Un largo camino hacia la generación de la igualdad

El 8 de marzo es el día en el que recordamos que la igualdad efectiva entre hombres y mujeres es todavía un reto que tenemos que afrontar. Se trata además de un desafío que nos afecta a escala global, pues la situación de las mujeres en el mundo está relacionada siempre con la injusticia social. Injusticia que tiene que ver, entre otras cosas, con la carga de tareas, la brecha salarial, la violencia de género y los numerosos actos calificados como micromachismos a los que las mujeres se enfrentan a diario.

El informe de seguimiento de ONU Mujeres[1] nos ayuda a entender mejor la situación porque pone los datos sobre la mesa. Ahora sabemos que 15 millones de niñas en el mundo no aprenderán a leer y escribir[2]. Una de cada tres niñas sufrirá violencia física o sexual a lo largo de su vida. La brecha salarial que afrontan las mujeres se situa ya en el 23% a nivel mundial. Si seguimos en esta línea vamos a necesitar 70 años para conseguir la igualdad retributiva. Estamos lejos del lema de la Plataforma de Acción Beijin que citaba "soy de la generación de la igualdad". Ni siquiera nuestros nietos y nietas llegarán a serlo.

En el mundo, solo el 23,7% de los puestos de representación política son ocupados por mujeres. A pesar de que en España contamos con cierta paridad en el Gobierno y en las Cámaras, aun encontramos resistencias para generar un consenso en materia de políticas efectivas que protejan a las mujeres y doten de herramientas adecuadas para avanzar hacia la igualdad en todos los ámbitos de la vida. Los continuos vaivenes de algunos grupos políticos con respecto al 8 de marzo lanzan un mensaje erróneo a la sociedad, pues ponen en cuestión reivindicaciones de justicia social que deberían derribar fronteras ideológicas.

El problema es de tal magnitud que se ha llevado a cabo un compromiso global que aparece recogido en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Además de asumirlo en un objetivo específico, el ODS 5, el documento incorpora la perspectiva de género en todas sus acciones.

La sociedad española necesita marcos regulatorios que protejan a las mujeres y que garanticen sus derechos en todos los ámbitos

Pero, evidentemente, no basta con la formulación de la Agenda 2030, que es voluntaria, no vinculante; quizá por ello no ha tenido una proyección práctica en la necesaria gobernanza multinivel (local, nacional, mundial). Hay obstáculos que lo han impedido, como la insuficiente influencia de las políticas públicas, o la debilidad de las alianzas que se requieren para romper los techos de cristal, o la inercia en la brecha de género en el ámbito empresarial privado, que obliga a plantearse en serio una reforma de la función social de la empresa.

El mayor de los obstáculos es el económico, la ausencia de recursos públicos. La estructura tributaria de nuestro país sigue siendo desigual, y la elusión fiscal demasiado grande, sobre todo en las grandes corporaciones tecnológicas.

La sociedad española necesita, en efecto, marcos regulatorios que protejan a las mujeres y que garanticen sus derechos en todos los ámbitos, pero más necesaria es la dotación de medios materiales y humanos para la implementación, seguimiento y evaluación de las estrategias nacionales en este ámbito. Estás estrategias deben plantearse en base a alianzas que permitan la incorporación de toda la sociedad, asumiendo que el concepto de igualdad nos afecta a todos y a todas, en el ámbito de lo público y lo privado.

Es necesario que el enfoque de las medidas para frenar la desigualdad de género sea transversal. Las políticas educativas, económicas, de empleo, la justicia y la salud deben estar alineadas.

La Agenda 2030 antes citada tiene esa filosofía vertebradora. Se ha concretado en la agenda internacional para la lucha contra la pobreza y la desigualdad, que afectan esencialmente a las mujeres. La decisión positiva de llevar a una Vicepresidencia la Agenda 2030 obliga a convertirla también en agenda nacional.

Sin embrago, las medidas adoptadas desde 2015, año en que nació la Agenda 2030, han sido claramente insuficientes o meramente programáticas. En la década que arranca este año 2020 hay que proyectarla en decisiones políticas vinculantes jurídicamente. Esta debe ser la apuesta.

* Diego López Garrido e Inma Ballesteros son vicepresidente ejecutivo y directora de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas, respectivamente

[1] www.unwomen.org/sdg-report

[2] En el caso de los niños serán 10 millones