La patronal de constructoras pide ampliar el plazo de ejecución de las ayudas europeas para no perder fondos

Seopan cree que el sector volverá a crecer entre un 1% y un 2,7% en 2021

La A-7 prácticamente sin tráfico a su paso por Murcia, en abril de 2020.
La A-7 prácticamente sin tráfico a su paso por Murcia, en abril de 2020.Marcial Guillén

Seopan (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras) cree que el sector al que representa dejará atrás el fatídico 2020 para volver a crecer este año entre un 1% y un 2,7%. La horquilla es amplia porque las perspectivas en 2021 son “inciertas” y el vigor de la recuperación, apunta la patronal, dependerá de la ejecución presupuestaria que sean capaces de cumplir las Administraciones públicas y de la capacidad que tengan para gestionar en plazo las ayudas que han de venir de Europa. España espera este año la llegada de 34.490 millones de euros, pero la regulación de la mayor parte de esas partidas no estará finalizada hasta septiembre. En ese contexto, la organización empresarial cree que “debería plantearse a las autoridades competentes de la Unión Europea una posible ampliación de los plazos de ejecución de estas ayudas”.

“Es muy complejo gestionar más de 34.000 millones en un año y eso sería diferente si empezáramos 2021 con todo tramitado”, ha valorado Julián Núñez, presidente de Seopan, al presentar este lunes los resultados del sector en 2020 y las perspectivas que tiene su organización, que agrupa a las mayores compañías españolas de construcción y gestión de infraestructuras públicas, para el presente ejercicio. “Es un tema más de plazos europeos y de que el impacto negativo de la covid en la actividad económica va a afectar, si no a todo 2021, a una gran parte; y debería tenerse en cuenta dar algo más de plazo”, ha añadido el presidente de la patronal, situando así el foco del problema de las ayudas europeas en Bruselas y no en las Administraciones públicas españolas. En ese sentido, no es hasta el próximo 31 de agosto cuando se espera resolución de la Comisión Europea sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, al que están vinculados algo más de 24.000 millones, que son los que preocupan.

Las Administraciones españolas, sin embargo, tampoco se han librado de otro tirón de orejas por el lado de la ejecución presupuestaria. El año pasado, en el marco de una caída general de la licitación pública de obra civil (-25%) y de la contratación pública (-40%), la ejecución presupuestaria se quedó en el 68,7%. Seopan cree que esta baja cifra (que supone que más de tres de cada diez euros presupuestados no llegaron a su destino) “confirma la gravísima tendencia iniciada en 2013”. En ese año sitúa la patronal una inflexión a la baja que ha llevado a que en el último lustro (2016-2020) la ejecución presupuestaria se sitúa en España en una media del 63%. Son 20 puntos porcentuales menos que la media de los ejercicios del periodo 2007-2015.

En total, desde 2007, de los más de 190.000 millones presupuestados en inversión se han ejecutado algo menos de 150.000 millones. Seopan calcula que esto supone una pérdida de retorno fiscal que supera los 20.000 millones y que se hayan dejado de crear 48.000 empleos a jornada completa. Entre las causas, la patronal apunta a “retrasos injustificados” en la licitación y adjudicación de contratos; a la suspensión de contratos bien sea por adjudicaciones a ofertas con precios anormalmente bajos que acaban sin completarse o sin tener calidad suficiente, o bien por “presupuestos de difícil viabilidad económica”; y la elevada judicialización de los problemas entre las Administraciones y los contratistas a la hora de interpretar los contratos y su cumplimiento.

Menos inversión que en Europa

En el capítulo de resultados del año pasado, las ya referidas caídas en la licitación y contratación se traducen en un retroceso de la producción en la obra civil (-0,9%) que cortó la recuperación iniciada en 2019, cuando se había avanzado (4,9%) por primera vez en años. La edificación residencial se ralentizó aunque siguió creciendo (37,3%, frente a más de un 76% en 2018) mientras que la edificación no residencial se contrajo un 3%. La pandemia y las restricciones a la movilidad aparejadas también tuvieron un fuerte impacto sobre el tráfico en las vías gestionadas por las empresas asociadas en Seopan. En las autovías y autopistas estatales, los niveles de circulación entre marzo y diciembre se desplomaron un 37%; y en las autonómicas, un 35%. En ambos casos, no obstante, resistió mejor el transporte pesado, con sendas caídas de tráfico del 11% y el 8%, respectivamente. Desde el punto de vista del empleo, Seopan señala que el primer estado de alarma (marzo-junio) supuso la destrucción de más de 80.000 puestos, pero destaca que a finales de año el sector constructor ya había recuperado prácticamente los niveles de empleo anteriores a la crisis del coronavirus.

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En la presentación del informe también han tenido cabida tres de las clásicas reivindicaciones de la patronal. La primera es la petición de un mayor uso por parte de las Administraciones del régimen concesional (esto es, encargar a empresas privadas la construcción y explotación de determinadas infraestructuras), que el año pasado solo representó adjudicaciones por 55 millones de euros. La segunda es el avance de la red viaria española hacia un modelo de peajes generalizado en las autovías. Seopan recuerda que, según los cálculos que realizó en su día, implantar la tarificación en 14.130 kilómetros en la red viaria supondría que el Estado captaría 104.000 millones de las concesionarias que optasen a esos concursos y luego anualmente ingresaría en impuestos unos 4.698 millones, además de ahorrarse 850 millones en mantenimiento. Por último, la patronal insiste en la insuficiencia de la inversión pública española para cumplir con la Agenda 2030, incluso contando con la entrada extraordinaria de los fondos europeos. En ese sentido, señala que los 56.000 millones de inversión prevista para 2021 y 2022 quedan muy lejos de los 198.600 millones contemplados por Alemania, los 185.800 millones de Francia, o los 93.000 millones de euros de Italia.

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Sobre la firma

José Luis Aranda

Es redactor de la sección de Economía de EL PAÍS, diario donde entró a trabajar en 2008. Escribe habitualmente sobre temas de vivienda y referentes al sector inmobiliario. Es licenciado en Historia por la Universitat de València y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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