Condenados a malvivir: cómo la covid ha disparado la pobreza

No hay crisis sin una buena dosis de eufemismos. “Austeridad” es igual a recortes en servicios públicos, “crecimiento negativo” equivale a recesión y si la gente no tiene comida se habla de “inseguridad alimentaria”. En realidad tendríamos que decir hambre. Porque eso es lo que están pasando Beatrice Mbendo y sus cuatro hijos en Kangemi, un barrio de chabolas en Nairobi, Kenia. En mayo, Mbendo se quedó sin trabajo como empleada del hogar. Antes de la pandemia tenía cuatro clientes habituales. Hoy no tiene ninguno. “Ahora las cosas están realmente mal, incluso no desayunamos por la mañana”, dice esta mujer de 38 años. Una vez su familia estuvo dos días sin nada que llevarse a la boca. Mbendo estaba tan angustiada que un día salió de su casa llorando. “Dios escuchó mis gritos. Una persona nos trajo dos kilos de harina de maíz, azúcar y aceite de cocina, lo que me ayudó durante unos días”.

La historia de Mbendo (compartida por la ONG Oxfam Intermón) está en el extremo de esta pesadilla. Pero de Brasil a la India, de Yemen a Estados Unidos, de Guatemala al Reino Unido, de España a Afganistán son millones las personas que están pasando hambre. Unas sufren más que otras, pero todas son víctimas de la peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 729 millones de seres humanos estarán bajo el yugo de la pobreza extrema (viviendo con menos de 1,90 dólares al día) en el peor de los escenarios al final del año, según el Banco Mundial. Representarán un 9,4% de la población global, y serán 114 millones más de los pronosticados antes de la aparición del virus. Muchos de ellos morirán hambrientos. Más de 265 millones de personas, principalmente en países en desarrollo, están al borde de la inanición, según las estimaciones del Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

El vendaval se ha llevado por delante dos décadas de lucha contra la pobreza extrema, según los economistas del Banco Mundial. Y será un grave retroceso para otras personas que viven con un presupuesto por debajo de los 5,50 dólares (3.200 millones, la mitad de la población del planeta), que también sufren para satisfacer sus necesidades básicas. Pero podrían sumarse unos 500 millones más si la crisis se recrudece, afirma un análisis del Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo de las Naciones Unidas (UNU-WIDER). “Estamos viendo solo el principio del tsunami”, advierte Olivier de Schutter, relator especial de Naciones Unidas para la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos. Retomar los niveles previos a la crisis sanitaria no será sencillo. Se necesita una ingente cantidad de recursos y, sobre todo, que la economía global avance a una velocidad nunca antes vista, de acuerdo con los expertos consultados.

Las metas de la ONU para 2030 (con un 3% de extrema pobreza) son un sueño que se desvanece. Solo se cumplirán si el PIB global crece a una tasa de entre un 8% y un 8,5% anual durante la próxima década, afirma Samuel Freije-Rodríguez, economista especializado en pobreza en el Banco Mundial. “Eso es cinco veces mayor que las tasas históricas experimentadas en África subsahariana”, agrega. La locomotora económica no puede asumir tal velocidad. En 2021, el PIB global repuntará un 5,2%, después de haber caído un 4,4% este año, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ante tal emergencia, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) lanzó en abril un primer grito de ayuda: se necesitan 2,5 billones de dólares, como mínimo, para apoyar a los ciudadanos a salir lo más rápido posible a flote y reforzar los sistemas de salud. “Hay que actuar más allá de evitar el hambre. Hacer que la gente sobreviva es un listón muy bajo. Necesitamos proteger su salud y su sustento para tener una recuperación buena y sostenible, y no dejar la crisis con más desigualdades a largo plazo”, resalta David Laborde, economista sénior del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI, por sus siglas en inglés).

Movilizar tal cantidad de dinero requiere de un esfuerzo monumental. La UNCTAD propone para las economías más pobres la cancelación de deuda externa y un aumento en la dotación de la ayuda internacional, entre otras medidas. “Endeudarse no es la opción”, afirma Eduardo Ortiz-Juárez, académico del King’s College de Londres. “Parecería lo más lógico, pero ¿cuáles son las condiciones macroeconómicas de estos países? No todos tienen un acceso privilegiado a la deuda”, arguye. Si bien el mundo ha contraatacado al virus con un masivo gasto gubernamental (11,7 billones de dólares, según el FMI), la mayoría de estos recursos son de las economías más ricas. La respuesta fiscal de los países en desarrollo de bajos ingresos se ha mantenido en el 1,2% de su PIB. La deuda pública en aquellos de bajos ingresos (en particular de los 47 países menos desarrollados, la mayoría de ellos africanos) se considera insostenible y, por lo tanto, no pueden dispararla.

