Buenos Aires y sus acreedores juegan con la deuda un póker de alto riesgo

Argentina juega al póker con la deuda de Buenos Aires. El gobernador de la provincia, Axel Kicillof, desafía a los acreedores: si no aceptan aplazar hasta el 1 de mayo los 250 millones de dólares que vencen este domingo, no cobrarán. Los acreedores dicen que sin un plan económico y sin incentivos, no ven razones para aceptar el aplazamiento. El 5 de febrero es la fecha límite para evitar un default provincial que complicaría muchísimo la renegociación de la deuda nacional: a lo largo de este año, Argentina afronta vencimientos por un total de 36.400 millones, una suma que no puede pagar.

“Caer en el default, con todo lo que eso supone, por una cantidad tan pequeña como 250 millones sería casi cómico”, dice un analista financiero bonaerense. En el Microcentro, la pequeña City del país, existe unanimidad sobre eso. A ambas partes, la provincia de Buenos Aires (la más rica y poblada de Argentina) y los acreedores de los bonos PB21, les conviene llegar a un acuerdo. Pero a ninguna de las partes, sin embargo, le conviene ceder prematuramente.

Todo indica que provincia y acreedores mantendrán ocultas sus cartas hasta el último minuto, después de que el gobernador Kicillof prolongara hasta el 5 de febrero un plazo que en realidad expiró el 22 de enero. En esa fecha no había logrado el “sí” de los poseedores del 75% de los bonos, la cantidad mínima para oficializar el aplazamiento. Mientras tanto, el riesgo país ha vuelto a dispararse hasta los 2.080 puntos, la Bolsa ha bajado un 5,7% esta semana y los bonos argentinos se negocian por debajo del 50% de su valor nominal.

¿Quién cederá? Los acreedores, el principal de ellos el fondo estadounidense Fidelity (16% del total), dan por seguro que cobrarán si rechazan el aplazamiento. De hecho, el mercado especula con que un grupo de bancos privados argentinos tiene ya preparado un crédito-puente de hasta mil millones de dólares para salvar del default a la provincia si se llega sin acuerdo al 5 de febrero. “Un default de Buenos Aires afectaría a todos los bonos argentinos, que podrían caer al 30% de su valor y atraer a los fondos buitres, los que están dispuestos a litigar en los tribunales de Nueva York para exprimir hasta el último centavo”, explica un analista. “Negociar con los fondos buitres es mucho más difícil que hacerlo con los acreedores regulares y Argentina no puede permitírselo”.

Pese a esa presión, el gobernador Kicillof asegura que no cederá. De viaje en Israel junto al presidente, Alberto Fernández, quien dice estar de acuerdo en la postura de firmeza, Kicillof dijo el viernes que los bonistas se encontraban “ante su última oportunidad”. Y, como muestra de buena voluntad, se muestra dispuesto a abonar los intereses (27 millones de dólares) en cuanto se acepte el aplazamiento del principal de la deuda.

Cuestión de calendario

La tensa partida de póker sobre los 250 millones de este vencimiento se debe a una cuestión de calendario. La provincia de Buenos Aires y el Gobierno argentino se han encontrado con el bono PB21 de forma prematura: la deuda nacional aún no ha empezado a renegociarse con el FMI y los acreedores privados (ambas partes se dan de plazo hasta el 31 de marzo), y el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, quiere incluir la deuda bonaerense dentro del paquete global. Sin esa situación paralela, que obliga a Kicillof a empujar el problema hasta mayo y a esconder sus cartas igual que lo hace el Gobierno, ya se habría recurrido a un préstamo bancario y pagado los bonos.

El ministro Martín Guzmán no da pistas sobre cómo encarará la renegociación. En una ley enviada esta semana al Congreso, se limita a decir que su objetivo es lograr al menos dos de tres condiciones: rebaja del capital, rebaja de los intereses y aplazamiento de capital e intereses. Pero su profesor y mentor, el Premio Nobel Joseph Stiglitz, dijo unos días atrás en Davos que los acreedores debían prepararse para condonar buena parte de la deuda: “No puedo concebir ningún modelo razonable que no diga que tiene que haber recortes significativos, sería una fantasía pensar lo contrario”. Esa frase llenó de inquietud a los tenedores de bonos argentinos, que atribuyen a Stiglitz la función de portavoz oficioso de Martín Guzmán. Y alentó la resistencia de los acreedores de Buenos Aires: piensan que si aceptar un aplazamiento hasta mayo va a suponer luego nuevos sacrificios, más vale forzar la mano ahora.

En el póker de la deuda todas las apuestas son muy altas. Pero quien más se arriesga es Argentina. La economía del país se contrajo un 4,5% durante el mandato de Mauricio Macri y la deuda en dólares se duplicó, hasta rondar los 300.000 millones. Mientras, el peso se hundió: un dólar se cambiaba a 15 pesos cuando Macri llegó a la presidencia, en diciembre de 2015, y ahora se cambia oficialmente a 63. La deuda externa se ha hecho impagable. Y la peor señal es que los inversores y ahorradores argentinos siguen comprando dólares, sea cual sea su precio: en los mecanismos extraoficiales, fuera del cambio sometido al “cepo”, la divisa estadounidense oscila entre los 78 y los 82 pesos. Un “default” aislaría a Argentina de todos los mercados financieros internacionales y la dejaría abandonada a su suerte.