La pandemia agravará una pobreza ya enquistada en España

Antes de la crisis de la covid-19, en España un 25,3% de la población (11,87 millones de personas) se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social. La tasa de 2019 es superior a la de 2008 (23,8%) y en términos absolutos representa un millón más. Pese a la tendencia descendente de los últimos cinco años, coincidiendo con la recuperación económica, el país se aleja del objetivo marcado en la Estrategia Europa 2020, por la que se comprometió ante el club comunitario a reducir en una década entre 1,4 y 1,5 millones el número de personas en esa situación. Por si fuera poco, aunque los datos recogidos en el informe presentado este miércoles por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES) no cuantifican los efectos del coronavirus, el documento pronostica que este no hará más que acentuar la gravedad de ese escenario.

El indicador de riesgo de pobreza y exclusión social (Arope, por sus siglas en inglés) —que mide además del nivel de renta, el acceso a bienes y la intensidad laboral en el hogar— mejora ligeramente respecto al año anterior y se reduce en ocho décimas (desde el 26,1%), pero el documento, elaborado con datos del INE y otros organismos oficiales, muestra un aumento del 6,3% con respecto a 2008 y constata el fracaso de los objetivos marcados en 2010. “La política que se utilizó para luchar contra la crisis económica en la primera mitad de la década, basada en recortes del Estado del bienestar, en el control del gasto y en el cumplimiento de los objetivos de déficit, no consiguió más que empobrecer a la población”, expone Juan Carlos Llano, director técnico del informe de EAPN-ES, una organización que engloba a más de 8.000 ONG en España, entre ellas Cáritas o Cruz Roja. También influyó el deterioro de las condiciones laborales, primero con la caída del empleo y después, con la generación de puestos de trabajo de baja calidad, ha añadido en rueda de prensa Carlos Susías, presidente del organismo.

A veces cuesta ponerle rostro a la pobreza. “La percepción clásica habla de un perfil parecido a la miseria, sin embargo, en el perfil real que emergió tras la crisis, el 81,3% son españoles, muchos tienen educación media y superior, muchos trabajan, hay niños, mayores…”, comenta Llano. Rocío vive ahogada en la economía del día a día. Con 40 años, reside junto a su marido y su hija de 13 en un humilde piso en Tres Barrios, en Sevilla. En esta familia llegar a finde mes es una proeza. Como en su caso, casi la mitad de los españoles (49,3%) tiene algún tipo de dificultad para lograrlo. Su marido, aquejado desde hace años por una dolencia en el pie, dejó de trabajar tras el confinamiento y ella es la encargada de llevar dinero a casa. Ingresa 500 euros por cuidar a una pareja de octogenarios. “Todo ha ido a peor con la pandemia, pero mi situación viene de lejos, desde que nos desahuciaron hace dos años”, lamenta.

Como en años anteriores, el indicador Arope muestra que la pobreza afecta de manera distinta según sexo, edad, nivel educativo, discapacidad o territorio, entre otras. El riesgo de pobreza o exclusión alcanza a un 26% de las mujeres y a un 24,6% de los hombres; al 30,3% de los menores de 18 años; al 46,8% de las familias monoparentales; y entre norte y sur de la Península hay diferencias de hasta 26 puntos (37,7% en Andalucía y Extremadura frente al 11,7% de Navarra). Si la tasa Arope aumenta con respecto a 2008, también lo hacen todos sus componentes: un 4,5% más el riesgo de pobreza, 9,7 millones de personas el año pasado (aquellos cuya renta es inferior al 60% de la mediana de la renta del país por unidad de consumo, que en 2019 se situó en 9.009,2 euros para hogares de una sola persona y en 18.919,3 para los que constan de dos adultos y dos niños); un 63,6% la baja intensidad de empleo por hogar (personas menores de 60 años en edad de trabajar que solo consiguen hacerlo por debajo del 20% de sus posibilidades en el último año); y un 30,6% la privación material severa (quienes no pueden afrontar cuatro o más elementos de consumo de un total de nueve considerados básicos, como mantener la vivienda a una temperatura adecuada o tener un ordenador).

