El déficit público se disparó al 11% del PIB en 2020 por la pandemia y las pérdidas del banco malo

La pandemia ha causado un gran roto en las cuentas públicas. Las crisis desatada por la emergencia sanitaria elevó el déficit ―la diferencia entre ingresos y gastos de las Administraciones Públicas― hasta el 10,09% del PIB en 2020 ―sin incluir la ayuda financiera―, según ha confirmado este lunes el Ministerio de Hacienda, por debajo del 11,3% previsto en los pronósticos oficiales enviados a Bruselas. Si se incluyen las ayudas financieras, por el agujero aflorado en el banco malo (Sareb), el desfase presupuestario ascendería al 10,97% del PIB. El fuerte aumento del agujero presupuestario es el efecto directo de las medidas puestas en marcha para hacer frente a una crisis atípica. Por un lado, la adopción de medidas para mantener las rentas y el tejido productivo y blindar los servicios, como han sido los expedientes de regulación de empleo (ERTE), las ayudas para autónomos y el aumento del gasto sanitario, que han disparado los desembolsos. Por el otro, la caída de la recaudación y el parón de la actividad causada por los confinamientos han mermado los ingresos de las arcas públicas.

Lo cierto es que la covid-19 llegó en un momento en el que las cuentas públicas no estaban del todo saneadas. España acababa de salir del brazo correctivo de Bruselas ―el procedimiento de déficit excesivo―, en el que estuvo inmersa casi una década por sus elevados números rojos descontrolados desde la crisis financiera de 2008. Tras años de ajuste, el saldo presupuestario se fue corrigiendo, pero sin la velocidad suficiente que permitiera acumular un colchón para cuando vinieran mal dadas. En 2019, además, se cerró con un aumento del déficit público por primera vez en siete años: en ese ejercicio, el desfase entre ingresos y gastos se situó en el 2,8% del PIB pese al crecimiento económico, situándose muy cerca del límite máximo del 3% marcado por la Unión Europea.

El peor registro presupuestario de las Administraciones públicas se dio en 2009, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió expandir el gasto para intentar atajar la crisis financiera desatada tras la caída de Lehman Brothers. Entonces el agujero en las cuentas públicas se disparó hasta el 11,3% del PIB, superando los 120.000 millones de euros en términos absolutos. Otro de los años malditos en la contabilidad pública fue 2012, el año del rescate financiero. El déficit público alcanzó ese ejercicio el 10,7% del PIB tras los desembolsos del Estado para rescatar a las antiguas cajas de ahorro. Bankia fue el paradigma de aquel rescate con más de 24.000 millones.

ERTE y ayudas a autónomos

El año pasado, el gasto público aumentó en 53.070 millones, el 85% de esta cifra destinado a la lucha contra la pandemia. Tan solo las medidas para mantener el empleo y las rentas supusieron entre cuatro y cinco puntos del PIB. Solo los ERTE y las ayudas a autónomos supusieron un coste de cerca de 40.000 millones de euros adicionales. A ellas se sumaron transferencias extraordinarias, como las recibidas del fondo perdido de 16.000 millones de euros asignado a las comunidades para apuntalar la sanidad y la educación, y la subida de otros gastos ordinarios como las pensiones ―que además se revalorizaron un 0,9%― o el incremento del sueldo de los funcionarios. Las medidas para mantener las rentas, un esquema adoptado en todos los países del entorno ante una crisis que no tiene su origen en desequilibrios económicos, ha permitido sin embargo que la recaudación cayera menos de lo que ha ocurrido en anteriores recesiones.

En concreto, los ingresos públicos cayeron 24.487 millones, un 5%, por debajo de la caída del PIB (10,8%). La recaudación de la Agencia Tributaria también retrocedió menos que la actividad económica, un 8,8%. Los ingresos por IRPF hasta subieron en el ejercicio, un 1,2%, mientras que las figuras vinculadas al consumo, el IVA y los impuestos especiales, descendieron un 11,5% y un 12,1%, respectivamente. Entre los grandes tributos, el impuesto de sociedades sufrió el mayor descalabro, del 33,2%. Este resultado no se debe solo a la caída de los beneficios empresariales, también recoge el impacto de las devoluciones fiscales.

La recaudación de la Agencia Tributaria cae un 8,8 % en 2020

La Administración central ha asumido el mayor esfuerzo: su déficit se situó en el 7,5% del PIB en 2020, equivalente a más de 84.000 millones de euros y efecto de las transferencias que ha realizado a los demás subsectores públicos para hacer frente a la crisis. Reflejo de este esfuerzo es el resultado de las comunidades, que han registrado un desfase de tan solo el 0,21% ―sin las medidas de apoyo hubiese alcanzado el 2,6%―, y el superávit que han vuelto a lograr los ayuntamientos, del 0,26% del PIB. Las transferencias por parte del Estado también han logrado contener los números rojos de la Seguridad Social hasta el 2,65% del PIB.

De momento, este elevado desfase presupuestario no provocará represalias de Bruselas: la UE ha activado la cláusula de escape, con la que ha suspendido las reglas fiscales durante 2020 y 2021, y baraja mantener congelado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento también el año que viene. A la vez, la política de tipos ultrabajos del BCE está permitiendo que los ingentes aumentos de la deuda pública ―en el caso de España, ya de por sí elevada antes de la crisis― no deriven en una bomba de relojería que amenace la sostenibilidad de las cuentas.

El Gobierno confía en que la mejora presupuestaria llegue a través de un sostenido crecimiento económico a lo largo de este año. Los Presupuestos Generales del Estado contienen una previsión de crecimiento del PIB del 7,2% para este año, que se podría elevar hasta el 9,8% gracias al impacto de los fondos europeos para la recuperación, de los que España es la principal beneficiada. La lentitud en el proceso de vacunación y la demora en el desbloqueo de las ayudas comunitarias, sin embargo, pueden dejar en papel mojado estas previsiones.

Por ello, varios organismos, desde el Banco de España a la Autoridad Fiscal (Airef), ya han pedido al Gobierno en reiteradas ocasiones que empiece a diseñar un plan de reequilibrio de las cuentas, a ejecutar cuando la economía ―que en 2020 cayó un 10,8%― vuelva a la senda de crecimiento.