Se redobla la presión para liberar a las Entidades Locales del cumplimiento de las reglas fiscales con el uso de sus remanentes de tesorería

Las Corporaciones Locales no han dejado de acumular recursos en caja desde 2012 gracias a los superávits que anualmente registran. La rapidez respecto a otras administraciones públicas en salir de una situación deficitaria tras la crisis económica y la fuerte observancia de las reglas fiscales, concretamente del cumplimiento de la regla de gasto, han derivado en que, a cierre de 2019 según los datos publicados la semana pasada por el Ministerio de Hacienda, cuenten con un remanente de tesorería para gastos generales, una suerte de aproximación a su liquidez disponible, de más de 15.700 millones de euros.

Remanente de tesorería para gastos generales de las Entidades Locales a cierre de 2019

Esta ya de por sí abultada cuantía, continuará aumentando a medida que más entidades locales remitan al Ministerio sus cuentas cerradas del ejercicio 2019 ya que, hasta ahora, estos datos pertenecen 5.387 ayuntamientos de los 8.131 existentes y a 49 diputaciones y organismos asimilados de 52.

El reparto de estos recursos es relativamente homogéneo en todo el panorama nacional. Aunque a diferentes escalas en función de su población, se observa que un gran número de ayuntamientos disponen de importantes cuantías en sus cajas.

En todo caso, si ponemos el foco en las diez ciudades más pobladas del país, no todas cuentan con la misma capacidad de uso de fondos. Mientras que el Ayuntamiento de Madrid posee un remanente para gastos generales de más de 1.100 millones de euros, el 22% de todos los ingresos corrientes que recibe en un año, las cuantías son más modestas para ayuntamientos como el de Barcelona, Zaragoza o Sevilla.

Remanente de tesorería para gastos generales en las 10 ciudades más pobladas de España a cierre de 2019. Mill. de €

En el caso de diputaciones, consejos y cabildos insulares, la situación es similar a la de los ayuntamientos, e incluso mejor. Las 49 que han remitido información, excluyendo las tres diputaciones forales vascas, cuentan con casi 4.300 millones de euros en remanentes de tesorería para gastos generales acumulados hasta el cierre de 2019.

Diputaciones y organismos asimilados con mayor remanente de tesorería para gastos generales acumulado a cierre de 2019

Esta situación, que ya viene exponiendo la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) desde hace varios años y que derivó en la solicitud de habilitar alguna excepción a la normativa de estabilidad presupuestaria, ha vuelto a ser el centro de las discusiones en materia local a raíz de la llegada de la COVID-19. A la vez que surgen nuevas necesidades de gasto asociadas a la lucha contra la pandemia desde el ámbito social, sanitario y económico, nos encontramos con una fuerte paradoja en el sector público español. Mientras que el Estado está teniendo que aumentar su déficit y deuda para cubrir los nuevos gastos y la caída en la recaudación, las corporaciones locales cuentan con un volumen de recursos acumulados (un nada desdeñable 1,4% del Producto Interior Bruto) que desean utilizar.

El debate, sin embargo, está aún abierto. La FEMP el pasado 22 de mayo aprobó en su Junta de Gobierno un documento de medidas extraordinarias en las que, entre otras, se solicitaba al Gobierno que todos los gastos devengados hasta el momento y los que posteriormente se deriven de la crisis sanitaria, no computen en términos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto. Por otro lado, la ministra de Hacienda la pasada semana abogó en rueda de prensa porque estos fondos puedan utilizarse, siempre en coordinación con otras administraciones y destinados a las labores de reconstrucción económica y apoyo de los más vulnerables.

Sin duda, será necesario un acuerdo entre administraciones para que el uso de los fondos sea eficiente y eficaz, a fin de que su impacto sobre la economía y el bienestar ciudadano sea el máximo posible. Además, sería deseable que la orientación de los gastos se filtrase a través del prisma del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de forma que además de que estos fondos puedan contribuir a la recuperación de la economía española, ésta tenga un carácter más sostenible, sólido e inclusivo.