El sector agrario andaluz inicia movilizaciones indefinidas por el nuevo reparto de ayudas de la PAC

El sector agrario andaluz comienza un calendario de movilizaciones indefinidas por las provincias de la comunidad a fin de exigir la retirada del Real Decreto de transición de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) e iniciar un diálogo “real” con el ministro de Agricultura, Luis Planas. El decreto de convergencia para los años 2021 y 2022 es “dañino para Andalucía” y supondrá que, “de los 232.000 agricultores que reciben ayudas de la PAC, 80.000 perderán al menos un 10% en dos años”, tal y como han expresado este lunes en Sevilla los representantes de las organizaciones agrarias de Andalucía: Asaja, Coag, Upa y Cooperativas Agro-alimentarias. “No queremos ser pesados, pero el Ministerio no nos deja otra opción”, ha manifestado Rafael Leal, presidente de esta última.

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Las acciones de protesta se iniciarán este próximo viernes con una tractorada en Cádiz. La semana que viene se concentrarán en Córdoba frente a la Subdelegación del Gobierno y se retomarán tras la Semana Santa en Sevilla para continuar después con una protesta semanal en cada provincia andaluza sin descartar una gran movilización. “No vamos a parar, dijimos que nos movilizaríamos cuando la pandemia nos lo permitiera, pero no podemos seguir esperando más. En abril o mayo hay que cerrar decisiones de la PAC”, ha subrayado Ricardo Serra, presidente regional de Asaja.

El real decreto es la antesala de la reforma que se aplicará a partir de 2023 y que todavía está en fase de negociación. En ella, el Ministerio prevé que se pase de las 50 regiones agrarias actuales a cinco o siete. Un recorte que el sector anticipa que será nocivo para Andalucía y que supondrá un trasvase de rentas a otros territorios del país. “Este cambio brusco, no exigido por la Comisión Europea, supondrá que en el peor de los casos Andalucía pierda el 50% de los 1.300 millones de euros que recibe anualmente”, ha advertido Leal.

El sector agrario andaluz se reunió el pasado 24 de febrero con el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, pero creen que no es suficiente. “Ha habido buenas palabras, pero no números. El ministerio no aporta estudios”, ha afirmado Leal. Según sus previsiones, de los 232.000 agricultores y ganaderos que reciben ayudas de la PAC, 80.000 perderán al menos el 10% en dos años. Además, dice, la mitad de ellos, sufrirá una merma de entre el 20% y el 50% entre 2021 y 2022. “Este ministro no está siendo capaz de solucionar los problemas. No estamos igual que antes de la pandemia, sino mucho peor que cuando empezamos el proceso de movilizaciones”, ha afirmado Miguel López, secretario general de Coag-Andalucía.

Las organizaciones agrarias insisten en dialogar con el ministro de Agricultura para llegar un acuerdo que no resulte perjudicial para la primera región agraria de España, en la que se encuentran el 34% de los perceptores de ayudas PAC y que aporta el 37% del valor añadido bruto (VAB) agrario a la economía española, dando empleo a más del 8% de la población ocupada andaluza. Además, han pedido el respaldo de los 778 municipios andaluces a través de mociones en sus plenos al considerar que tanto el Decreto de convergencia como la nueva reforma de la PAC “suponen una grave amenaza para la economía y el empleo de toda Andalucía”.

También el Gobierno andaluz, una coalición entre el PP y Ciudadanos, apoya las movilizaciones del sector agrario. “El real decreto rompe el diálogo sobre el futuro de la PAC. Estamos dispuestos a dialogar hasta la extenuación con el ministerio hasta lograr una PAC buena y justa para el futuro de los agricultores y ganaderos de Andalucía”, destacó la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, tras recordar que el modelo agrario de la comunidad ha permitido fijar la población en los pueblos rurales.

Por su parte, el ministro Luis Planas manifestó la semana pasada, durante su comparecencia en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados, que en las próximas semanas se iniciarán reuniones bilaterales con todas las comunidades autónomas con las que espera alcanzar un “gran pacto” en torno a la negociación de la PAC. “Actuaré como árbitro en la próxima conferencia sectorial de finales de mayo —de la que saldrá el modelo de aplicación de la PAC en España― para alcanzar un gran acuerdo nacional en torno a la política agraria”, declaró Planas, tras mostrar su compromiso por propiciar “un proceso público, transparente, para llegar a un elevado grado de consenso y lograr una buena PAC para todos”. Respecto al decreto de convergencia, destaca que es una exigencia de la Comisión, si bien asegura estar abierto a buscar fórmulas que, respetando el avance de la convergencia, permitan alcanzar un acuerdo de futuro que incluya el año 2022.

España contará con un presupuesto de 47.724 millones de euros para el periodo 2021-2027 de la nueva PAC. Fondos que, con la cofinanciación de las administraciones y los planes de recuperación, ascenderán a más de 53.000 millones “con los que agricultores y ganaderos podrán hacer frente a los desafíos de la próxima década: sostenibilidad ambiental, digitalización y relevo generacional, con especial atención a la mujer, para trabajar por una igualdad real de género en el medio rural”, indicó Planas.