El Gobierno argentino asegura que no rescatará a la provincia de Buenos Aires
El ministro argentino de Hacienda dice que si los acreedores no aceptan un aplazamiento el resultado será “ruinoso para todos”
El reloj de la renegociación de la deuda argentina en dólares ha iniciado ya la cuenta atrás. La fecha límite es el 31 de marzo. Y la situación, según Martín Guzmán, es "crítica". El ministro de Hacienda envió el martes al Congreso un proyecto de ley que, en resumen, autoriza al Gobierno a realizar todo tipo de canjes y reestructuraciones de la deuda en divisa extranjera. Al anunciar la iniciativa, Guzmán confirmó que no rescataría a la provincia de Buenos Aires, al borde del "default" por un vencimiento de 250 millones de dólares. Fue una forma de decir a los acreedores que si no aceptaran el retraso hasta el 1 de mayo propuesto por el gobernador, Axel Kicillof, el resultado sería "ruinoso para todos". Tras las palabras de Guzmán cayeron tanto el mercado de acciones como el de bonos y el riesgo-país aumentó un 4%.
El gobierno argentino considera que la renegociación de la deuda de la provincia de Buenos Aires, incapaz de pagar 250 millones de dólares que vencen el miércoles 22 de enero, ha de formar parte de la renegociación global. Por eso el ministro lanzó la advertencia a los acreedores de la provincia: si rechazan el aplazamiento (para respaldarlo basta la conformidad del 75%), las cosas se pondrán muy difíciles para el conjunto de las partes implicadas.
La situación de Buenos Aires, la provincia más rica y poblada del país, es casi desesperada: el 1 de mayo tiene otro vencimiento de 100 millones de dólares y a lo largo del año afronta vencimientos que suponen más del 70% de sus ingresos. Pero también es desesperada la situación nacional, cuyos vencimientos este año suman 37.000 millones de dólares, casi el 10% del PIB. Aunque tanto Argentina como Buenos Aires se declaran dispuestas a seguir pagando intereses mientras no se llegue a un acuerdo, no pueden devolver los préstamos en las fechas convenidas.
Martín Guzmán señaló que Argentina necesitaba que los acreedores (el mayor de los cuales es el Fondo Monetario Internacional, con casi 50.000 millones de dólares) aceptaran al menos dos de tres condiciones: reducción del principal, reducción de intereses y aplazamiento. Fuentes del sector bancario indicaron que el gobierno les había planteado sus planes de forma más concreta: Guzmán aspira a que los intereses se reduzcan a la mitad y que se conceda un período de gracia de dos años en el que no se pagarían ni intereses ni principal; a cambio, a partir de 2022 se devolvería íntegramente la deuda.
La situación, sin embargo, no es clara. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, mentor de Martín Guzmán y personalmente implicado en los contactos preliminares con el FMI, dijo en Davos (Suiza) que los tenedores de bonos argentinos debían prepararse para una "quita significativa", es decir, una reducción importante del valor nominal. Preguntado sobre esas declaraciones, Guzmán evitó responder. La respuesta de los inversores fue inmediata: en unas horas, los bonos se depreciaron hasta un 3,8% y el índice de la Bolsa de Buenos Aires bajó un 3,3%.
La provincia de Buenos Aires tiene hasta el próximo día 26 para alcanzar un acuerdo de aplazamiento con los acreedores. Si no consigue convencer a tres cuartos de ellos, entrará en "default". El gobierno argentino dispone de más tiempo, pero no mucho: hasta el 1 de marzo. Analistas e inversores se muestran sorprendidos de que las conversaciones realizadas hasta ahora hayan sido informales y de que no se haya establecido todavía una fecha para empezar a hablar en serio, ni con el FMI ni con los acreedores privados. La República Argentina está representada por el bufete neoyorquino de abogados Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, mientras tres bancos (JPMorgan, Barclays y Lazard) aspiran a liderar en la negociación a los tenedores de bonos.
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