Otorgar un ingreso mínimo temporal se vislumbra como una respuesta para capear el temporal, dicen los expertos consultados. Pero este mecanismo tiene sus pros y contras, comenta Ugo Gentilini, economista sénior para la Práctica de Protección Social y Trabajo en el Banco Mundial. Las ventajas: un coste fiscal contenido y su naturaleza “progresiva”, porque se dirige a los que menos tienen. Además, potencialmente es aceptable por todos los partidos políticos, reconoce el experto. En España, por ejemplo, nadie votó en contra cuando se aprobó.

En esta misma tónica, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzó en julio una propuesta: dar una ayuda monetaria de 62 dólares mensuales, en promedio, a casi 2.780 personas pobres de 132 países en desarrollo durante seis meses. El coste implicaría un desembolso de cerca de 200.000 millones de dólares mensuales, que equivale al 0,27% del PIB de este centenar de naciones, o a una tercera parte de la deuda externa que se les vence este año. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Gentilini explica que existen otros obstáculos vinculados a la tramitación y diseño de este mecanismo: la manera en la que se escoge a los beneficiarios, los requisitos administrativos (verificaciones cruzadas, documentación actualizada, etcétera) y los desincentivos que puede crear en la búsqueda de empleo. En España, por ejemplo, las solicitudes del ingreso mínimo vital se han atascado y solo se han aprobado algo más de 130.000 peticiones frente al objetivo: 850.000 hogares en riesgo de exclusión, constituidos por 2,3 millones de personas.

Su financiación, además, no es sencilla. El PNUD propone reutilizar el dinero destinado al pago de la deuda externa (a través de suspensiones temporales); emplear los recursos con los que se subsidia a los combustibles fósiles o impulsar el consumo a través de medidas de gasto, recuperando la inversión después a través de la mayor recaudación. “Un ingreso mínimo es una ayuda, no la solución al problema de la pobreza”, afirma Deepak Xavier, experto en desigualdad en Oxfam Intermón. “Es luchar por el chocolate del loro. Lo único que consigue es que la gente no tenga una vida mísera”, agrega Borja Monreal, autor de Ser pobre (La Huerta Grande, 2019). Pero no es la única respuesta. “Es una herramienta que podría apoyar a las personas a mitigar la escasez, pero no la precariedad”, agrega Monreal.

Hasta el momento, más que rentas mínimas con vocación permanente, hay varios mecanismos de transferencias puntuales dirigidas a los ciudadanos más pobres, de diferente naturaleza y duración. Desde que estalló la pandemia, por ejemplo, unas 200 jurisdicciones en el planeta han lanzado 1.500 medidas de apoyo a la sociedad, un tercio de ellas transferencias de efectivo no contributivas, según la Organización Mundial del Trabajo (OIT). “En América Latina se han anunciado medidas de transferencias [de dinero] por 84.000 millones de dólares, que están yendo fundamentalmente a apuntalar los ingresos de las familias más pobres”, afirma Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Esto podría disminuir el número de pobres que se espera para este año: 231 millones de personas en Latinoamérica, 96 de ellas en extrema carestía, indica la responsable de la institución. “Esperamos que las estimaciones se reduzcan dos o tres puntos porcentuales a finales de año”, agrega. Pero los expertos de la Cepal van más allá y abogan por un verdadero ingreso básico de emergencia unificado para la región, de unos 120 dólares al mes en promedio, para toda la población en dificultad. Esto puede costar un 2% del PIB de toda la zona, si se aplica solo por seis meses. Si se extiende a nueve implicaría un gasto del 3,6% del PIB regional, destaca Bárcena. “Barato no es, pero es muy importante”, subraya.

“Debemos ir más allá de las soluciones a corto plazo”, resalta De Schutter, de la ONU. “La verdadera clave para reducir la pobreza es atacar la desigualdad”, afirma. Porque si bien es cierto que en los últimos 30 años las naciones emergentes y en desarrollo han aprovechado la bonanza económica para reducir la pobreza extrema (pasando del 36% en los años noventa al 9,2% en 2017), los mayores beneficios de ese crecimiento se han quedado en pocas manos. El índice de Gini (cero equivale a la igualdad perfecta y 100 a una desigualdad máxima) solo registró una reducción de tres puntos porcentuales entre 2002 y 2018, al pasar del 44% a 41%, según el FMI. Y la crisis económica actual lo único que hará es ensanchar la brecha, pues se espera que el índice vuelva a niveles de 2008. “Una de las formas de atacar a la desigualdad es a través de la democracia económica”, dice el historiador económico Richard Wilkinson, coautor de Igualdad (Capitán Swing, 2019): “Necesitamos impuestos más progresivos”.

