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Los hosteleros se movilizan por toda España para reclamar 8.500 millones en ayudas directas

El sector vuelve a protestar y exige un plan de rescate para una industria muy golpeada por la pandemia

Protesta multitudinaria de hosteleros para reclamar ayudas al Gobierno, este jueves en Salamanca.
Protesta multitudinaria de hosteleros para reclamar ayudas al Gobierno, este jueves en Salamanca.JM GARCIA (EFE)

El sector hostelero se ha movilizado con fuerza este jueves en las principales ciudades de España y ha vuelto a solicitar ayudas directas a las Administraciones Públicas a todos lo niveles: estatal, autonómico y local. En concreto, reclama 8.500 millones de euros para que el tejido productivo de este negocio pueda sobrevivir a una situación límite tras los últimos cierres y restricciones impuestas para controlar los contagios de coronavirus. No son las medidas más fuertes que se han tomado hasta la fecha, pero sí la gota que ha colmado el vaso.

En Andalucía ha habido concentraciones en las ocho capitales de provincia, muy castigadas por el cierre de establecimientos a las seis de la tarde ordenado por el Gobierno regional, excepto en Granada donde el cerrojazo es total por la alta incidencia del virus. La Junta ha respondido a la marcha con el anuncio de un paquete de ayudas por 660 millones. “Estamos en la UCI, en una situación crítica. Los políticos no pueden pasarse la pelota unos a otros”, ha censurado el presidente de los hosteleros de Sevilla, Antonio Luque. En la capital andaluza se han movilizado unas 3.000 personas, según los manifestantes.

El paquete de ayudas de la Junta está dirigido a los empresarios y autónomos de la comunidad afectados por las restricciones. Del importe total, 215 millones serán en ayudas directas, 350 millones en avales y 94 millones en impuestos reducidos o condonados. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, anuncio el plan de rescate tras reunirse con los presidentes de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, y de las Cámaras de Andalucía, Javier Sánchez Rojas, en el marco de la denominada Alianza por Andalucía.

El objetivo de Moreno es llegar “al mayor número posible” de empresarios afectados por la crisis, para lo que ha reclamado la colaboración al Gobierno de Pedro Sánchez y a los Ayuntamientos. “No lo podemos hacer solos. El Gobierno de España debe tener un papel importante. Toda ayuda es poca”, ha pedido el presidente andaluz. De esta forma, la Junta de Andalucía se suma a las comunidades con ayudas algo más potentes y el sector espera que cunda el ejemplo y pronto haya más apoyos públicos.

Medidas vitales y urgentes

Las protestas se han repetido por todo el territorio. Y en Madrid se realizó la entrega de un escrito dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vicepresidenta para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. El documento, firmado por Hostelería de España, Hostelería Madrid, la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración y Marcas de Restauración, resume una serie de medidas que consideran vitales para el sector. El Gobierno, por su parte, prepara un plan especial de ayuda, como adelantó este miércoles EL PAÍS, y ha asegurado a las patronales que estudiará las peticiones.

Entre las reivindicaciones, algunas ya las ha asumido el Ejecutivo y se avanza en esa dirección para que se puedan aprobar próximamente. No hay fecha concreta, especialmente por las diferencias internas en el Gobierno de coalición: Industria y Trabajo quieren lanzar ayudas cuanto antes y Economía y Seguridad Social prefieren esperar a tener un panorama más claro de la situación. Entre las peticiones del sector está una moratoria automática, con ampliación de los periodos de carencia de la devolución de los principales de los créditos durante el estado de alarma o la declaración de pandemia, así como una modificación de la regulación de alquileres que permitan eliminar el total del pago de las rentas o una reducción proporcional. Demandas que, no en su totalidad, pero sí en parte, las ha recogido el grupo de trabajo interministerial.

“Se estudian alternativas para posibilitar que propietarios e inquilinos puedan renegociar sus contratos de alquiler en situaciones excepcionales como la provocada por la covid. Es un tema que está avanzado y que podría estar para un primer paquete de medidas de apoyo”, aseguran fuentes de la Administración conocedoras de las negociaciones. También están encaminadas otras medidas, por ejemplo bonificaciones y exenciones en las cuotas a la Seguridad Social, así como una ampliación de la carencia y del plazo de amortización de los créditos ICO.

El sector, además, reclama ayudas directas —a fondo perdido—, utilización de parte de los fondos europeos para el mantenimiento y supervivencia de las empresas hosteleras, la definición de un plan estratégico para la gastronomía en España y que se impulse un plan de formación específico. También solicitan que se derogue la cláusula de los ERTE que obliga a las empresas a mantener el empleo durante seis meses, ya que la bajada de la demanda imposibilita mantener la estructura previa al coronavirus, y medidas fiscales como una bajada del IVA para animar precisamente esa demanda deprimida.

“La extensión en el tiempo de la pandemia y el debilitamiento de las empresas hace que las medidas habilitadas, como los ERTE y préstamos ICO, ya no sean suficientes, y se cifre en 8.500 millones de euros el presupuesto necesario para generar ayudas directas al sector”, sostienen las patronales en su comunicado conjunto.

Los datos que arroja el sector tras meses de crisis son dramáticos: “Hasta el mes de octubre, se han cerrado 65.000 negocios hosteleros, se han perdido 350.000 puestos de trabajo y la facturación ya ha caído más del 50% respecto a 2019”, añaden en la nota. Y el horizonte está cargado de nubarrones. “Es necesario un plan estructural y valiente que revierta la tendencia a la que nos dirigimos”, argumenta José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España. Si no, asegura, para final de año habrán cerrado un tercio de los establecimientos, hasta 100.000, y la pérdida de entre 900.000 y 1,1 millones de puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

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