Ya estamos en Marte. ¿Qué ley rige allí?
Las nuevas actividades en el planeta rojo plantean un sinfín de dudas legales
Primero fue la Luna, próximamente será Marte. El histórico aterrizaje del Perseverance en la superficie marciana supone un pequeño paso para un rover, pero un gran salto para la humanidad. Los experimentos que esta misión llevará a cabo están pensados para preparar la futura llegada del hombre al planeta rojo, un hito histórico que, según los cálculos de la NASA, sucederá en la próxima década. Después, en un futuro no muy lejano, quizá existan colonias de humanos en la Luna y en Marte, tal y como vislumbra el magnate y fundador de SpaceX, Elon Musk.
Sin embargo, estas actividades extraterrestres plantean multitud de cuestiones que precisan de una solución legal. En primer lugar, cabe preguntarse qué ley rige en el espacio exterior y si un país puede apropiarse de parte o de todo un planeta. En teoría, ningún Estado puede adueñarse o reivindicar el uso ni de Marte, ni de la Luna ni de ningún otro astro o superficie cósmica. “La bandera sirve para la foto y para indicar que has llegado”, afirma Rafael Harillo, abogado especialista en Derecho Espacial del Bufete Mas y Calvet. Este asunto quedó resuelto en 1967, año en que la mayoría de los países, incluidas las superpotencias, firmaron el conocido como Tratado del Espacio, que en su artículo segundo prohíbe estas anexiones. La norma, subraya Pablo Fernández Burgueño, abogado of counsel de New Law en PwC Tax & Legal, avala la exploración y utilización del espacio ultraterrestre “en interés de la humanidad y para la paz”.
No obstante, el panorama de la investigación espacial ha cambiado mucho desde entonces, lo que “hará necesaria una nueva regulación internacional”, opina María del Carmen Muñoz, profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de Jaén. En las décadas de los sesenta y setenta (cuando se firmaron los cuatro tratados principales de la ONU) no se legisló, por ejemplo, sobre las futuras bases humanas en los planetas. “Solo contamos con previsiones generales”, apunta la profesora. La realidad es que ya hay proyectos sobre la mesa. La NASA planea establecer el Artemis Base Camp en el polo sur lunar en 2024, el mismo sitio en que rusos y chinos quieren construir una estructura conjunta similar. Con la creación de estas instalaciones permanentes se puede dar la paradoja de que, aunque la superficie que abarquen no sea del país dueño de la base, la zona quedará de hecho sometida a su legislación. Esto no quiere decir, explica Fernández, que vayan a existir fronteras, pues está previsto que cualquier persona pueda acceder a las instalaciones informando de su llegada.
Otra pregunta que podría plantearse es qué norma será aplicable en caso de que se produzca un delito en el espacio. Aunque este escenario puede parecer remoto, lo cierto es que ya ha sucedido. Se trata del caso de una astronauta estadounidense investigada por acceder a una cuenta bancaria de su exmujer desde la estación espacial internacional. Estos supuestos, apunta el abogado, se resuelven mediante las reglas del derecho internacional, conforme al que podría aplicarse “o bien las normas del país del astronauta que realiza la acción, las del afectado o las del Estado para el que tiene bandera la base”.
Recursos espaciales
Por otro lado, una de las tareas del Perseverance en Marte es la de recoger muestras de rocas para, después, enviarlas a la Tierra. Más allá de la investigación, uno de los mayores debates se centra, precisamente, en cómo regular la posible explotación de los recursos espaciales y si estos debieran ser considerados patrimonio común de la humanidad. Actualmente, explica Muñoz, hay dos posturas enfrentadas: aquellos países que defienden la libre exploración y utilización y los que reclaman un régimen alternativo basado en lo que propone el llamado Tratado de la Luna de 1979. Este prevé una “participación equitativa de todos los Estados en los beneficios obtenidos”. Sin embargo, relata, este acuerdo solo ha sido ratificado por 18 países, entre los que no se encuentran las potencias espaciales. En todo caso, opina Harillo, “hay tiempo más que razonable para poder llegar a regulaciones que eviten reproducir errores del pasado”.
Entonces, ¿sería lícito que una empresa extrajera comercializara estos recursos? “Sí, si fuera estadounidense o luxemburguesa”, revela Fernández. El motivo es que estos dos países han aprobado una ley de minería que ampara estas prácticas. Sin embargo, aclara, con el Perseverance, Estados Unidos no puede apropiarse de los materiales que traiga de Marte, sino que estos “quedarán a disposición de la comunidad científica”.
Más allá de los escenarios futuristas, el cosmos ya está generando problemas legales. Quizá el más grave de ellos sea la acumulación de la llamada basura espacial (restos de satélites u otros fragmentos que pueden causar incidentes). Lamentablemente, señala Muñoz, “los Estados no han logrado crear un tratado vinculante en la materia, sólo se han establecido unas directrices”. Actualmente, añade Harillo, hay obligación de registrar todos los objetos que se ponen en órbita para que los Estados se responsabilicen de ellos, pero “debería ser obligatorio no ensuciar y recoger los residuos”.
En las próximas décadas veremos el rumbo que van tomando estas regulaciones para afrontar los nuevos desafíos. Como señala Pedro Fernández-Villamea, coordinador académico de AEDAE (Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial), los próximos retos son la wifi vía satélite y las previsiones meteorológicas exactas. La carrera espacial, opina, ha dejado de ser solo una pugna geopolítica. “En el siglo pasado se pensaba que conquistar el espacio te ayudaba a ganar guerras; ahora se han dado cuenta de que, conquistando el cosmos, se conquistan mercados”, sentencia.
Claves
Parece ciencia ficción, pero quizá dentro de unos años los astronautas no serán los únicos que podrán dar una vuelta por la Luna. Compañías como SpaceX, de Elon Musk, o Virgin Galactic, de Richard Branson, están apostando por estos viajes espaciales, todavía al alcance de pocos bolsillos. Los futuros turistas deberán cumplir una serie de requerimientos (edad, presión arterial...) que tendrán que fijarse en cada Estado, apunta Pedro Fernández-Villamea, vocal de AEDAE. Es muy probable que, al comprar el billete, firmen una cláusula de exoneración de responsabilidad en caso de incidente, que no operará cuando el empresario cometa una negligencia.
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