Rocío, por ejemplo, antes del estado de alarma no contaba con dispositivos electrónicos para que su hija siguiera las clases telemáticas, pero su colegio le dio una tableta. La economía familiar no se puede permitir gastos extras y a la sevillana no le salen las cuentas con la compra de mascarillas. “Reutilizamos e incluso lavamos las quirúrgicas, porque no podemos comprar más”, lamenta. Destina prácticamente todos sus ingresos al alquiler del piso. Paga 400 euros, así que solo le quedan 100 para subsistir. “Me las apaño como puedo con el resto de gastos”, apunta. La familia recibe el apoyo de una trabajadora social, una ayuda económica de Save The Children y una bolsa de alimentos mensual de la Hermandad del Rocío Sevilla Sur.

Las cifras del informe ponen en duda las mejoras reales en las condiciones de vida de las personas, al contrastar con el alza de la renta media registrada a partir de 2014. La recuperación macroeconómica, indica el estudio, no alcanzó a los ciudadanos. “En ningún momento se consiguió recuperar la capacidad de consumo real de que disponían las personas al inicio del período y, más importante, los estratos de población más pobres sufrieron con mayor intensidad la pérdida de renta real”, indica. La investigación concluye que la cuarta parte más pobre de la población perdió un 10,4% de renta real (tras haber calculado la subida de la inflación en estos años) y el resto perdió tres veces menos. Los datos muestran la incapacidad económica de un amplio porcentaje de población para afrontar una crisis de la envergadura de la covid.

Laura define como una locura su situación económica tras la pandemia. Prefiere no dar su nombre real. Tiene 32 años y es madre soltera de tres hijas, de ocho, nueve y 12 años. Vive con ellas, su madre y su abuelo, que se reparten en tres habitaciones de un estrecho piso del barrio de Tetuán, en Madrid. Trabajaba como dependienta en una tienda de ropa hasta que la empresa la despidió a finales de septiembre. “Ahora vivimos de la pensión mínima de mi abuelo, 400 euros, y de una ayuda económica de la misma cantidad que me otorga la Fundación Balia”, aclara. El resto es todo resistencia. Aplaza lo que puede el pago de recibos, abona los urgentes, y la ropa que usa la familia es heredada.

Aunque la propia EAPN-ES considera que aún no existen datos que permitan cuantificar el impacto del virus en la pobreza, cree que las cifras del informe deben considerarse un “mínimo muy por debajo de la realidad”. La experiencia de atención directa de la propia organización revela un “enorme aumento” de usuarios. Además, el ejemplo de la crisis económica de 2009 muestra “incrementos notables” en todos los indicadores de pobreza derivados de la contracción del PIB per cápita (un 9,3% a lo largo de cinco años) y recuerda que las estimaciones del Fondo Monetario Internacional solo para este año van más allá y apuntan a una caída del 12,8%.

Laura es auxiliar administrativa, profesión a la que no se puede dedicar. No la contratan porque no tiene experiencia, según cuenta. “Estoy echando currículums aquí y allí, como limpiadora, dependienta, monitora de comedor escolar. Lo que salga es bienvenido”. La empresa en la que trabajaba aplicó un ERTE en marzo, con el que cobraba 400 euros. Paga 530 euros de alquiler. No descarta solicitar el Ingreso Mínimo Vital, aunque tiene esperanzas en encontrar un trabajo.

“Ahora tanto en España como en Europa, las políticas son totalmente diferentes [a la anterior crisis económica], de corte expansivo, aunque luego habrá que pagarlas”, comenta Llano. Tanto la introducción de los ERTE, como la limitación de desahucios y de cortes de servicios básicos, o la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, entre otras, pueden contribuir a paliar los efectos de la covid, sobre todo en las personas más pobres, sostiene el documento.

Peores datos que la media de Europa

El riesgo de pobreza y exclusión en España es 4,3 puntos superior a la media de la Unión Europea (21,8%) y la séptima tasa más alta del club comunitario. Por arriba solo están Bulgaria, Rumanía, Grecia, Letonia, Lituania e Italia. Con los datos de 2018, que son los ofrecidos por Eurostat, el país es también el cuarto con peor evolución de la tasa desde el año 2008. “Muchos países cumplieron con sus compromisos y bajaron sus tasas de pobreza, sin embargo España no. Los objetivos sociales se dejaron de lado en detrimento del objetivo macroeconómico”, concluye Juan Carlos Llano.

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