Impuestos

“Combatir la inequidad significa también quitar privilegios”, dice Xavier, de Oxfam. “Me refiero a que las grandes corporaciones paguen su parte justa de impuestos”, agrega. De acuerdo con la ONG, un incremento de tan solo el 0,5% en el tipo del impuesto que grava la riqueza del 1% más rico daría para mucho: si se aplicara durante los próximos 10 años, permitiría recaudar los fondos para invertir en la creación de 117 millones de puestos de trabajo en sectores como la educación, la salud y la asistencia a las personas mayores, entre otros. “El mundo, en los últimos 30 años, ha sido víctima de una competencia regulatoria”, agrega De Schutter. “La capacidad de los países para mantener esquemas de tributación progresiva ha sido desafiada por los ricos, que pueden trasladar sus empresas fácilmente a otras jurisdicciones como paraísos fiscales o territorios con tipos de sociedades muy bajos”, destaca.

Para muestra un botón: el tipo legal medio del impuesto sobre sociedades ha pasado del 28% en el año 2000 al 20,6% en 2020, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En España ha bajado del 35% al 25% en el mismo periodo, aunque el tipo efectivo que finalmente abonan las compañías es inferior (del 21,5% sobre la base imponible y del 9,5% sobre beneficios). La propuesta de la OCDE de introducir un impuesto digital global, que obligue a las grandes tecnológicas a pagar impuestos donde obtienen sus beneficios, va en el camino correcto hacia la justicia fiscal, destacan los expertos. Las negociaciones para aprobar esta nueva tasa, sin embargo, se han quedado atascadas después de que la Administración de Donald Trump se descolgara de ellas.

Construir una vida mejor cada vez es más complicado. Las desigualdades dificultan encontrar un trabajo para forjarse un futuro. “Esta es una conclusión preocupante que tiene repercusiones graves para la cohesión social”, afirma la OIT. En los países en desarrollo la situación es frágil. “Hay un elevado número de mujeres y hombres trabajando en la informalidad sin ninguna protección social. Eso los hace vulnerables. No son pobres, pero tampoco tienen una posición segura en términos económicos”, argumenta Ortiz-Juárez, del King’s College de Londres.

Fueron más de 1.600 millones los empleados de la economía sumergida afectados entre abril y mayo por la pandemia, según la OIT. Los ingresos de los trabajadores informales en naciones de renta media (como México, Ecuador, Rumania, Tailandia) cayeron un 27,7%. Los más afectados fueron los de los países más pobres (como Haití, Malawi o Etiopía, India, Indonesia), con una bajada del 82%. Incluso cuando estas personas tienen empleo siguen enfrentándose a importantes barreras: más de 630 millones de trabajadores en el mundo no ganan lo suficiente con su actividad para poder salir de la pobreza, ni ellos ni sus familias, según la OIT. Los anuncios recientes sobre la efectividad de la vacuna tampoco son un aliciente para este colectivo. “Para 2020, la historia está principalmente escrita y solo una mitigación adecuada de la segunda ola podría limitar el daño”, dice Laborde, del IFPRI.

La vacuna podría ayudar a acelerar el período de recuperación, incluso revitalizando la confianza en los turistas, una fuente importante de ingresos para algunos países en desarrollo, explica el experto. “Pero queda por ver hasta qué punto llegará a la población pobre del sur global”, agrega. Ello no será hasta 2022, pues según Oxfam, los países más ricos, con el 13% de la población mundial, han comprado por adelantado el 51% de las dosis de los principales laboratorios. “Parece que la vida de una persona en Bangladesh es mucho menos importante que el una en el Reino Unido”, zanja Deepak Xavier.

“Muchos sueños se quedaron sin cumplir… muchos planes, muchas cosas por hacer”. Carol Claros rompe a llorar. Este año, el mundo se le vino encima. A principios de 2020, cuando volvió del permiso de maternidad, su empleadora prescindió de ella. “La señora quería a una persona con disposición las 24 horas. Yo, ya no le compensaba”, dice esta hondureña de 27 años que trabajaba de interna. Después, estalló la pandemia. El sueldo de su pareja (950 euros mensuales) no alcanzaba para todos los gastos. Tan solo de alquiler desembolsan 700 euros. Entonces empezó a tirar de los ahorros. “Ahora no me queda nada, nada, nada”.

