Dimite el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina tras denuncias de acoso y abuso de poder

Luis Carranza, el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, conocido como CAF por su anterior nombre (Corporación Andina de Fomento), anunció su renuncia al cargo el martes a través de una carta, tras varios años de denuncias de acoso laboral, abuso de poder y despidos masivos en las diferentes oficinas de la organización en Latinoamérica. En su texto, Carranza asegura que durante su gestión, que inició en 2017, “se incorporaron claramente en la normativa y en la práctica, principios de meritocracia y de integridad, ética y transparencia, en las políticas y procesos de capital humano”. En un comunicado, la CAF admite que Carranza deja su puesto “casi un año antes de lo previsto, pero dejando una institución fortalecida”.

Cartas de empleados que datan de 2018 documentan quejas en contra del economista peruano desde el inicio de su gestión del organismo, institución multilateral que otorga financiamiento a proyectos públicos y privados con un enfoque en el desarrollo económico en la región. En una carta con fecha de 21 de febrero de 2021, firmada por Alejandra Claros, excoordinadora de Secretaría de la CAF, acusa que desde el año 2017 se han despedido “o invitado a renunciar” a aproximadamente 100 personas. Claros se dirige al consejo de directores de la CAF “para representar ante ustedes los excesos, abusos, violencia y acoso laboral que la administración de CAF ha estado ejerciendo en contra de los funcionarios, lo que constituye un agravio que la comunidad internacional debería condenar enérgicamente”.

Carranza, por su parte, no se refiere a acusaciones puntuales en su carta de renuncia, sostiene que se ha intentado politizar al CAF y hace sus propias acusaciones. El consejo de directores, o el directorio como lo llaman en la organización, no avaló la candidatura propuesta por Carranza para una persona porque este no cedió a presiones políticas. “Esta decisión responde a mi juicio, en parte, a mi negativa a ceder al interés de algunos países de interferir políticamente en las atribuciones que el Convenio Constitutivo le otorga al presidente ejecutivo para designar a sus colaboradores inmediatos”.

“En particular”, continuó Carranza, “los directores por Argentina me solicitaron verbalmente y a través de mensajes escritos a principios de 2020 que designe como vicepresidente a una persona que no reunía las condiciones para el cargo. La documentación que prueba esta denuncia está bajo custodia en Secretaría General y a disposición de los miembros del Directorio si así lo estiman conveniente”.

Cartas de siete exempleados, todas dirigidas al presidente del directorio de la CAF, tienen el maltrato, la arbitrariedad y las violaciones de los derechos laborales como denominadores comunes. Los empleados, quienes habían trabajado con la institución entre 10 a 24 años, piden al Directorio que tome cartas en el asunto de lo que ellos denominan una cultura de “extorsión” y “chantaje”. En dos casos, los extrabajadores dicen ya haber realizado denuncias por la vía judicial.

“No solo hubo una conducta arbitraria de las personas designadas a dicha finalidad”, dice una carta firmada por Gonzalo de Castro con fecha en noviembre de 2018, “sino un agravio a mi familia, puesto que se me indicó que tendría que salir en muy breve plazo de España, desconociendo que tengo hijos en edad escolar. Intempestivamente, se me dejó en una especie de limbo económico, familiar y social, violentando mis más elementales derechos humanos”.

En representación de “muchas voces silenciosas”, Claros acusa también al secretario general Victor Rico: “El señor Víctor Rico me solicitó interceder en un caso de corrupción ante la justicia boliviana en favor de su cuñado. El secretario quiso ejercer su posición de poder al ser mi jefe inmediato superior, pretendiendo utilizar mis relaciones personales y laborales que había construido como ex jefa de gabinete del presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma”. Rico no respondió a una llamada y un mensaje enviado por este diario en respuesta a la acusación.

Claros asegura que Carranza, como presidente, tenía la obligación de darle seguimiento a la denuncia que ella presentó dentro de la institución, “pero Carranza resolvió resguardar al secretario general, priorizando su relación personal, política e ideológica, protegiendo y silenciando una denuncia que tiene consecuencias penales en la legislación latinoamericana y que contaba con las pruebas y confesión verbal del acusado”. En respuesta a cuestionamientos de este diario, el CAF confirmó que Claros hizo una demanda interna en el caso de Rico y que “se abrieron los procedimientos correspondientes”, cuyos detalles no se pueden compartir ya que existe un procedimiento legal en marcha.

Finalmente, Claros asegura que sufrió de maltrato por haber sido funcionaria en el Gobierno boliviano de Evo Morales. “Mi persona evidentemente fue víctima de hostigamiento, acoso laboral, abuso de poder y persecución política dentro de la institución”, escribió en la carta. “Una prueba irrefutable es que, a los dos días de la renuncia del presidente Morales y no habiéndose resuelto aún la denuncia ante el Comité de Ética, la administración, sin justificativo alguno, decidió solicitar mi renuncia coaccionándome a firmarla, y obligándome a suscribir un acuerdo transaccional que destaca por su carácter de confidencialidad para que el mismo no pueda ser expuesto”.

“Evidentemente, Carranza merecía salir de la misma forma que él obligó a cien personas a salir de la CAF”, dijo Claros sobre la renuncia de Carranza el martes. Su salida no permite que se haga justicia en muchos casos, incluyendo en la acusación de protección de Rico ante la petición de tráfico de influencias, agregó Claros. “Siento que hay un tema de justicia divina, pero también siento que es un daño histórico que se le hizo a una multilateral, porque esto no había sucedido antes”, dijo.

Carranza permanecerá en su puesto hasta el 23 de abril. El proceso de elección de un nuevo presidente es mediante una elección de los directores en todos los países miembros.

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