Y el cortocircuito llegó también a la construcción

El estruendo de la maquinaria ha parado alrededor del Santiago Bernabéu, una de las grandes obras que estos días se han congelado en toda España. El silencio convive con el trinar de los pájaros y el pitido de los semáforos delante del estadio. Algo insólito. Las obras se habían convertido en el símbolo de ese Madrid que seguía funcionando mientras casi todos los ciudadanos viven confinados. Finalmente, tras la presión de políticos y profesionales, todos los trabajos no esenciales han echado el cierre. De momento, hasta después de Semana Santa.

El tajo es el gran protagonista del parón ordenado por el Gobierno el 29 de marzo. El decreto que obliga a detener toda actividad no esencial afecta en el sector a casi 1,8 millones de empleos mensuales, 500.000 de ellos indirectos, según cálculos de Seopan, la patronal de grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras. Una encuesta del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), que agrupa a los colegios profesionales de todo el territorio, indica que ha detenido el 89% de las obras, todas aquellas que no son urgentes ni de interés general.

Antes del decreto, solo un 34% de los trabajos habían sido suspendidos voluntariamente, lo que “situaba a los trabajadores del sector de la construcción en una situación de vulnerabilidad frente a la expansión del virus”, según Alfredo Sanz, presidente del consejo de arquitectos técnicos. Ese organismo, junto con los de arquitectos e ingenieros de obras públicas, había solicitado al Gobierno la paralización del sector. Una medida que para Juan López-Asiain, director del Gabinete Técnico del CGATE, no es especialmente complicada desde el punto de vista de la operativa. “La dificultad para abrir yo creo que va a ser mayor, pero más por un tema de que esta crisis puntual deje a empresas en situación delicada”, valora.

Aunque no lo había pedido, tampoco Seopan se opone a un cierre decidido por criterios de salud pública. Pero sí ha criticado cierta precipitación, al igual que la patronal de promotores inmobiliarios APCE. El presidente del Gobierno anunció la extensión del confinamiento el sábado 28 y el decreto se publicó casi en la medianoche del domingo al lunes, con un plazo de 24 horas para cumplirlo. Eso obligó a tener que solventar numerosas cuestiones mediante órdenes ministeriales el lunes. Los inconvenientes técnicos —desde asegurar un tajo para que no se derrumbe por la inactividad hasta garantizar los desvíos provisionales de trabajos en vías públicas— se solucionaron, pero quedan asuntos por resolver.

“Hay empresas que siguen soportando costes fijos, porque no pueden despedir, junto con vencimientos financieros y frente a un escenario de ingresos complicado”, señala Julián Nuñez, presidente de Seopan. Su organización pide al Gobierno medidas de liquidez “para transitar este difícil abril”. Fuentes del sector añaden que sería importante poder acogerse, como otras actividades, a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor.

Los empleados de la construcción, en virtud del decreto del pasado domingo, llevan una semana de permiso retribuido y así estarán al menos hasta el 9 de abril, contando con que el día siguiente será festivo (Viernes Santo) y luego hay un fin de semana. Pero los sindicatos describen una realidad diferente. “Al haber mucho contrato eventual o de obra, muchas pequeñas empresas lo que han hecho es despedir”, indica Pedro Hojas, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT. La construcción demandaba mano de obra hasta hace un mes, pero el temor es que una vez pase la epidemia muchas compañías no puedan reanudar inmediatamente o esperen unos meses a ver cómo evoluciona la situación económica.

También los trabajadores por cuenta propia viven el reforzamiento de las últimas restricciones del estado de alarma con serias dudas. Arturo Wrobel está hecho un lío al igual que muchos otros autónomos de la construcción. El martes un control de la Policía Nacional lo paró camino del piso que está reformando en Madrid. Lo mandaron de vuelta a casa bajo amenaza de multa sin ni siquiera atender a los papeles que, a modo de salvoconducto, llevaba. La pandemia le llevó a dejar de contratar a otros obreros y hace días que trabaja solo. Sabe que no lleva a cabo una obra de urgencia como pueda ser la rotura de una tubería o un fallo en la instalación eléctrica, pero se queja de las dudas sembradas por el decreto del pasado domingo, aunque este solo se refería a los trabajadores por cuenta ajena.

Los autónomos de la construcción siguen pagando la cuota la Seguridad Social. La gestoría de Wrobel le insiste en que estos días puede seguir trabajando, pero a la vez le pide que no se arriesgue a ser multado. “Si no me cobraran, yo encantado. Me quedo en casa”, argumenta. “Estamos en un limbo”, se queja Rafael E., que está en una situación parecida. Este autónomo finalmente ha optado por parar la reforma de un piso que llevaba a cabo en el centro de Madrid y describe una realidad que ahora mismo está llena de interrogantes: “A mí nadie me va a pagar los días que no trabajo, ¿cómo recupero yo esos días?”.

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