Las pensiones encadenan dos años ganando poder adquisitivo

Las prestaciones de los jubilados mejoran un 2% más que el coste de la vida

Un grupo de pensionistas en Terrasa (Barcelona).
Un grupo de pensionistas en Terrasa (Barcelona).Cristóbal Castro

Los precios se han pasado buena parte de 2020 cayendo. El coronavirus ha rematado una inflación que ya llevaba débil mucho tiempo como consecuencia de una débil recuperación de la crisis financiera, al menos en un país con el historial español. Noviembre ha acabado con un IPC anual del -0,8, según el dato divulgado este lunes por el INE. En los últimos 12 meses eso supone caída media de precios del -0,2%. Una consecuencia es que los pensionistas ganan poder adquisitivo. El aumento de sus prestaciones este año fue del 0,9%. Esto supone un saldo de 1,1 puntos a su favor que se añade al del año anterior.

Ya hace tres años que España encadenó la evolución de las pensiones a los precios. Aunque esa ligazón es parcial, como ya sucedía antes de que se rompiera ese vínculo en 2013. Sirve para asegurarse de que no pierden poder adquisitivo; suelen ganarlo. Y eso es lo que sucedió en 2019 y ha vuelto a pasar en 2020. Los decretos de revalorización de las pensiones de sendos ejercicios establecen que para blindar el poder de compra de los jubilados se revisará si los precios crecen más a lo largo del año de lo que lo hicieron las pensiones en enero. Y para ello se toma como referencia la media del IPC anual entre diciembre de un año y noviembre del siguiente, este último dato es el que el INE divulgó este lunes.

Desde que se volvieron a utilizar los precios como referencia para determinar la evolución de las pensiones, estas no han perdido poder adquisitivo. Tampoco con la criticada fórmula aprobada en 2013, ahora suspendida, lo perdieron todos los ejercicios. Entonces se vinculó la revalorización a la situación financiera de la Seguridad Social, muy precaria desde 2011. El resultado fue un aumento mínimo del 0,25% durante cinco años. Pero la inflación lleva tiempo aquejada de anemia y en algunos ejercicios los precios crecieron menos incluso.

Ese mecanismo se suspendió hace tres años. En 2018 se hizo una ligera revisión al alza, porque los precios habían aumentado una décima más que las prestaciones. Al año siguiente ganaron nueve décimas de poder de compra, y este año serán 1,1 puntos. Es decir, la prestación de los pensionistas ha subido un 2% más que el coste de la vida.

Además de los pensionistas, también los trabajadores públicos incrementarán su poder adquisitivo en 2020. En este caso el aumento será mayor incluso, ya que su aumento de sueldos fue del 2% y la referencia a tomar será el año natural. Según la previsión del IPC que Funcas ha hecho para todo 2020, los precios van a caer una media del -0,3%.

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Impedir que las pensiones pudieran perder poder adquisitivo fue la principal demanda que aglutinó grandes movilizaciones de pensionistas en el invierno y la primavera de 2018. Aquellas manifestaciones masivas llevaron a suspender esa fórmula aprobada en 2013. El propio Pacto de Toledo acaba de manifestar su rechazo a ese mecanismo en su último informe de recomendaciones, que contó con un amplísimo respaldo en el Congreso hace unos días. Solo votó en contra de la CUP. Entre los que apoyó este informe estuvo el PP, el partido que estando en el Gobierno aprobó la fórmula suspendida: “El vigente mecanismo de revalorización de las pensiones no goza del suficiente consenso político y social”.

En la misma recomendación, los diputados señalan que “la revalorización anual de las pensiones se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo”. Y eso es precisamente uno de los puntos que se negocian ahora en la mesa de diálogo social, que tuvo ayer una nueva reunión, y que tiene que dar forma a la próxima reforma de las pensiones.

La Seguridad Social todavía no ha concretado la propuesta en este punto. No obstante, en una entrevista reciente en EL PAÍS, el ministro del ramo, José Luis Escrivá, sugirió que baraja “ventanas de tiempo algo más largas” que un año para revisar si las prestaciones pierden poder de compra o no. Hacerlo durante más de un año da margen a la Administración para compensar las ganancias de un año con las pérdidas de otro.

Si se hace así se evitaría el tremendo desgaste político que supondría pedir a los pensionistas que devolvieran parte de lo cobrado porque las pensiones subieron más que los precios. Y, de hecho, ningún Gobierno ha tratado de hacerlo. Antes de 2013, el mecanismo de revalorización era similar al actual y los Ejecutivos del PP y del PSOE que se vieron en una situación como la actual, nunca trataron de absorber las ganancias de poder adquisitivo.

La revalorización de las pensiones es uno de los elementos clave en la evolución del gasto de la Seguridad Social, junto con el número total de beneficiarios y la pensión media. Esto ha llevado a organismos como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) a proponer en diversas ocasiones a lo largo de los últimos años que la garantía de poder adquisitivo solo afecte a las pensiones mínimas.

Hay varias respuestas a estas posiciones. Una sería que la sociedad española no acepta la posibilidad de que las pensiones pierdan poder de compra, como demostraron las movilizaciones de 2018. Otra es que el sistema de pensiones español es contributivo y parte del principio de que el trabajador cotiza para cobrar una pensión futura que le garantice un nivel de vida; por tanto, permitir que la prestación pueda verse erosionada rompe ese principio.

Sobre la firma

Manuel V. Gómez

Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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