La desprotección de los más vulnerables

La pandemia de covid -19 está ampliando peligrosamente el colectivo de personas que viven en condiciones deplorables. El pasado noviembre la Comisión Europea aprobó la Nueva Agenda del Consumidor con el propósito de reforzar la protección de estas personas calificadas como vulnerables.

Más allá de la estrecha vinculación existente entre vulnerabilidad y la situación económica individual, hay otras circunstancias sociales que sitúan a determinados colectivos en una situación de “subordinación, indefensión o desprotección”. Para la Comisión, estas circunstancias sociales pueden deberse a “la edad, género, estado de salud, alfabetización digital, capacidad de cálculo o situación económica”. De manera expresa alerta del aumento de la vulnerabilidad financiera de muchos hogares de la UE, que según la encuesta realizada al comienzo de la crisis de la covid-19, indica que “seis de cada diez consumidores han experimentado dificultades financieras”.

Inspirado por esta normativa europea, el gobierno español aprobó la semana pasada el Real Decreto Ley 1/2021, con medidas para remediar el agravamiento de la situación de las personas vulnerables. La norma proporciona una inquietante radiografía de los diversos colectivos vulnerables que constituyen el sustrato de las profundas desigualdades existentes en nuestro país.

El género aparece como un factor estructural que subordina claramente a las mujeres en el ámbito económico. La renta neta anual media en los hogares es mayor en aquellos en los que la persona de referencia es un hombre (30.531 euros) que en los que lo es una mujer (25.198 euros). La diferencia es más significativa en las pensiones públicas. La pensión media de las mujeres del pasado octubre se situó en 813 euros frente a los 1.235 de los hombres.

Especialmente grave es la situación de las mujeres víctimas de violencia de género, un 84% de las cuales están en riesgo de pobreza, según la Cruz Roja.

La vulnerabilidad se multiplica cuando a la discriminación por género se acumula la de la edad. Es el caso de los hogares monoparentales encabezados por mujeres, que en un 46,8% se encuentran en riesgo de pobreza, y tienen una tasa de pobreza infantil quince veces superior a la media.

Es significativa la desprotección debida al nivel formativo de las personas analfabetas funcionales que en España ascienden a 577.600, según el Instituto Nacional de Estadística. Igualmente el lugar de residencia es una causa de vulnerabilidad. Según el Banco de España, 4.109 municipios, el 51,8% del total, no tienen acceso a ninguna oficina bancaria.

A la luz de estos y más datos, el Real decreto–ley crea la figura de “persona consumidora vulnerable” que deberá ser objeto de especial atención tanto por las autoridades como por las empresas. Entre las medidas adoptadas, la prohibición de desahucios de casas ocupadas por familias con menores o mujeres víctimas de violencia de género, que en todo caso debe decidir un juez, está plenamente justificadas ante tan injusta realidad social. Los compromisos adquiridos con Naciones Unidas y la Unión Europea deben cumplirse. Aunque el problema de la vivienda requiere soluciones más amplias y profundas.