Funcas alerta del fuerte impacto de la pandemia en el aumento de la desigualdad y de la pobreza

Una crisis repentina, profunda y asimétrica por territorios, actividades y rentas. En este último aspecto se centra el estudio de Funcas Impacto social de la pandemia en España. Una evaluación preliminar, publicado este jueves. En ello, el think tank de las cajas de ahorros alerta del fuerte impacto que está teniendo la crisis económica causada por la covid-19 en los colectivos más vulnerables y del palpable riesgo de que el aumento de la desigualdad y la pobreza no sea temporal si la crisis se prolonga. No solo ha incrementado el número de personas que no reciben ningún ingreso desde el estallido de la emergencia sanitaria; también hay más trabajadores que han sufrido importantes recortes en sus rentas. Y los principales afectados son los que vivían en condiciones más precarias ya antes de que llegara la covid-19.

Varios organismos ya habían alertado de los efectos perversos de esta crisis atípica, pese al paraguas de ayudas lanzado por el Estado para amortiguar el golpe en familias y empresas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) fue uno de los últimos en lanzar el aviso: los que antes de esta crisis estaban peor son quiénes más sufrirán el impacto de esta tormenta.

El parón de la actividad para limitar la expansión de los contagios ha golpeado más a aquellos sectores que no pueden desarrollar su actividad a distancia, donde hay más porcentaje de rentas bajas y empleos temporales. “La pérdida de ingresos se concentra en los estratos de menor renta, más asociados a las actividades que no se han podido realizar durante el confinamiento y a los sectores, como el turístico, con mayores dificultades para reanudar su actividad”, resume el estudio de Funcas: “Es decir, que las personas más castigadas principalmente trabajaban en los sectores donde ya se concentraban los salarios medios más bajos del mercado laboral”.

A partir de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, Funcas resume que en el segundo trimestre del año había casi 1,3 millones de personas que vivían en hogares sin ningún ingreso, 278.700 ciudadanos más que al cierre de 2019 ―que se sumaron a los cerca de 565.000 que ya sufrían esta situación―. Además de este repunte, el think tank destaca la caída de ingresos de quienes están cobrando alguna prestación pública por desempleo, ERTE o cese de actividad: aunque la cifra ha disminuido desde el pico de abril, el momento más duro del confinamiento, a finales del pasado septiembre seguía habiendo 1,25 millones de trabajadores más que en febrero que recibían algún tipo de ayuda de este tipo, con una merma en sus ingresos del 30% o superior.

Las mayores caídas se han registrado entre quienes ya tenían bajos salarios: en comparación con 2019, perdieron todos sus ingresos un 20% adicional de trabajadores que antes cobraban entre 900 y 1.000 euros al mes, y un porcentaje similar de los que recibían entre 1.200 y 1.300 euros, frente al 8% y el 3% de quienes tenían salarios más altos, según un estudio realizado por CaixaBank Research a partir de microdatos bancarios de la entidad. “El deterioro de las rentas de las familias, concentrado particularmente en los estratos sociales que de partida ya tenían rentas más bajas, ha dado lugar a un aumento considerable de las situaciones de pobreza aguda o necesidad severa”, alerta el estudio.

Aumenta la demanda de las ONG

Funcas valora de manera positiva la red de ayudas puesta en marcha por el Gobierno en los primeros compases de la crisis ―como los ERTE o la prestación extraordinaria por cese de actividad―, pero a la vez señala que su cobertura “está sujeta a condiciones que limitan su universalidad y no han podido evitar que aumente la pobreza efectiva en algunos colectivos”. El organismo menciona, ente otros, el ingreso mínimo vital (IMV): la concesión de esta ayuda, aprobada en mayo para apoyar a los colectivos más rezagados, se ha atascado por problemas de gestión en la tramitación de solicitudes. A finales de septiembre, solo 90.000 hogares recibían la prestación, frente al objetivo del Gobierno de que llegue a 850.000 familias.

El estudio pone también el foco en el protagonismo que han vuelto a cobrar las ONG para realizar su diagnóstico. El informe estima que la demanda de grandes organizaciones como Cáritas o Cruz Roja ha crecido entre un 40% y un 60% durante los primeros meses de pandemia, ante la imposibilidad de que las ayudas públicas llegaran a todos los necesitados y lo hicieran a tiempo. Más de un tercio de esta subida (entre 150.000 y 200.000 personas) se corresponde a ciudadanos que nunca antes habían acudido a esta red.

En mayo, Cruz Roja había atendido a más de 1,5 millones de personas a través de su Plan Responde ―que define como “la mayor movilización de recursos en la historia de la ONG” en España―, puesto en marcha en los primeros días de la pandemia. Supone una subida del 160% con respecto a los datos anteriores a la crisis. En octubre, esta cifra se había disparado hasta los 2,6 millones. Cáritas, por su parte, atendió a un 57% de personas más desde el inicio de la crisis hasta junio, un 25% de ellos por primera vez; los bancos de alimentos distribuyeron en media 16 millones de kilos de comida al mes frente a los 12 millones que repartían antes de la pandemia, y atendieron a 1,7 millones de personas, por encima del récord de 1,5 millones de 2013.

Los perfiles de los nuevos solicitantes de ayuda a las ONG coinciden con los que antes de la emergencia sanitaria solían acudir a esta red: ciudadanos sin ingresos o con rentas bajas e irregulares, muchos de ellos inmigrantes y familias monoparentales. Pero hay otro rasgo que destaca: en algunas localidades, ha aumentado el número de jóvenes. Uno de los colectivos que más está siendo perjudicado por esta crisis.