Se ofrece alquiler muy barato a cambio de proteger el edificio de okupas

España tiene un grave problema con la vivienda. El país que una vez fue capaz de construir tantas casas como Alemania, Italia y Francia juntas, carece hoy de un parque de pisos sociales en alquiler que garantice el acceso a colectivos cuyos ingresos no les permiten alquilar en el mercado libre y, mucho menos, comprar una casa. Además, en ocasiones, colisionan el derecho a una vivienda digna que reconoce la Constitución española y el derecho a la propiedad privada. El número de denuncias presentadas por ocupación ilegal de viviendas ha pasado de 10.376 en 2015 a 14.621 en 2019, último año con datos completos.

Un problema complejo, casi enquistado, que obliga a mirar el ejemplo de otros países europeos. El think tank académico Europa Ciudadana ha hecho el ejercicio y concluye que el modelo holandés es el espejo al que España debería mirar. “Ofrece soluciones rea­listas al problema de la vivienda que podrían servir de ejemplo para llevar a cabo una regulación en España que acabe con la ocupación y facilite el uso como vivienda de inmuebles que ahora se encuentran vacíos, sin uso y desprotegidos”, dice José Carlos Cano Montejano, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y autor del informe El acceso a la vivienda en España: ¿qué hacer con el problema de la ocupación? Porque, sostiene, “el concepto de vulnerabilidad ha venido para quedarse y la ocupación ilegal en España va a ir a más por la crisis económica que ha traído la pandemia”. Por eso, aboga por tener en cuenta el modelo holandés en la ley de vivienda que el Gobierno de coalición trata de sacar adelante estos días.

En los Países Bajos se han promovido los alquileres temporales en edificios vacíos y abandonados para colectivos con ingresos bajos, como estudiantes, jóvenes con su primer empleo, trabajadores temporales… Es decir, oficinas, escuelas, geriátricos, antiguos almacenes y hasta molinos de viento se han convertido en espacios habitacionales, algo que permite la ley de ocupación y vacantes de 2010.

Al amparo de la ley del alquiler temporal de 2016 se ha posibilitado el arrendamiento de esos edificios por periodos de corta duración. La gestión de esos inmuebles en desuso, que pueden ser públicos o privados, recae en las conocidas como empresas de gestión de espacios vacantes, a las que contrata el propietario.

Las personas que habitan en esos edificios son los guardianes. Más que inquilinos al uso, son vigilantes residentes porque tienen la obligación de mantener el inmueble en buenas condiciones y evitar los actos vandálicos y la ocupación. La fórmula “permite a colectivos sin recursos acceder por primera vez al mercado de la vivienda y al ser temporal no vincu­la al propietario de una manera gravosa y permanente ni tampoco tiene la necesidad de incurrir en gastos exorbitantes”, dice Cano Montejano. El profesor cree que el modelo “puede dinamizar hasta cierto punto el mercado del alquiler en España”.

En los Países Bajos hay más de un centenar de empresas privadas de gestión de espacios vacantes. También en Alemania, Francia, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia y Bélgica. La firma Global Guardians, que opera en el Reino Unido, tiene 27.966 guardianes registrados y calcula haber ahorrado 285 millones de libras en concepto de seguridad a los propietarios, a los que devuelve su inmueble con solo 32 días de antelación. Su página anuncia que cada residente puede ahorrar hasta el 60% del coste del alojamiento. Dot Dot Dot, fundada en 2011 por Katharine Hibbert, periodista que escribía sobre el problema de los edificios vacíos en el Reino Unido, trabaja con ayuntamientos, asociaciones de vivienda y promotores inmobiliarios.

En España acaba de aterrizar la primera empresa de gestión de vacantes. La holandesa Ideal Guardian se ha marcado el objetivo de ubicar a 5.000 guardianes en inmuebles vacíos este año. En sus 30 años de vida han tratado con más de 100.000 y operan en seis países. Se dirigen a grandes propietarios, tanto del sector privado como del público, para gestionar colegios, oficinas, museos o edificios de pisos. En España tienen especial interés en convertirse en socios estratégicos de las administraciones, tenedoras de un importante volumen de edificios vacíos. Dicen haber tenido algunas reuniones, pero ninguna operación cerrada.

Aunque aquí no hay un marco legal que contemple el alquiler temporal ni la figura de los guardianes, la empresa insiste en su legalidad. Dice llevar seis meses estudiando el mercado y preparando la entrada con el bufete de abogados internacional Hogan Lovells. “Hay varios elementos de la legislación actual española con los que podemos acercarnos a la figura de los guardianes, que no son inquilinos porque, además, no tienen ninguna relación con el propietario, toda la relación contractual es con Ideal Guardian”, señala John Van Haren, consejero delegado de la firma.

De seis meses a tres años

Sus guardianes residen en los edificios por un tiempo, que va de seis meses a tres años, y tienen una serie de responsabilidades, como vigilar que no se deteriore y avisar si surge algún problema (con goteras, calefacción, tuberías…). A cambio, el coste por residir es muy reducido. Ideal Guardian gestiona un edificio en la Place Vendôme de París donde hay una veintena de personas residiendo por 201 euros al mes (para cubrir los gastos de agua, luz, comunidad…). Se trata de un edificio de oficinas que espera un cambio de uso. Mientras, han convertido una planta en 20 estudios con zonas comunes y baños compartidos. El propietario del inmueble es quien asume el coste de la adecuación. “Cada estudio cumple la normativa y las condiciones de habitabilidad y seguridad”, insiste Van Haren.

Las empresas de vacantes hacen un prolijo proceso de selección. “Elegimos personas que sabemos que no van a dar problemas y no aceptamos familias con hijos”. Es clave ser flexible a la hora de mudarse, no hacer fiestas o involucrarse en el vecindario. Cada mes la empresa realiza una visita a cada uno de los inmuebles y para el desalojo avisa con un mínimo de un mes de antelación. “La gran mayoría es gente con edades entre 25 y 30 años con su primer puesto de trabajo que quiere independizarse y ahorrar para un viaje o para comprar una casa”, señala el consejero delegado. Si los edificios están lejos de las zonas urbanas o no reúnen ciertas condiciones de habitabilidad, los descartan.

Sin embargo, el modelo no gusta a las plataformas de inquilinos. “Es una manera más de introducir condiciones indignas en el terreno de la vivienda y de esquivar las leyes que protegen nuestros derechos, convirtiéndolas además en un nuevo nicho de negocio altamente especulativo”, opina Jaime Palomera, portavoz del sindicato de inquilinos de Barcelona.

Desde CC OO tampoco ven con buenos ojos el modelo e insisten en que lo que se necesita de verdad “es una batería de medidas que hagan efectivo el derecho a una vivienda digna recogido en la Constitución”, dice Carlos Gutiérrez, secretario de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo del sindicato.