El pacto para prorrogar los ERTE encalla por el compromiso de mantener el empleo para las empresas

El Gobierno ha puesto sobre la mesa la última propuesta para renovar los ERTE hasta el 31 de mayo. Los sindicatos, a falta de lo que oficialmente digan sus ejecutivas, aceptan la oferta. Los negociadores de las patronales CEOE y Cepyme evitaron comprometerse y, según fuentes presentes en el encuentro, remitieron a la opinión de su junta directiva, que se celebrará el próximo martes. “En principio no hay acuerdo”, apuntaban fuentes sindicales al acabar el encuentro. El escollo principal lo encuentra CEOE en la obligación de mantener el empleo durante los seis meses siguientes al ERTE.

Con este escenario, se puede decir que las tres partes están a punto de incumplir el plazo que se habían dado para cerrar un acuerdo rápido que diera certidumbre a empresas y trabajadores con prontitud. Según explican fuentes presentes en la cita de este jueves, hay un acuerdo bastante compartido en el plazo de la prórroga, hasta el 31 de mayo. Esto ya se vio desde el primer momento.

También gusta que se hayan aligerado los trámites para que las empresas puedan pasar de una modalidad de ERTE a otra de forma automática. Esto era una reivindicación de la propia CEOE. Y, además, se habrían añadido algunas actividades a los ERTE que tienen una mayor protección, es decir, los que han sido más golpeados durante la pandemia.

Sin embargo, todo esto tropieza con la obligación de mantenimiento del empleo por seis meses para las empresas que se acojan a los ERTE. La CEOE rechaza la interpretación que hace Trabajo de esta cláusula y está reclamando el cambio. Eso es lo que, apuntan, lleva a sus negociadores a señalar en la mesa que aunque les guste la “filosofía del texto” no pueden dar su visto bueno.

Los empresarios siempre han lamentado la existencia de esta cláusula que obliga a las empresas a mantener el empleo si se acogen a un ERTE o, de lo contrario, devolver todas las cotizaciones exoneradas. En esta ronda de negociación, lo que CEOE y Cepyme están reclamando es que la aplicación de esta obligación sea flexible. Fuentes de las organizaciones patronales explican que ellos no piden tanto un cambio en la redacción del decreto como otra interpretación del texto legal. Uno de sus negociadores explicaba al acabar el encuentro que rechazan que si una empresa cierra un centro de trabajo y despida a los trabajadores de ese centro, tenga que reembolsar las cotizaciones de toda la plantilla.