La Comunidad de Madrid paga 700.000 euros a Seur por impedir la competencia postal en un concurso

La Comunidad de Madrid se ha visto obligada a pagar 716.360,42 euros a Seur por impedir la libre competencia postal tras años de litigio en los tribunales. Esta cantidad, en concepto de indemnización, se abonó el pasado mes de julio por un caso que se remonta a 2011. La sentencia del Tribunal Supremo, en 2016, supone en la práctica un aviso del coste que puede tener la limitación de la competencia en los concursos públicos elaborados para que solo una empresa —en esta ocasión Correos— pueda cumplir las condiciones.

Los hechos que se juzgaron tuvieron lugar hace nueve años, cuando el Gobierno regional convocó un concurso para la prestación de un servicio de telegramas y de burofax para los centros oficiales. A ambos lotes se presentaron Correos y Seur. En 2012, la Comunidad publicó las puntuaciones previas a la adjudicación: en ellas, Seur obtuvo la mejor calificación en telegramas. Sin embargo, Correos reclamó al Gobierno regional que en dicho lote no quedaba claro el objeto del concurso al hablar de “telegramas” y de “envíos urgentes de mensajes” indistintamente. Correos defendía que si se trata de telegramas solo ellos pueden prestar el servicio según la legislación vigente.

La Comunidad de Madrid atendió la reclamación, archivó el concurso y convocó uno nuevo. En este, las especificaciones técnicas fueron más estrictas y solo Correos cumplía los requisitos para presentarse, por lo que se le adjudicó el servicio. Esto, según la versión de Seur, suponía realizar un concurso a la medida de una empresa para que se llevase el contrato, ya que en el concurso previo el objeto quedaba claro. Una opinión que, años después, ha sido compartida por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que han obligado a la Comunidad a indemnizar a Seur con más de 700.000 euros.

“Es un caso claro de prácticas restrictivas a la libre competencia, de ahí el pago de una indemnización tan alta. No es algo usual y puede servir de toque de atención para el resto de Administraciones. Creará una jurisprudencia importante”, argumentan fuentes conocedoras del litigio. Desde el sector privado de servicio postal confían en que así sea. “Existen más situaciones de este tipo en curso porque no se trata de algo aislado”, añaden fuentes empresariales.

Seur, tras perder dicho concurso al cambiar los requisitos, reclamó por vía judicial. En 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronunció por primera vez: la actuación de la Comunidad fue ilegal. Los motivos: el objeto del concurso estaba claro y no había duda sobre el concepto de envío urgente. Por tanto, no correspondía el cambio de las condiciones. La sentencia ordenó además retrotraer las actuaciones al momento en el que se excluyó a Seur. Es decir, que se le adjudicase el contrato.

No hay dudas sobre el objeto

La Comunidad de Madrid recurrió al Supremo esta sentencia. Y el alto tribunal, en 2016, reiteró los argumentos del tribunal regional. Esto es, dio la razón de nuevo a Seur e insistió en que no había duda sobre el objeto del concurso. Además, el Supremo detalló que con esta práctica que restringe la competencia postal se generó un perjuicio económico a las arcas públicas de casi 1,7 millones de euros. Esta es la diferencia entre la oferta presentada por Seur (7,1 millones) y la de Correos (8,8 millones) por prestar el mismo servicio durante 18 meses.

La Comunidad de Madrid entonces tenía un plazo de dos meses tras la notificación de la sentencia para cumplir lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esto es, reabrir el procedimiento de concurso y adjudicar el contrato a Seur al tener mejor puntuación. Sin embargo, no lo hizo porque el fallo llegaba un lustro después y ya era inaplicable.

En este contexto, el Tribunal Superior madrileño fijó en 2018 una indemnización (716.360,42 euros) ante la imposibilidad de cumplir su sentencia en los términos fijados. Se trata de un pago sustitutorio en compensación que tendría que realizar la Comunidad de Madrid a Seur. Aunque no iba a ser tan fácil: el Gobierno regional volvió a recurrir al Supremo. Así, en última instancia, el alto tribunal inadmitió el recurso en 2019 de manera definitiva y, finalmente, la región acabó pagando hace tres meses. Una victoria sufrida, pero que el sector postal espera que cree escuela.