Hoy, Claros limpia portales. Trabaja 13 horas a la semana y cobra 350 euros al mes. Aun así en casa no consiguen llegar a fin de mes. Reciben ayuda de Cáritas: pañales, alimentos para bebé y cupones para comida. Esta familia del distrito madrileño de Carabanchel se ha unido a ese 49,3% de la población de España que ya en 2019 tenía alguna clase de dificultad para llegar a fin de mes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE). “Los empleos precarios, la economía sumergida... los más vulnerables han quedado expuestos con la crisis de la covid”, dice Graciela Malgesini, responsable de asuntos europeos en la Red Europea contra la Pobreza (EAPN, por sus siglas en inglés). El escenario no es halagüeño. El desplome del 12,8% del PIB español previsto para este año, el más alto entre los países desarrollados, según el FMI, empujará a muchas personas a la carestía.

Más de 1,1 millones de personas se unirán a las filas de la pobreza relativa en España al cierre de este año, según Oxfam Intermón. Con ello serán más de 12 millones de residentes (un 26% de la población) en esa condición. La cifra no es baladí. “Es consecuencia de las fallas estructurales en España”, dice Liliana Marcos Barba, responsable de políticas públicas y desigualdad de Oxfam Intermón. “El país tiene un mercado laboral enfermo en el que hay un colectivo muy alto de personas de rentas bajas con una mayor presencia de mujeres, jóvenes, migrantes y personas de baja cualificación. Ellos son el colchón donde se asientan las pérdidas cuando hay una crisis”, asegura. Muestra de ello es la demanda de acción social de las grandes ONG en el país ha aumentado entre un 40% y 60% durante la pandemia, según un análisis de Funcas. Y entre una cuarta parte y un tercio de esa demanda proviene de personas que han recurrido por primera vez a los servicios que ofrecen estas organizaciones.

En 2008, bajo la estrategia Europa 2020, España se comprometió a reducir entre 1,4 y 1,5 millones (entre 2009 y 2019) el número de personas en riesgo de pobreza. Para ello se tomó como referencia el indicador Arope, que mide pobreza, privación material severa y baja intensidad de empleo. Tomando en consideración esta metodología, en ese entonces había en el país unos 10,8 millones de ciudadanos en riesgo de pobreza y el indicador estaba en el 23,8%. Pero la recesión financiera mostró la peor de sus caras: el PIB español cayó un 3,8% en 2009, dejando a más de 4,3 millones de personas sin empleo. El objetivo saltó por los aires.

En 2014, el indicador Arope escaló al 29,2%, y aunque en los últimos años ha caído no ha podido acercarse a la meta. El año pasado se colocó en el 25,3% cuando la media europea fue del 21,1%, según Eurostat. “En términos absolutos hoy hay 11,8 millones de pobres, lo que significa que, en lugar de reducir la cifra, esta se incrementó en un millón de personas”, afirma Malgesini. ¿Las causas de este ascenso? Una alta tasa de paro (actualmente superior al 16%, casi el doble de la media europea) y una situación de desempleo juvenil crónico (hoy llega al 43,9%, la más alta de la región), que además se adereza con programas de protección social insuficientes y políticas tributarias y de gasto que favorecen mucho más a las clases acomodadas que a las pobres, indica Philip Alston, relator especial de la ONU sobre pobreza. “La última década puede considerarse como perdida en la lucha contra la pobreza”, resalta Malgesini.

Ayudas públicas

Aún existe la esperanza de que la batería de las medidas lanzadas por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, y que ascienden a más de 210.000 millones de euros, según el Ministerio de Hacienda, logre salvar a algunas personas de caer en la pobreza. “Las ayudas de los ERTE, el ingreso mínimo vital, la limitación de desahucios y cortes de servicios básicos y otras, pueden limitar un poco el efecto de la covid-19, sobre todo en las personas más pobres”, arguye un análisis de la EAPN.

Antes de que estallara la pandemia, la Comisión Europea ya advertía algunos peligros para la cohesión social que tenían su origen en el paro, los contratos temporales y la alta proporción de ciudadanos que permanecen en riesgo de pobreza o exclusión social a pesar de la época de bonanza de los últimos años. Esta misma semana, el FMI alertó sobre la creciente desigualdad en el país, que ya era elevada antes de la pandemia y que se ensanchará. “España ocupa los últimos lugares en demasiadas clasificaciones sociales de la Unión Europea”, dice Alston. “Si se pudiera solucionar la pobreza con planes estratégicos y voluminosos informes, el país estaría a la cabeza”, concluye.