consideran probable que estos bonos caigan también en impago, o “default”. Sería el décimo “default” en la historia de Argentina. Se trata de una deuda pública rentable: “Un bono comprado hoy daría unos intereses de entre el 17% y el 20% por año, el problema es que no hay demanda porque no hay confianza”, explica el economista Marcos Buscaglia. “Argentina no tiene credibilidad, ni crédito, ni mercado de capitales. Esto va a terminar mal”, añade. El riesgo-país, el índice con el que JPMorgan calcula la posibilidad de mpago, ascendió esta semana hasta 1.600.

Otra variable peligrosa es la deuda de la Provincia de Buenos Aires, que lleva casi un año en “default”. La provincia más rica y populosa de Argentina debe 7.148 millones de dólares y su gobernador, Axel Kicillof, ha aplazado una docena de veces la fecha límite para pactar una reestructuración. El lunes 29 de marzo hay un nuevo vencimiento y a los acreedores parece acabárseles la paciencia. Un grupo de ellos, que bajo el nombre de Ad Hoc engloba a los tenedores de casi la mitad de la deuda, demandó esta semana a la Provincia ante los tribunales neoyorquinos.

Kicillof pide un período de gracia de tres años, una reducción de intereses del 55% y una quita del 7% en el capital. Los abogados de los bonistas dijeron que Buenos Aires “no negocia cuánto puede pagar, sino cuánto quiere pagar según sus intereses políticos” y que Kicillof actúa “de mala fe”. El gobernador, por su parte, señala que los bonaerenses sufren necesidades acuciantes y tienen prioridad frente a los acreedores extranjeros.