El estallido social chileno: un tiro de gracia para cientos de pymes

Jorge González es químico farmacéutico y dueño de una pequeña cadena de farmacias independientes en Chile. Hasta el año pasado contaba con dos locales, ubicados en las comunas de Quilicura e Independencia —dos sectores de ingresos medios en la capital, Santiago— y había conseguido un crédito para abrir otros dos establecimientos. Una semana antes de la apertura de los nuevos locales se produjo el estallido social y dos de ellos fueron saqueados e incendiados. Entre ellos, el de Quilicura, que era el que dejaba las utilidades de la empresa. "Perdí mi mejor local", se lamenta. "La empresa se ha visto muy afectada, tuvimos meses supercomplejos. Me di un plazo hasta este año para ver cómo están las cosas y, si no hay solvencia ni liquidez para seguir funcionando, me voy a ver en la obligación de cerrar el negocio", asegura.

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Después de 15 años trabajando en una empresa de ingeniería, Bernardo Martínez decidió dar un paso y formar su propia firma de armado e instalación de tableros eléctricos industriales. Consolidar la empresa le tomó cerca de un lustro, periodo en el que fue adquiriendo vehículos, formando una fábrica y ampliando su planta de funcionarios, que llegó a alcanzar las 40 personas. Las ventas también fueron creciendo, hasta llegar a facturar hasta 100 millones de pesos chilenos al mes (114.000 euros, unos 124.000 dólares). Sin embargo, todo cambió cinco años atrás: las ventas comenzaron a caer, lo que se sumó a costos de producción cada vez más altos. "Teníamos un fondo que nos permitió funcionar dos años con muy poca ganancia, o derechamente con perdida, pero no echamos a nadie. Luego de eso, de la crisis, nos dimos cuenta que nos habíamos gastado todos los ahorros, y nos costó mucho pagar los sueldos", narra.

Martínez no resistió más y en enero se convirtió en uno de los rostros de un fenómeno cada vez más frecuente en Chile: el de las empresas que se ven forzadas a liquidar sus bienes para hacer frente a sus deudas, un proceso más conocido como quiebra. El mes pasado fueron 133 las firmas que acudieron a este mecanismo en el país sudamericano, un 22% más que en enero de 2019 y la mayor para cifra para ese mes desde 2015. Aunque la ley permite a las empresas reorganizar sus bienes para poder responder a sus compromisos, como pagar sueldos y a sus proveedores, solo siete sociedades tomaron esta opción en el mismo periodo.

¿Cuánto influyó la crisis social que sacude Chile desde octubre del año pasado, con masivas protestas contra el modelo económico de uno de los países más desiguales de la OCDE y que se vieron marcadas por graves hechos de violencia, como saqueos e incendio de empresas? Desde el Gobierno descartan una tendencia anormal y atribuyen el incremento a un mayor conocimiento de la normativa, que data de 2014.

Desde mediados de octubre —cuando se desataron las protestas y se registran hechos inéditos como la quema de estaciones de Metro, tren subterráneo de la capital— las liquidaciones crecieron un 18% en términos interanuales. Para Martínez, el estallido social fue el tiro de gracia para su empresa. "Ya veníamos con problemas, volando a muy baja altura, pagando los créditos muy ajustadamente, viviendo con la plata justa. Mirando las cosas en retrospectiva esto se fue desencadenando por una serie de factores externos: los arriendos cada vez son más caros, los peajes de autopistas fueron subiendo exponencialmente", cuenta.

Más trabajo para los abogados

Andrés Guzmán, abogado experto en procesos de liquidación de empresas, ha visto un aumento exponencial en la cantidad de llamados y solicitudes de reuniones para analizar posibles procesos de quiebra, especialmente de negocios ubicados en centros comerciales de la periferia de Santiago, los más afectados por saqueos o ataques incendiarios. "Vivo día a día el drama de muchos pequeños y medianos empresarios y sé perfectamente las causas de su desgracia: por lo que me describen mis clientes se debe básicamente a lo sucedido en nuestro país a partir del mes de octubre del año pasado. Lo peor de todo, es que esto seguirá en aumento", señala. El proceso, sostiene el abogado del estudio Guzmán y CIA, es "traumático y angustiante, porque involucra a todo el grupo familiar, no afecta solo al emprendedor".

El nexo con las protestas despierta opiniones encontradas. Juan Goldenberg, académico de la Universidad Católica, cree que "si bien hay un aumento", este "no es abrumador ni demostrativo de una mayor utilización de los procedimientos concursales de liquidación". En tanto, el economista Tomás Flores plantea que el alza "considerable" se debe a la "caída de las ventas y al quiebre en la cadena logística" de las empresas. Para el economista Patricio Rojas, hay una mezcla de factores: "claramente hay un mayor conocimiento de los instrumentos que tienen las empresas para hacer frente a una situación compleja, pero lo que ha ocurrido desde octubre a la fecha es que ha habido una interrupción de la normalidad en las empresas, lo que ha afectado a los capitales de trabajos". Pero acota: "la quiebra en general no ocurre en un periodo relativamente corto: es un proceso". Muchas de estas empresas, sostiene, "ya venían con una situación compleja: la economía chilena lleva varios periodos con un crecimiento bajo, la demanda interna venia desacelerándose. No solo es producto de lo que ocurrió en octubre".

Pero desde entonces, detalla el economista y académico de la Universidad de Chile Alejandro Alarcón, "ha habido una caída brutal en la actividad". "Y esto no va a mejorar si no se para el estado de violencia que vive el país, con el Gobierno, que no se atreve a dar señales de restitución del orden público como gran responsable".

Durante décadas el sector de Plaza Italia ha sido un punto de encuentro en la capital chilena. Y desde octubre ha sido el epicentro de las manifestaciones y de enfrentamientos entre encapuchados y Carabineros. De ahí que la imagen de locales cerrados se haya convertido, para muchos, en la "nueva normalidad" del sector. Según cifras de la empresa Georesearch, especializada en datos georreferenciados, casi siete de cada 10 locales de la llamada zona cero del estallido social están cerrados.

Víctor Peña, locatario de una tienda de guitarras ubicada en una de las galerías más afectadas por los saqueos, no sabe si seguir "trayendo cosas": las ventas han bajado un 80%. "Estoy pensando en cerrar el local", relata. Otro de los negocios que permanece abierto es La Fuente Alemana, una emblemática shopería del sector. Su administrador, Mauro Siri Scolari, califica la situación de "terrible". "No estamos vendiendo ni la mitad de lo que vendíamos antes. No hemos despedido gente todavía, pero si esto continúa nos vamos a ver en la obligación". Paola Zapata, cajera de Pollísimo, otro de los pocos restaurantes que sigue abierto, dice que siguen funcionando porque se trata de un negocio familiar. "No podemos cerrar", asegura.