Latinoamérica, de la crisis a la hostilidad política con el capital extranjero

La historia de las inversiones extranjeras en América Latina es un relato de oportunidades, pero también de riesgos. En ella caben crisis cíclicas, inestabilidad, tiranteces y, en ocasiones, abierta hostilidad del poder político. En última instancia, es una crónica de señales y percepciones de ida y vuelta. El último capítulo se está escribiendo en México, como antes había sucedido en Bolivia o en Argentina. El plan energético impulsado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, hizo saltar todas las alarmas hace ya meses. Esta semana ha entrado en vigor una reforma eléctrica que desbarata el modelo existente y prioriza el suministro de una empresa del Estado con plantas obsoletas, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a pesar del impacto económico y ambiental que ese giro supone. Un día después de su entrada en vigor, ha sido frenada por la Justicia.

Ante esta decisión, una apuesta nacionalista de carácter eminentemente político, Iberdrola descartó a finales del año pasado nuevas inversiones en el país. Filiales de esa misma compañía o de Red Eléctrica sufrieron hace años expropiaciones del Gobierno de Evo Morales en Bolivia. La toma de YPF fue una de las nacionalizaciones más emblemáticas de Cristina Fernández en Argentina. Venezuela, cuyo Gobierno busca ahora capitales extranjeros para afrontar la crisis y sortear las sanciones de Washington, se convirtió en un páramo para las inversiones. Y el resto de la región, a menudo azotada por la inseguridad, la corrupción sistémica desnudada por el caso Odebrecht o la volatilidad de las políticas públicas, no ofrece ahora las mejores condiciones para explorar mercados. Incluso en Colombia, donde se abrió una enorme veta de oportunidades tras la firma de la paz con la guerrilla de las FARC en 2016, es China el país que está ocupando el vacío que han dejado, principalmente, España y Estados Unidos.

El fenómeno es, en términos generales, anterior a la pandemia de la covid-19 y tiene que ver precisamente con los mensajes políticos. Algunas de las medidas adoptadas por López Obrador en México y sus declaraciones, llegando a hablar de “neocolonialismo” y a vincular sin pruebas empresas españolas y estadounidenses a la corrupción y a la especulación sin freno, suponen por ejemplo un claro desincentivo. “La inversión es el mejor indicador de confianza que hay, porque no es tanto lo que la gente dice, sino lo que la gente hace. Y la inversión empieza a caer en el tercer trimestre de 2018”, señala la economista Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano de Competitividad (Imco). “Es importante el contexto previo a la pandemia. La cancelación del aeropuerto de Texcoco, por ejemplo, anunciada incluso antes de la toma de posesión del presidente, fue una pésima señal. A los inversores no les preocupó tanto la cancelación en sí, sino el proceso y las formas para hacerlo, con una consulta sesgada. Fue una señal que decía: ‘Así vamos a jugar”, apunta. “Con la covid hubo una caída drástica, pero sí, cambiaron las reglas del juego y creo que eso se mantiene. Hay empresarios nacionales e internacionales a los que no les interesa acomodarse. A menos que la rentabilidad sea impresionante, nadie se mete donde cambian las reglas del juego cada tanto”, continúa Moy.

A eso se ha sumado un factor que afecta especialmente al sector financiero: los tipos de interés han disminuido, y esa ventaja, que es la que también atrae inversiones, se está diluyendo. Por otro lado, hay un creciente temor a los arbitrajes, sobre todo en el sector energético y en el de las infraestructuras. “México no está siendo un país agradable para la inversión de ningún tipo y estamos dando señales de que no es bienvenida, y no solo la extranjera”, concluye esta analista.

Pero también hay otras consideraciones que ayudan a entender el panorama. Hubo un tiempo en que incluso en contextos de profunda inestabilidad política, como ocurrió en Venezuela, el factor riesgo atraía a algunos inversores. Ya no es así. “Los inversores internacionales tienen un apetito de riesgo mucho menor, el bum de las materias primas ya no seduce y hay una clara tendencia de desinversión de empresas de carbón, sector minero e infraestructuras”, resalta Sergio Guzmán, director de la consultora Colombia Risk Analysis. Igual que han optado por la prudencia algunas grandes empresas españolas, también lo han hecho las norteamericanas. A la licitación del metro de Bogotá, por ejemplo, una de las obras más emblemáticas del país andino, no se presentó ni una compañía estadounidense.

Riesgo de impunidad

Los riesgos de impunidad en Latinoamérica, con noticias casi diarias sobre nuevos casos de corrupción, no ayudan a la percepción de los mercados en el subcontinente. “Los empresarios no se van a meter en una camisa de once varas”, continúa Guzmán, que además destaca los frecuentes cambios de arquitectura legal. Con cada Gobierno, cabe esperar algún cambio radical que responde más a una lógica ideológica y política que económica. El caso de López Obrador está siendo especialmente evidente. Como ha sucedido con la reforma eléctrica, que en la práctica abre la puerta a una especie de nacionalización encubierta, cada decisión tiene un trasfondo de “orgullo nacional”. Ese es para el consultor David Shields el propósito que subyace detrás de este tipo de reformas estructurales. “Ser grandes héroes nacionales y volver a un pasado dorado en el que todo era mejor”.

Estas leyes pueden dar rédito electoral. Sin embargo, son nubes en el horizonte para la economía. “Estos cambios y los que vienen no son favorables, sobre todo para las empresas que tienen la prioridad del crecimiento trimestral como principal indicador de éxito”, prosigue Guzmán. “Las empresas que están haciendo planes con plazos de 30 o 40 años sí pueden encontrar oportunidades”, en su opinión. Pero esas condiciones abren otro capítulo de las inversiones en América Latina del que China, en busca de un arraigo económico y también político, quiere ser protagonista.