Los agentes sociales exigen a Calviño margen para negociar las reformas prometidas a Bruselas

El Gobierno ha presentado este viernes a los sindicatos y los empresarios, con la fanfarria de las grandes ocasiones y con siete ministros en liza, la friolera de 170 reformas que van a acompañar a los proyectos españoles para gastar los fondos europeos, una de las claves de la salida de la crisis, de la legislatura y de la política económica de los próximos tiempos. Los agentes sociales, sin embargo, fruncieron el ceño porque detrás del humo de esas 170 reformas siguen sin tener pistas acerca de las dos que de veras les importan: la laboral y la de pensiones. Exigen, especialmente los sindicatos, margen para negociar esas dos reformas antes de que lleguen a Bruselas. Pero ese margen apenas existe: patronos y representantes de los trabajadores no han visto papeles hasta ahora y el Gobierno se comprometió a mandarlas a la Comisión Europea antes del final de enero, admiten en La Moncloa. Los sindicatos amagan incluso con movilizaciones, en el primer gesto hostil para la paz social en mucho tiempo.

La solemnidad del acto, el nutrido grupo de ministros y el elevadísimo número de reformas contrasta con la información que ha proporcionado el Ejecutivo a patronos y sindicatos. “Necesitamos conocer la orientación de las reformas”, ha lamentado a la salida el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. “No se ha entrado al detalle”, ha apuntado el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva.

Temerosos de que lo que se mande a Bruselas limite el margen de maniobra en el diálogo social, los agentes sociales exigen al Ejecutivo que les deje hueco. “No vamos a asumir los compromisos previos que el Gobierno mantenga con Europa y que no sean tratados previamente en las mesas de diálogo social”, añadió Unai Sordo, líder de CC OO. Cuerva, por su parte, pidió cuidado porque las reformas vienen “en un momento complicado”, cuando las empresas están “sufriendo muchísimo”.

La vicepresidenta Nadia Calviño ha anticipado ya a la UE todas sus reformas excepto la laboral y la de pensiones. Pero en esos dos asuntos clave la falta de detalles —sindicatos y empresarios no han visto aún la documentación— disgusta. “Es muy difícil hablar así”, apuntó Álvarez, de UGT. Otras fuentes presentes en el encuentro confirman que no hay papeles sobre la mesa aún. Algún ministerio ha pedido que se les entregaran. Calviño se comprometió a entregarlos “la semana que viene”, asumió en la rueda de prensa posterior. Y acompañó esa promesa de una frase que ya ha pronunciado esta semana: “Nuestro Gobierno está determinado a tratar de lograr el máximo consenso político y social”. ha eludido decir si para llevar adelante las reformas se precisará un acuerdo, lo que daría poder de veto a cada una de las partes.

El malestar viene creciendo desde hace un tiempo entre los sindicatos, que se quejan del retraso en la puesta en marcha de los compromisos sociolaborales que contempla el pacto de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. Reclaman en primer lugar la derogación de los “aspectos más lesivos de la reforma laboral”. Pero en los últimos tiempos se han añadido dos elementos: la congelación del salario mínimo interprofesional y la intención de Seguridad Social de elevar de 25 a 35 años el periodo de cómputo de las pensiones, que en la práctica supone un recorte. Esto les ha llevado a lanzar un aviso: si no hay cambios, en febrero habrá movilizaciones. La advertencia se concretará el martes, aunque son conscientes de que la situación sanitaria impide convocatorias multitudinarias.

Por eso, los sindicalistas mostraron a las claras su descontento tras la reunión. Les molesta que no haya documentación sobre la que discutir, y acusan al Ejecutivo de hacerles luz de gas: pueden leer el esbozo de los planes del Gobierno en la prensa sin que luego tengan ningún reflejo en las mesas de negociación. En la de pensiones, que no se reúne desde antes de Navidad, no se ha hablado de la ampliación del periodo de cómputo. Sí se han abordado otros puntos —en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo—, pero no ese. Tampoco esta vez han tenido ocasión de saber nada al respecto: “El ministro de Inclusión no ha pronunciado la palabra 35 años, ni 25 ni 22”, ha aclarado con sorna Álvarez, de UGT.

España ya ha enviado a Bruselas la gran mayoría de los 30 proyectos comprometidos para recibir los 170.000 millones con la finalidad de afrontar las consecuencias de la pandemia y modernizar la economía. Faltan dos asuntos medulares: las reformas laboral y de las pensiones. No son los únicos en los que los agentes sociales participan, pero sí lo que les toca más de cerca. “Esos dos componentes no se enviaron a finales de diciembre porque queríamos tener una reunión con los agentes sociales”, explicó Calviño. Esa reunión ha llegado este viernes. Y ha dejado incógnitas.