Calviño: “El apoyo público para financiar los ERTE no puede servir para despidos más adelante”

El pacto para renovar los ERTE hasta el 31 de mayo sigue sin cerrarse. Las negociaciones han encallado porque las patronales piden flexibilidad en la obligación de las empresas que se acogen a estas ayudas de mantener el empleo por seis meses. Pero este viernes han recibido un claro aviso de la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño: “Nadie duda de que el apoyo público para financiar los ERTE no puede, en última instancia, servir en procesos de despidos posteriores”.

A estas alturas, las negociaciones para renovar el mecanismo extraordinario de protección de empleo que se ha desplegado en esta crisis debían estar ya concluidas según el plazo que los propios protagonistas de las conversaciones ―ministerios de Trabajo y de Seguridad Social, CEOE, Cepyme, CC OO y UGT― se habían dado. De hecho, no está previsto que haya más encuentros de los negociadores. Y aunque no hay un acuerdo, nadie lo descarta todavía.

La última oferta que ha puesto el Gobierno sobre la mesa ha satisfecho a los sindicatos. Se espera que las ejecutivas de ambas centrales de trabajadores den su aprobación el próximo martes. El mismo día se reúne la junta directiva de CEOE y aquí las cosas no están tan claras.

En el último encuentro, fuentes presentes en él apuntan que a los negociadores les gustaba el texto que habían propuesto los representantes del Gobierno. Se han atendido varias de sus peticiones, como la de hacer automáticos y con muchos menos trámites ―lo que se traduce en menos costes para las empresas― los cambios de una modalidad de ERTE a otra. También gusta que en la variante más amplia y protectora de ERTE se mantengan buena parte de las actividades pactadas en septiembre y las que se añadieron en diciembre en el decreto de apoyo a la hostelería, y que, además, se añadan otras.

Pero la obligación para las empresas de mantener el empleo durante seis meses después de incorporar al primer trabajador en ERTE se ha convertido en un escollo. Fuentes del diálogo social señalan que esta vez la CEOE no pide tanto su eliminación ―se pactó en ediciones anteriores y las patronales lo aceptaron―, sino más flexibilidad en su aplicación.

Y en este contexto es en el que ha llegado la advertencia de la ministra de Economía, Nadia Calviño. En la respuesta que ha dado a preguntas de los periodistas tras la reunión con los agentes sociales no ha bajado al detalle, pero sí ha dejado claro que no le gustan los despidos en empresas que se hayan acogido a los ERTE.